La Paz, 18 de septiembre (ANF).- La presidenta Jeanine Áñez dispuso la destitución del Procurador General del Estado, José María Cabrera, luego que esta autoridad denunció que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, está detrás del caso de la privatización de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y otras irregularidades dentro del proceso gases lacrimógenos.
Cabrera dio lectura al documento de designación de la nueva autoridad: “Decreto Presidencial 4345, considerando, decreta, articulo único designar a Alberto Morales Vargas como Procurador General del Estado, quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor, previo cumplimiento de lo establecido por ley".
Detalló que aún no se ha efectuado la posesión de Morales Vargas como nuevo Procurador; una vez se efectué ese acto, entonces procederá a realizar la transición y coordinación para que los trámites en esa instancia no queden desatendidos. Además, hizo conocer a la nueva autoridad los motivos de su remoción.
“La causa para que la Presidenta Constitucional hubiese procedido a la remoción del suscrito Procurador General del Estado, ha sido la exigencia y la reclamación del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que enfurecido por los cuestionamientos, que en el ejercicio de nuestras obligaciones constitucionales hemos efectuado del caso de privatización de Ende y del caso de gases lacrimógenos”, denunció Cabrera.
Para el Procurador saliente está claro que Murillo pidió su remoción por dos razones: el caso de la privatización de Ende y el incumpliento de entrega de informes del caso gases lacrimógenos.
Explicó que Ende es una empresa estatal de todos los bolivianos, pero con un proyecto de Decreto Supremo impulsado por el Ministerio de Gobierno, instancia que no es del área de energía, se busca revertir la estatal a manos privadas, lo que jurídicamente se denomina privatización.
Cabrera dijo que se pretende pasar las acciones de la estatal a manos de privados, pese a varias observaciones que se hizo a ese procedimiento. Recordó que Murillo anunció, en el aniversario de Cochabamba, que se estaría dando lugar a esta medida.
Sin embargo, Cabrera hizo notar que ningún ministro de Estado se animó a firmar el Decreto Supremo impulsado por Murillo porque “privatiza Ende”.
La autoridad saliente también informó que desde el 24 de junio de este año se investiga el proceso de compra de equipos y material no letal contra disturbios, conocido como caso gases lacrimógenos, y desde ese mes hasta la fecha, Murillo “no ha dado respuesta al requerimiento de la Procuraduría para remitir la documentación del caso”.
Dijo que por mandato constitucional ninguna autoridad de Estado puede denegar cooperación solicitada por la Procuraduría, en ese sentido, el Ministro de Gobierno estaría incumpliendo ese deber y sería pasible a un proceso por incumplimiento de deberes e impedir el ejercicio de funciones públicas.
Asimismo, Cabrera refirió que el ministro de Defensa, Luis Fernando López, si cumplió a las peticiones de la Procuraduría y envió informes en los plazos establecidos.
Hace unos días, la Contraloría General del Estado también informó que López cumplió con el envío de informes del caso gases lacrimógenos, no así Murillo.
La presidenta del Senado, Eva Copa, lamentó la actitud revanchista de Murillo que pidió la destitución del Procurador y le recordó que todo funcionario debe rendir cuentas.
“Esto no es responsable, no es ético por parte de una autoridad, porque creo que nosotros estamos para rendir cuentas al pueblo boliviano de una forma transparente”, manifestó Copa.
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