La Paz, 29 de mayo (ANF).- El Gobierno de Bolivia debe respetar la independencia judicial y abstenerse de hostigar y amenazar a opositores políticos, a través de disposiciones legales, procesos penales, declaraciones públicas o detenciones, señala un comunicado de la organización Amnistía Internacional.
La Fiscalía General del Estado debe realizar una investigación sobre la detención del juez Hugo Huacani y llevar a las personas sospechosas de responsabilidad penal ante la justicia, agrega Amnistía.
El 22 de mayo en La Paz, el juez Hugo Huacani fue detenido por la Policía poco antes de iniciar una audiencia del proceso que enfrentan el recientemente destituido exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otras personas funcionarias del actual gobierno, acusadas de la presunta compra con sobreprecio de respiradores en el contexto de la pandemia de Covod-19.
El 23 de mayo, el juez fue liberado tras una resolución judicial que, de acuerdo con información pública, habría declarado su detención como ilegal. Ese mismo día, la Fiscalía Departamental de La Paz informó que no había participado en la detención del juez ni emitido una orden de aprehensión en su contra.
El 24 de mayo, el ministerio de Gobierno admitió en un comunicado haber ordenado su detención por estar en desacuerdo con la decisión del juez de cesar la prisión preventiva de otra persona, procesada en un caso de terrorismo que se sigue contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, del partido ahora de oposición Movimiento Al Socialismo (MAS).
Amnistía Internacional considera que la detención del juez Huacani fue arbitraria por estar fundada en el mero desacuerdo de autoridades gubernamentales con una decisión judicial. Además, dicha detención y la acusación hecha por el ministerio de Gobierno podrían afectar la independencia del proceso judicial que permitiría esclarecer las responsabilidades penales por el presunto uso indebido de recursos destinados a garantizar la vida y la salud de pacientes en necesidad de cuidados intensivos en el contexto de la pandemia de Covid-19.
En ese contexto, también el 23 de mayo el ministro del Gobierno declaró, en relación con el caso de la ratificación de ascensos para personal de las Fuerzas Armadas por la Asamblea Legislativa.
“La Asamblea Legislativa está cometiendo un grave delito (…) Está tratando de perjudicar a los militares y los militares están molestos (…) Pero lo que sí deben saber los de la Asamblea, que son pasibles a un juicio por incumplimiento de deberes. Tiene cárcel. Cuidado. Y los diputados y senadores no tienen inmunidad diplomática. Cuidado que mañana estén en la cárcel y digan que es persecución política”, apuntó.
Por otra parte, agrega Amnistía, debe destacarse que las Fuerzas Armadas han sido un actor clave en la represión de la protesta social en noviembre de 2019, en donde las autoridades respondieron de manera violenta ante las críticas, las protestas, el escrutinio de los medios de comunicación e, incluso, ante los incidentes de violencia cometidos por terceros.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al menos 35 personas perdieron la vida y más de 500 resultaron heridas por la actuación violenta de las fuerzas armadas y policiales contra manifestantes y esos hechos continúan en la impunidad.
Estos hechos de “hostigamiento y amenaza a opositores políticos o a personas percibidas como tales”, se suman a otros que Amnistía Internacional ha denunciado con preocupación, como “amenazas públicas emitidas por autoridades del Gobierno actual contra líderes políticos acusados de ‘desinformar’ y contra periodistas acusados de ‘sedición’, la detención de ‘67 actores políticos’ acusados de participar en ‘movimientos de desestabilización y de desinformación’ y de hacer ‘guerra virtual’ contra el gobierno, y la publicación del Decreto Supremo 4200, violatorio del derecho a la libertad de expresión por establecer que serán procesados por delitos contra la salud pública quienes ‘desinformen o generen incertidumbre a la población’”.
En respuesta a estas preocupaciones, el 26 de mayo de 2020, Amnistía Internacional recibió una carta pública del Gobierno boliviano, firmada por el embajador Manuel Suárez Ávila, viceministro de Relaciones Exteriores. En dicha carta, el viceministro acusa a Amnistía Internacional de “tendenciosa” y de desconocer la coyuntura y la normativa boliviana y asegura que las garantías del debido proceso fueron respetadas para las 67 personas detenidas y procesadas por “delitos contra la salud pública”.
Sin embargo, agrega Amnistía, el viceministro no proveyó el resto de la información solicitada por la organización, es decir, una respuesta a si los procesos penales contra estas personas estuvieron motivados por el artículo 13.II del Decreto Supremo 4.200, los hechos atribuidos a ellas y las circunstancias de sus detenciones, incluyendo información básica como fecha, hora y lugar en que ocurrieron, además de la autoridad que las realizó.
Amnistía Internacional considera que “el ambiente de hostigamiento y amenaza a personas opositoras políticas o percibidas como tales es preocupante”. Además, “tal hostigamiento podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de la salud”.
“Esto puede ser percibido por otros actores con poder como un peligroso mensaje de tolerancia hacia actos que amenacen o censuren opiniones contrarias y como una carta blanca para la impunidad”, dice.
Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a las autoridades del Gobierno a respetar la independencia judicial y abstenerse de hostigar a opositores políticos o a personas percibidas como tales, ya sea a través de disposiciones legales, procesos penales, declaraciones públicas o detenciones.
Finalmente, pide a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación pronta, imparcial e independiente sobre la detención del juez Huacani y llevar a las personas sospechosas de responsabilidad penal ante la justicia.
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