La Paz, 20 febrero (ANF).- El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) a través del investigador, Marco Antonio Gandarillas afirmó que llamar “racistas ambientales” a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los recursos naturales y los derechos humanos por décadas en el país, es desconocer el rol que estas cumplen en cualquier sociedad democrática, esto en relación a un artículo del Vicepresidente.
En respuesta al artículo “Alpacoma y el racismo ambiental”, escrito por el vicepresidente Álvaro García Linera, en el que la segunda autoridad del país encasilla a varias instituciones de larga trayectoria y prestigio como el Cedla, Cedib, Fundación Solón, Fundación Tierra, Inesad, Jubileo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y algunos periódicos como hipócritamente “sensibles” con el medioambiente, Gandarillas dijo que el escrito se basa en estigmatizaciones y no en evidencias.
“El Vicepresidente nos vuelve a señalar a nosotros y a otras instituciones como racistas ambientales; es importante entender cosas básicas del derecho internacional de derechos humanos para entender cómo ese tipo de acciones forman parte de un cúmulo de otras acciones de acoso y parten del desconocimiento del rol que cumple la sociedad civil en cualquier sociedad democrática, en particular quienes son defensores y defensoras de DDHH”, afirmó a ANF.
Según el responsable de Incidencia Política del Cedib, el Gobierno lleva años construyendo una teoría totalitaria, en la cual la sociedad debe asimilarse al Estado y seguir los mandatos del Gobierno, donde las organizaciones de sociedad civil deben estar alineadas a políticas estatales, tal como se hizo con la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas a las Organizaciones no Gubernamentales, fundaciones e instituciones sin fines de lucro.
“No es un artículo académico -no está escrito por un académico- no se basa en evidencias, sino en la estigmatización. En su proyecto totalitario se trata de estigmatizar la labor de la sociedad civil como si fuera de proselitista partidaria, nos ataca de ser militantes de una fuerza partidaria, ese es el argumento (…). Se refiere a instituciones con 40 a 50 años de existencia, con trayectoria intachable”, señaló.
Gandarillas dijo que en un Estado democrático se espera que la sociedad civil tenga una capacidad crítica de fiscalización a la gestión pública, sin embargo observó que en el país claramente el Estado abiertamente viola esos derechos desconociendo todo el marco del derecho internacional de derechos fundamentales y de relación deseable que debería existir entre sociedad civil y Estado en democracia.
El investigador recomendó al Vicepresidente leer más la producción nacional en materia medioambiental para escribir con conocimiento de causa. “Si señalaría el número de publicaciones que al Estado le interesa, tanto desconoce y más a las instituciones, si se daría el trabajo de leer la producción de todas las entidades de la sociedad civil y más de las defensoras, se daría cuenta que hay mucha preocupación por temas referidos con injusticia medioambiental”, sostuvo.
Sin embargo, Gandarillas advirtió que el reciente artículo publicado en el suplemente Animal Político de La Razón, es una arremetida más de un sistemático ataque que se ha ido dando en contra de las organizaciones de la sociedad civil, que a su criterio se puede agravar en año electoral.
“Y esa la preocupación que tenemos; claramente el Gobierno este año en el que se tiene que reelegir a perpetuidad tiene que llegar a generar un régimen no democrático, busca acallar las voces de las organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, sino también de la prensa independiente a través de actos intimidatorios”, aseveró.
El investigador consideró que el artículo publicado no fue casual y tuvo la intencionalidad de mostrar polarización ante la llegada de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) que sesionó en la ciudad de Sucre la semana pasada.
Las organizaciones de la sociedad civil –dijo Gandarillas- contribuyeron en la profundización de los derechos a través de propuestas concretas en la Constituyente sin embargo lamentó que el deterioro actual de ese espectro. “Ahora ya no estamos discutiendo ningún avance en materia de DDHH, sino que los que ya teníamos no se recorten, eso demuestra un gran retroceso”, dijo.
Según García Linera, el tratamiento de la catástrofe ambiental de Alpacoma, que ha estallado desde enero en los municipios de La Paz y Achocalla, no solo encaja perfectamente en la categoría de racismo ambiental, sino que la enriquece con nuevas variantes.
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