La Paz, 8 de agosto de 2022 (ANF).- Los senadores y diputados de la bancada de Creemos rechazaron la violencia generada desde el Estado en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, en dos conflictos que podrían resolverse mediante el diálogo y la concertación; sin embargo, el gobierno persiste en una línea de confrontación entre bolivianos para imponer su autoritarismo.
Mediante un comunicado los legisladores dijeron: “Rechazamos que el Gobierno del presidente Luis Arce promueva y proteja ilegalmente un mercado paralelo de la hoja de coca, generando el rechazo y protestas de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que hace pocos meses tuvieron que defender sus instalaciones de una toma por la fuerza por parte de grupos afines al gobierno, que, además, cuentan con la protección de la Policía”.
Asimismo, lamentaron que producto del conflicto una persona haya resultado gravemente herida por la explosión de un “cachorro de dinamita”; además, cientos de familias que viven en la zona del conflicto se sienten afectadas por los enfrentamientos entre cocaleros y policías; decenas de negocios, mercados, centros educativos, y otros, tiene que paralizar sus actividades, situación que pone en zozobra a toda la ciudad de La Paz.
Denunciaron que los conflictos son generados por el propio gobierno de Luis Arce, a quien le atribuyen ser el principal promotor y transgresor de la ley, olvidando su rol principal que es de respetar y cumplir la Constitución y las leyes.
Advirtieron que es responsabilidad del Órgano Ejecutivo la contención y prevención de cualquier hecho de violencia que pueda causar lesiones o víctimas fatales en cualquier conflicto de carácter social en el país y, “para el caso de Santa Cruz, garantizar el derecho a la protesta, más aún si esa protesta es generada por la incapacidad y autoritarismo del mismo Ejecutivo, que se ha convertido en un transgresor de leyes, vulnerando así derechos humanos fundamentales de los bolivianos”, dice el pronunciamiento.
Anticiparon que asumirán las acciones legales respectivas, tanto a nivel nacional como internacional, “para que los ejecutores de la represión y criminalización de las protestas sociales en Bolivia sean sancionados. Atacar a la población civil con fines políticos a través de grupos de choque o fuerzas del orden es un atentado de lesa humanidad”.
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