La Paz, 22 de diciembre (ANF).- Las demandas por un acceso soberano al mar, por el uso de las aguas del Silala y un polémico incidente fronterizo mantuvieron el 2017 a Bolivia y Chile en una tensa relación.
Dos días antes a la presentación de la réplica de la demanda marítima de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), nueve bolivianos fueron detenidos en la frontera con Chile. Lo que dañó más aún la relación entre ambos gobiernos.
Bolivia denunció a nivel internacional la detención “ilegal” de los dos militares y siete funcionarios aduaneros por los Carabineros chilenos. En respuesta a las denuncias de Bolivia, Chile vetó negándoles visa a cinco altas autoridades de Estado.
La captura se registró el 19 de marzo, cuando dos militares y siete trabajadores de la Aduana cruzaron la frontera en el momento en que ejecutaban un operativo supuestamente tratando de impedir que ingrese desde Chile mercadería de contrabando.
El 21 de junio, la jueza del Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, condenó a los nueve bolivianos por los delitos de “robo con intimidación y violencia” y “contrabando”. Además se sentenció a los militares por “porte ilegal de arma de fuego”. Luego se ordenó la expulsión de los condenados.
Frente a esa situación, Morales declaró a los nueve como “mártires” de la reivindicación marítima de Bolivia porque consideró que Chile dictó sentencia en venganza por la demanda presentada en La Haya.
Finalmente, tras 101 días de estar privados de libertad, los nueve retornaron a Bolivia donde fueron recibidos por sus familiares y autoridades del Gobierno.
Las autoridades bolivianas denunciaron en diferentes escenarios internacionales que la detención de los ciudadanos era un acto “abusivo” del Gobierno chileno.
El distanciamiento diplomático se amplió al más alto nivel después que el Gobierno de Chile decidiera eliminar las visas para las autoridades bolivianas. Los ministros de Justicia, Héctor Arce y de Defensa, Reymi Ferreira; los presidentes del Senado, José Alberto Gonzales y de Diputados, Gabriela Montaño fueron vetados para ingresar a Chile y apoyar en la defensa de los nueve detenidos.
Paradójicamente, el 7 de julio, dos carabineros de Chile también ingresaron a territorio boliviano cuando perseguían un vehículo sospechoso, pero las autoridades bolivianas, a diferencia del accionar de sus similares del vecino país, decidieron devolver a ambos funcionarios casi de inmediato.
Es así que el 9 de julio, los carabineros regresaron a su país sin que su caso sea judicializado. “Hay que mirar adelante. Nosotros no los estamos expulsando, serán siempre bienvenidos a nuestro territorio”, señaló el ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero.
Estos dos hechos generaron la reactivación del Comité de Fronteras de ambos países, que tras seis años de suspensión de actividades, se volvió a reunir el mes de julio en Santa Cruz de la Sierra para tratar temas específicos, entre ellos los incidentes fronterizos.
Demanda marítima: de los alegatos escritos a los orales
Bolivia demandó a Chile en abril de 2013 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para exigir la obligación de ese país a negociar una salida soberana al océano Pacífico, desde el derecho expectaticio generado por actos unilaterales de Chile referidos al acceso al mar.
Dentro de este largo proceso judicial, Bolivia presentó el 21 de marzo de 2017 su réplica ante la CIJ y el 15 de septiembre Chile entregó su dúplica. Éste último procedimiento puso fin a la etapa escrita en el juicio para dar paso a la fase oral.
Las autoridades bolivianas, como el presidente Evo Morales o el vicepresidente Álvaro García Linera, expresaron en más de una oportunidad su confianza en que el fallo de la Corte será favorable a Bolivia. Se espera una resolución para 2018 ó 2019.
“Aguardamos un fallo justo y favorable de la CIJ en La Haya”, destacó Morales, mientras García Linera sostuvo: “Tenemos una confianza de que el resultado de la demanda (…) va a ser favorable a Bolivia, (porque tenemos) solidez en nuestros argumentos”.
El Gobierno de Chile insiste que no hay nada que negociar con Bolivia porque se debe respetar el Tratado de 1904, que definió los límites fronterizos. No obstante la demanda no tiene base en este acuerdo.
El canciller Heraldo Muñoz ha manifestado que “durante el gobierno de Evo Morales la relación con Chile ha caído a sus momentos más bajos”, a tiempo de recalcar que en el proceso legal no está en juego la soberanía territorial de su país.
Silala: otras aguas en disputa
De manera paralela transcurre en el mismo tribunal internacional la demanda por las aguas del Silala, que fue interpuesta por Chile en contra de Bolivia el 6 de junio de 2016.
Lo que busca Chile es que la CIJ declare que el Silala es un río internacional. Pero, Bolivia siempre sostuvo que las aguas en disputa son parte de un manantial ubicado en el departamento de Potosí y no un río.
En ese marco, el 3 de julio de este año, Chile presentó ante la Corte su memoria de la demanda y Bolivia entregará la contramemoria el 2018.
“Disponemos de evidencia geológica e hidrológica para afirmar que el Silala es un río internacional”, dijo la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, al justificar el presunto derecho que Chile tendría a usar las aguas.
“Bolivia no puede pretender apropiarse de aguas que son compartidas”, agregó Bachelet. En cambio, el presidente Morales calificó de “artificial” la demanda chilena.
“Chile desvía las aguas del Silala y dice que Bolivia pretende apropiarse. Su demanda es artificial, como los ductos que desvían el agua”, remarcó el Jefe de Estado.
Entre tanto, la controversia por las demandas internacionales continúa y se estima que al menos el fallo del caso marítimo será recibido por el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, quien en reiteradas ocasiones remarcó que jamás ninguna autoridad va a entregar la soberanía y el territorio de su país.
Morales felicitó a Piñera por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones del 17 de diciembre e incluso expresó que confía en que “prevalecerá el reencuentro entre Chile y Bolivia”.
/ELCA/NVG
