La Paz, 22 de marzo (ANF).- El Comité Cívico pro Santa Cruz otorgó un plazo de 30 días al Gobierno para que solucione el conflicto por el pozo Incahuasi a raíz del lío por límites con el departamento de Chuquisaca.
“Dar un plazo al Gobierno central de 30 días para que dé solución a este conflicto que fue creado por una mala interpretación que nace del Gobierno nacional y que en el término de 30 días tengamos la solución definitiva y se tenga el descongelamiento de los recursos económicos”, dijo el presidente de la entidad cívica, Fernando Cuellar.
El dirigente sostuvo que la decisión de suspender el pago de regalías a Santa Cruz por el pozo gasífero Incahuasi afecta el desarrollo del departamento de Santa Cruz y es algo que no van a permitir, por lo que emplazó al Gobierno a resolver el lío.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió suspender el pago de regalías a Santa Cruz por el megacampo gasífero Incahuasi y dispuso que se realice un nuevo estudio técnico que determine si los reservorios de gas son o no compartidos, de acuerdo a la normativa vigente.
“Los límites entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz donde se encuentra anclado el pozo Incahuasi no tiene discusión, está totalmente definido, por estudios, historia y leyes”, advirtió Cuellar al señalar que no hay tema de discusión.
Añadió que no están dispuestos a renunciar a las regalías del 11%, porque es una conquista producto del sacrificio y la lucha de los cruceños. “Hoy hacemos también un llamado a todo el pueblo cruceño nacido y no nacido que se constituyan en los defensores en los abanderados de esta lucha que significa simple y llanamente en defensa del pueblo y el departamento”, afirmó.
Santa Cruz ha desatado una estrategia desde diferentes frentes, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña presentó un recurso de carácter administrativo ante el Ministerio de la Presidencia para anular la resolución 046 que dejó sin efecto el tema limítrofe entre Santa Cruz y Chuquisaca.
Esta Gobernación también interpuso una denuncia penal por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes contra el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada y el viceministro de Autonomías, Hugo Siles.
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