La Paz, 20 de junio (ANF).- El diputado de oposición Amílcar Barral presentó el proyecto de ley de “atención médica gratuita a todos los enfermos de cáncer en el Estado Plurinacional de Bolivia” en el que plantea una subvención desde las esferas del gobierno central, departamental, municipal y el aporte ciudadano de un boliviano en las facturas de servicios básicos.
“Es un proyecto de más de 25 páginas donde se fundamenta desde la prevención del tema de cáncer. El financiamiento no es difícil, 50% del TGN (Tesoro General de la Nación), 15% de las Gobernaciones, 15% de los Municipios y el 20% lo pagaríamos todos los bolivianos con un peso en consumo de luz y de gas (servicios básicos), una familia entera por pagar 24 bolivianos al año tendría el seguro de salud para el cáncer”, explicó el asambleísta.
El proyecto de ley trabajado por Barral obtuvo amplio respaldo por parte de diputados de oficialismo y de oposición. El mismo incluye legislación comparativa de otros países que han logrado a través de estrategias diversas subvencionar los costos de la atención para pacientes con cáncer.
“Ha sido una iniciativa personal, pero se sumaron diputados, ninguno dudó en firmar el proyecto de ley (…) porque para el cáncer no hay colores políticos. Son 18 personas que por día mueren de cáncer en el país”, lamentó Barral.
El proyecto de atención gratuita para pacientes con cáncer también promoverá que se construya un hospital de cuarto nivel en Cochabamba (Instituto Nacional de Oncología), donde se dará atención exclusiva para esta población.
El objetivo es la atención médica, prevención y detección precoz del cáncer, contención, atención psicológica del paciente oncológico y su grupo familiar, de manera gratuita y a todos los enfermos de cáncer en Bolivia, que no cuente con un seguro prepago.
Dicho proyecto se basa en derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) donde se hace mención al derecho a la vida y a la salud.
Pero además hace mención a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Protocolo de San Salvador, al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que se reconoce la salud como un derecho inalienable e inherente a todo ser humano.
“Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la atención adecuada”, sostiene. También busca que se declare de interés nacional, en la política sanitaria, la lucha contra el cáncer.
Disminuir la incidencia, morbilidad, mortalidad y mejorar la calidad de vida, mediante diversas acciones, entre ellas está la formación y capacitación de profesionales, la promoción de estudios e investigaciones en la materia, convenios gubernamentales y de índole privado.
Pero principalmente hace mención a la necesidad de dotar de infraestructura, equipamiento, laboratorios, para la atención de la población con cáncer del país.
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