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Nacional Política

ALP aprueba informe sobre capitalización y recomienda enviar el documento a la Fiscalía

El informe de la investigación legislativa, aprobado después de tres días de sesión de asambleístas, consta de 2.748 páginas.
17 de Enero, 2019
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El momento de la aprobación del informe. Foto: @SenadoBolivia.
El momento de la aprobación del informe. Foto: @SenadoBolivia.
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La Paz, 17 de enero (ANF).- La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este jueves el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización del periodo 1985-2005 y sugirió que se remita el documento al Ministerio Público y otras tres instituciones para su consideración.

“Se ha presentado un documento importante y completo que se ha elaborado para que todos los bolivianos tengamos conocimiento de la real dimensión de lo que significó la enajenación de nuestras empresas (…) y además hay recomendaciones, (una de ellas) es que debemos pasar el informe a la Fiscalía, a la Contraloría General del Estado, a la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia”, dijo el senador Rubén Medinaceli, presidente de la Comisión.

También –según el senador– se encargó a la Comisión preparar “proyectos de proposición acusatoria” en base a los análisis jurídicos de cada uno de los casos estudiados en el proceso investigativo. 

“Cuando hablamos de proposición acusatoria estamos hablando de tipificar las irregularidades, ya sea desde el punto de vista penal o civil, pero identificando a los responsables, ese es un trabajo pendiente que la Comisión empezará a trabajar”, sostuvo.

Asimismo, se pidió a los gobiernos departamentales y municipales realizar investigaciones económicas para conocer a dónde fue a parar su patrimonio en base a una lista de empresas que pertenecieron a su administración.

Por otro lado, se encargó a las cámaras de Senadores y Diputados que socialicen este informe, de tal manera que todos los bolivianos lleguen a conocer, en su real dimensión, sobre “lo que fue este proceso enajenador”.

Pues “es importante conocer lo que pasó en el periodo 1985-2005 porque los gestores de ese proceso están vigentes, están al acecho y lo que nos toca es alertar a los bolivianos de lo que pasó en esa época”, manifestó.

Aunque el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), cuyo gobierno está involucrado en el proceso investigado, defendió la capitalización porque considera que sin esa medida no se habrían descubierto los megacampos de gas ni se habrían construido ductos para su exportación.

El diputado del MNR, Miguel Ojopi, indicó que el auge económico que vive el país, que ahora es administrado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), se debe al proceso de capitalización de empresas.

Dijo que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no tenía las condiciones económicas para la prospección y menos para la explotación de hidrocarburos. Entonces “teníamos que buscar los mecanismos porque los organismos internacionales exigían a los gobiernos privatizar y entonces el MNR decidió capitalizar, tener socios y tener un riesgo compartido”, señaló.

El informe de la investigación legislativa, aprobado después de tres días de sesión de asambleístas, consta de 2.748 páginas y es fruto de casi seis años de trabajo, según una nota de prensa de la Cámara de Diputados.

En la investigación se identificó redes de poder conformadas en torno a los procesos de enajenación de las empresas.

Según la diputada oficialista, Romina Pérez, que también es miembro de la Comisión, 55 personas entrelazaron redes políticas, empresariales y familiares para favorecerse del Estado.

Además se estableció que el total del perjuicio económico ocasionado al Estado por la enajenación (cierre, privatización y capitalización) de empresas públicas y recursos naturales fue $us 22.051,70 millones actuales.

/ANF/


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