La Paz, 14 de julio de 2022 (ANF).- La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Flora Aguilar, recordó al presidente del Estado, Luis Arce, que existe un compromiso para tener un gabinete de ministros paritario bajo el principio de despatriarcalización; por eso, la dirigente pidió a sus afiliadas comenzar a capacitarse para ocupar cargos dentro del Órgano Ejecutivo.
“Queremos ver 50 por ciento (de mujeres) en el gabinete ministerial, ese es un avance que debe hacerse, ahí está el compromiso de despatriarcalización. Nuestro hermano Presidente, Luis Arce, tiene que cumplir hasta completar su gestión, será paulatinamente”, aseguró la ejecutiva campesina en un evento de capacitación política.
El actual gabinete ministerial está conformado por 14 ministros y tres ministras. Los ministerios a la cabeza de mujeres son: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Culturas.
El único momento que el Gobierno tuvo una representación ministerial paritaria fue cuando Evo Morales en 2010 posesionó al primer gabinete de su segundo mandato con diez ministras mujeres y diez varones, aunque la cuota indígena nunca alcanzó una representación real en el consejo de ministros.
Flora Aguilar adelantó que su sector está preparando un anteproyecto de ley para que en las próximas elecciones subnacionales se cumpla la representación paritaria en las autoridades ejecutivas; es decir, gobernadoras y alcaldesas.
“Estamos en ese proceso de elaboración de una propuesta de anteproyecto de ley para que haya la participación de mujeres al 50 por ciento a nivel nacional en los gobiernos autónomos municipales, porque la mujer es más responsable”, dijo la dirigente.
Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres denunciaron que existe una violencia política contra las mujeres que son electas como autoridades. El Tribunal Supremo Electoral tiene en sus registros 262 casos, entre renuncias personales, renuncias y denuncias por Acoso y Violencia Política desde la gestión 2015 al 2019 a nivel nacional, según un documento de la Defensoría del Pueblo.
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