Bazán y Rek, legisladores de Creemos. Foto: Creemos
La Paz, 10 de agosto de 2022 (ANF) .- El diputado de Creemos Erwin Bazán denunció que existe una persecución judicial contra las cuatro personas que fueron aprehendidas en los dos días de paro en el departamento Santa Cruz exigiendo que el censo se realice el 2023, en una acción de judicializar y criminalizar la protesta cívica.
El parlamentario pidió al pueblo cruceño estar atentos ante esta injusticia porque no existen pruebas que los inculpen y la Fiscalía no dio una explicación del por qué se los detuvo.
“En las próximas 24 horas el gobierno del Movimiento al Socialismo intentará consumar la persecución judicial contra el paro y contra los ciudadanos que acataron la medida, en este momento tenemos cuatro aprehendidos del Plan 3000, ciudadanos que fueron aprehendidos en condiciones realmente arbitrarias e inconstitucionales solo visto en épocas de dictadura, allanaron sus domicilios sin orden judicial y utilizando armas de fuego”, denunció.
Durante el paro de 72 horas en el departamento de Santa Cruz la Policía arrestó a 56 personas, entre ellas se encontraban los cuatro ciudadanos que producto de los enfrentamientos en la zona del Plan 3000 fueron llevados a celdas de la policía, informó el comandante departamental de la Policía, Omar Chávez.
Por la cantidad de arrestados hubo varias críticas contra la Policía porque los uniformados actuaron contra quienes apoyaron el paro, pero no contra los "grupos de choque" del Movimiento al Socialismo (MAS) que salieron a desbloquear también de forma violenta. Incluso el propio ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, fue a los puntos de bloqueo con maquinaria para desbloquear a pesar que la protesta está reconocida en la Constitución.
En este marco, el diputado pidió al pueblo cruceño no desmovilizarse y estar unidos porque el MAS buscará judicializar y criminalizar el paro de Santa Cruz enviando a la cárcel de Palmasola a los detenidos y así marcar un precedente ante la población para que exista temor y nadie salga a protestar.
Por su parte, la senadora Centa Rek pidió a la Policía dejar de lado su sometimiento al poder político. “Las personas tienen todo el derecho de protestar de expresar su disidencia sobre políticas injustas y no tienen que ser apresadas por hacer una manifestación y levantar sus voces (…) La justicia tiene que funcionar no puede continuar sometida al poder político y los fiscales tienen que reaccionar no puede ser que estemos en manos de personas que están despreciando las instituciones que son del pueblo”, sentenció.
Pero no es el único caso en el cual la Policía mostró claramente su parcialidad. En los últimos meses se registró una serie de movilizaciones como la marcha del Colegio Médico de Bolivia donde tres jóvenes fueron enviados a la cárcel de San Pedro imputados, en este caso los efectivos resguardaron la contramarcha del MAS que provocó a los movilizados amenazando con dinamitas y la policía no arrestó a nadie.
Otro caso fue el bloqueo iniciado por campesinos de la Chiquitanía que pedían el saneamiento de tierras, este conflicto duró más de cinco días la Policía tampoco hizo nada al contrario se registraron videos donde un uniformado coordinó con los movilizados los días de bloqueo. Los lugareños tuvieron que salir y desbloquear la vía.
Los cocaleros de Adepcoca llevan siete días movilizándose y pidiendo el cierre del mercado ilegal dirigido por Arnold Alanes afín al MAS, la Policía no sólo resguarda los predios de ese mercado sino también se enfrentó con los productores cocaleros con gases lacrimógenos. En este caso se registraron más de 24 personas arrestadas solo del lado de la Adepcoca orgánica.
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