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Nacional Política

Alarcón llama encubridor a Lanchipa por excluir a Evo del caso fraude y monopolizar investigación

Alarcón explicó que en un proceso penal se deben aplicar los tratados de cooperación internacional y el país que es requerido para la asistencia debe hacer intervenir al equivalente del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia.
2 de Agosto, 2021
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Diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón. Foto: Página Siete
La Paz, 2 de agosto (ANF).- El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, calificó de encubridor al Fiscal General, Juan Lanchipa, por no incluir en el caso Fraude Electoral 2019 al expresidente Evo Morales, quien sería el principal beneficiario del ilícito, además por monopolizar la investigación al dividir en dos el proceso. 

Tras conocerse la intención del Fiscal General, Juan Lanchipa, de cerrar el caso Fraude, con base en las conclusiones de un informe particular de auditoría al sistema informático electoral de 2019, Alarcón informó que la Fiscalía General intencionalmente dividió en dos el proceso investigativo para tener control total de uno de ellos.

“El caso Fraude 1 lo inició de oficio el Fiscal General y solamente incluyó a los vocales para encubrir la actuación del expresidente Evo Morales, ese ha sido el problema, nos hizo creer que estaba actuando inmediatamente, diligentemente, arrestando y poniendo en prisión preventiva a los vocales. Todo eso lo hizo para dejarlo fuera del proceso al expresidente Morales”, dijo Alarcón a ANF.

Agregó que el fraude no fue para beneficiar a los vocales electorales de aquél año, sino a Morales, “este fiscal, actúo como un encubridor no como un verdadero fiscal”. 

Informó que el Ministerio Público “arbitrariamente” decidió tramitar dos procesos separados por los mismos hechos, donde Carlos Mesa fue denunciante del caso 2, el mismo que fue cerrado a decisión de la Fiscalía y la jueza Claudia Castro, en diciembre de 2020. “Cerraron el caso diciendo que los vocales electorales tenían que primero pronunciarse sobre si hubo o no fraude”.

Explicó que, de esta forma, el caso 1 quedó sin denunciantes con lo que se tenía control total de la investigación y se realizó de forma “ilegal” la contratación privada del grupo de Salamanca de España, “como si fuera entre privados, y lo quiere hacer pasar como si se trataría de una verdadera pericia con la intervención del órgano competente de España”.

“Han cerrado el marco de actuación para monopolizar ellos toda la intervención procesal en ese caso. De manera totalmente asombrosa y extraordinaria como si se trataría de un tema privado, en realidad es un informe privado el de Salamanca, contrata directamente a personas particulares y trata de incorporar eso al proceso como si se trataría de una verdadera pericia, de ninguna manera puede considerarse como tal, es gravísima esta irregularidad”, dijo. 

Alarcón explicó que en un proceso penal se deben aplicar los tratados de cooperación internacional y el país que es requerido para la asistencia debe hacer intervenir al equivalente del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia.

“Si se trataría de España, en base a ese pedido de cooperación penal internacional, primero debería haber intervenido el estado español autorizando a través de la autoridad competente la viabilidad de ese pedido, segundo debería haber dado parte a su órgano oficial, el instituto forense oficial, que se encarga de proveer los peritos y sobre esa base se hubiera colaborado con la Fiscalía de Bolivia, pero nada de eso ha ocurrido”, indicó. 

Agregó que CC prepara una acción de impugnación de desistimiento por denegación de justicia de la ciudadanía con el objetivo de que, sobre la base de la prueba del informe de auditoría oficial de la OEA (Organización de Estados Americanos), “se determine las responsabilidades penales que corresponden al expresidente y su cúpula de gobierno”.

/ANF/

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    Caso fraude electoral