La Paz, 8 de noviembre (ANF).- A un año del gobierno del presidente Luis Arce, la evaluación de su gestión sobre la transparencia y lucha contra la corrupción resulta negativa, de acuerdo a dos políticos y un analista que advierten el uso abusivo de la mayoría legislativa y de recursos públicos solo con el propósito de mantener una narrativa para favorecer al partido de Gobierno. A esto se suman actos flagrantes de sobornos, extorsión y redes de corrupción en venta de cargos y alimentos, en el ministerio de Desarrollo y Economía Rural, Ministerio de Educación y Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), respectivamente.
Según el criterio de los entrevistados, la corrupción va más allá del uso de fondos púbicos en beneficio de privados y con afectación al Estado. El abuso de poder en el plano legislativo con aprobación de leyes que favorecen a la bancada oficialista, el uso de la justicia como instrumento de persecución política, la incapacidad para realizar reformar estructurales y atribuirse funciones que no son de su competencia, entre otros, son calificados como actos de corrupción.
La Real Academia Española define la corrupción como la acción y efecto de corromper o corromperse; alteración o vicio de un libro o escrito; vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. En las organizaciones, especialmente en las públicas, agrega, es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.
El analista político Paul Coca dijo que pese a existir por mandato de la Ley 974, Unidades de Transparencia de Lucha contra la Corrupción, bajo tuición del Ministerio de Justicia, como cabeza de sector, “en este momento nos encontramos con que no se han realizado medidas o políticas”, y que, por el contrario, se han registrado hechos de corrupción de la mano del ministro Iván Lima.
Identificó como uno de los actos de corrupción que en entidades del nivel central del Estado se realicen acciones que son “absolutamente ajenas a sus funciones y a sus competencias, llámese la Procuraduría, al querer emular o ser un nuevo tribunal electoral, revisando actas, algo que absolutamente no tiene un asidero político legal, y no se ha visto ni siquiera una petición o una acción del ministro de Justicia Iván Lima”.
Indicó que hay varios matices en el tema de la corrupción como la corrupción judicial, sin la anunciada reforma hasta el momento, y lo que más bien hay es una “pasividad en la lucha contra la corrupción porque se está privilegiando absolutamente lo político por encima de lo que dice la ley”.
En una anterior declaración, el expresidente Carlos Mesa, señaló que la justicia “se ha convertido en un instrumento que no sirve para administrar adecuadamente los derechos de la población y que existe una justicia para pobres, otra para gente promedio, otra para gente rica y una justicia para políticos”.
Sectores de oposición advirtieron la intención del Gobierno de mantener un Órgano Judicial sometido y cooptado a su favor, para instrumentalizar la justicia en contra de sus “enemigos” y de la mano de funcionarios corruptos.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, dijo al respecto que la definición más básica de corrupción que se conoce es el uso de recursos públicos para beneficio privado, pero esta definición también se relaciona cuando se engaña y se comete fraude.
La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz define corrupción como el “requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado”.
Según Roca, lo primero que hizo de forma tramposa el MAS, mediante sus legisladores, calificada, según él, como la “mayor corrupción posible”, fue rebajar el requisito de dos tercios a mayoría simple para la aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, “eso equivale a robarnos entre el 10 a 12 por ciento de votos, hoy están gobernando (Luis Arce y su comitiva) como si hubieran sacado el 10 o 12 por ciento más de lo que podían sacar, esa es la primera gran trampa a los bolivianos”.
El segundo acto de corrupción, agregó, fue sacar el Decreto Presidencial de Amnistía “para todos los vándalos y delincuentes que estaban siendo procesados, no dejando a la justicia que opere, y cuando ya han sido sobreseídos, para lavarse la cara ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) retiran el decreto presidencial cuando ya el daño está hecho, la impunidad ya la legalizaron, ese es otro gran acto de corrupción”.
El tercer hecho de corrupción identificado por Roca en el Gobierno de Luis Arce es la aprobación en el Presupuesto General del Estado de un artículo que suprime la carrera administrativa en las entidades del Estado.
