Trabajadores del CEDIB protestaron contra el nuevo ataque gestado desde el Gobierno. Foto: CEDIB
La Paz, 8 de diciembre (ANF).- Tras la sorpresiva congelación de cuentas bancarias del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Amnistía Internacional lanzó la acción urgente en favor de esta institución amenazada, a fin de garantizar su labor de investigación y defensa de los derechos humanos y recursos naturales.
Amnistía Internacional da cuenta que nuevamente recibió información del CEDIB sobre nuevas amenazas a su trabajo, esta vez a través de medidas que generan inseguridad financiera del personal de la institución a causa de la congelación de sus cuentas bancarias. “Esta es la última de una serie de intentos para obstruir el trabajo legítimo del CEDIB y una señal preocupante de la reducción del espacio cívico en el país”, señala el documento.
A través de la acción urgente, Amnistía Internacional pide a la sociedad civil escribir al Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, para que proteja la integridad del personal y los activos financieros de CEDIB y se asegure de que las organizaciones de la sociedad civil disfruten de un entorno seguro y propicio para desarrollar sus actividades.
También Amnistía Internacional insta a escribirle al viceministro de Autonomías, Hugo Siles, para que reconozca públicamente el trabajo legítimo en derechos humanos del CEDIB y asegure que el Rector de la UMSS se abstenga de cualquier acción que ponga en riesgo al personal y al trabajo del CEDIB.
Amnistía Internacional también insta a que se escriba al presidente del Consejo de la Magistratura para que investigue de manera inmediata y exhaustiva los reclamos de irregularidades y violaciones del derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo judicial contra el CEDIB.
Acciones contra el CEDIB
La congelación de cuentas del CEDIB habría respondido a una orden judicial motivada por un procedimiento administrativo promovido el 3 de noviembre por el rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Juan Ríos, en lo que parece ser un intento continuo por obstruir el trabajo de la organización, advierte Amnistía Internacional.
Juan Ríos ha sido identificado como operador político del MAS en Cochabamba y cercano al vicepresidente Álvaro García Linera, quien descalificó en varias ocasiones el trabajo no solo del CEDIB sino también de otras ONG y fundaciones críticas a las políticas gubernamentales.
Según el CEDIB, el Tribunal de Justicia decidió registrar preventivamente los bienes del CEDIB y congelar sus cuentas bancarias, sin notificación previa, situación constatada el 28 noviembre, cuando la Organización No Gubernamental (ONG) se vio impedida de movilizar sus recursos destinados al pago de salarios de su personal, lo que atenta el derecho a la seguridad financiera de sus empleados y sus familias.
En un mitín de protesta, los trabajadores del CEDIB, la mayoría mujeres jefas de hogar, reivindicaron sus labores. "Investigar, archivar y documentar no es delito”, aseguraron las y los profesionales.
"A estas alturas, la noticia del nuevo ataque judicial les parecerá cansador. Créannos que nosotros tenemos el mismo sentimiento. Es tan desgastante tener que dejar nuestras labores diarias, de documentación y de investigación, o de apoyo a diversas organizaciones para defendernos, buscar apoyo y solidaridad. Más aún, cuando no hemos cometido ningún delito ni incumplido ninguna norma", según la lectura del pronunciamiento.
Ratificaron que aunque no siempre lo denunciaron, desde hace algunos años, el CEDIB hace frente a constantes visitas de todas las entidades gubernamentales imaginables: Impuestos Nacionales, Ministerio de Trabajo, Fondos de Pensiones, Fondo de Vivienda e incluso seguridad industrial, demostrando en todos los casos el cumplimiento de la norma.
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