“Es un acto de corrupción que lo consolidan con la aprobación en el Chapare de los estatutos del MAS, dónde dice que solo un masista puede ocupar cargo en la administración pública, en instituciones del Estado, eso es corrupción en la más amplia definición, o sea ponen el Estado en función al MAS”, apuntó.
Roca ve también una “enorme corrupción” cuando el ministro Lima anuncia una reforma al sistema judicial y al Ministerio Público, pero al mismo tiempo se presta a inventar y sostener un “golpe de Estado, y con esa mentira hace una persecución venenosa contra no solo figuras opositoras y políticas, sino que comienzan a perseguir y encarcelar y dar de baja a policías, a militares y a jóvenes que salieron a defender sus derechos en la democracia”.
A estos actos se suman, refirió, cuando vemos que el expresidente Evo Morales “hace uso y abuso de bienes públicos, de aviones de la Fuerza Aérea, y nos quieren hacer creer que es un alquiler; que vaya cualquiera a ver si le alquilan un avión de la Fuerza Aérea por 2.000 o 10.000 bolivianos, a ver si nos lo dan, entonces se trata de una corrupción flagrante”.
Para el diputado Alberto Astorga, el actual gobierno lo que hace es proteger de forma “descarada” los actos de corrupción que han existido en el gobierno de Evo Morales, tanto así que la exministra Nemesia Achacollo, acusada en el millonario desfalco del Fondo Indígena, “no está siendo investigada, y tengo entendido que incluso participa de las manifestaciones junto a Evo Morales”.
“Hasta ahora no existe ninguna investigación seria sobre esta señora (Nemesia Achacollo) y otras personas que han tenido muchas denuncias de corrupción” en los 14 años de gobierno del expresidente Evo Morales, apuntó.
Los casos de corrupción
Otros casos de corrupción registrados en el gobierno de Luis Arce, junto al abuso de poder por su posición como autoridad para beneficio personal con particulares, son el del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, quien fue detenido en abril por efectivos de la policía cuando recibía 20.000 dólares para favorecer a particulares en la dotación y saneamiento de tierras, según la versión del Gobierno.
"Hemos aprehendido al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, por la comisión de varios delitos en flagrancia como cohecho, coacción, beneficios en razón del cargo, al haber recibido más de 20.000 dólares para favorecer a un sector", dijo en ese entonces el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
El ministro de Justicia, Iván Lima, aseveró que el caso del soborno recibido por el ministro Characayo corresponde a la existencia de una “organización criminal” en la que estarían involucradas autoridades de distintos niveles de Estado.
El segundo caso conocido es el del ministro de Educación, Adrián Quelca, quien fue vinculado en un presunto “tráfico” de exámenes para cargos directivos en Educación”. El dato fue revelado en un informe de inteligencia del Gobierno, donde da cuenta que entre enero y mayo de esta gestión se traficaron exámenes del proceso de institucionalización a cargos de directores de educación distrital, rectores y docentes.
El presunto “tráfico” de documentos se habría planificado y ejecutado desde la Dirección General de Educación Superior Técnica del Ministerio de Educación, a cargo del Agustín Tarifa con el aval del ministro Adrián Quelca y el encubrimiento de varios jefes de unidad.
El tercer caso conocido es el ocurrido en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), en la regional Santa Cruz, donde se descubrieron hechos de corrupción de dos funcionarios que se dedicaban a la reventa ilegal de productos alimenticios.
Toda esta serie de actos de corrupción citados, son parte de un mal “absolutamente endémico”, y que obviamente, señaló el analista Paul Coca, los intentos por erradicarla se caen, debido a que “la solución no pasa porque la ley 974 diga que cada entidad pública tiene que tener su unidad de transparencia”.
Coca enfatizó que la lucha contra la corrupción pasa por un cambio estructural y profundo en la administración pública, en la administración de Justicia y en todos los Órganos del Estado, y “eso es algo que no se está viendo; lo que se ve directamente es el fiel reflejo de una sociedad boliviana donde hay sectores que quieren un cargo público para servirse de él porque lo ven como una salida rápida a su problema económico”.
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