La Paz, 24 de julio (ANF).- La “vocal” del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, Nataly Vargas, destituida por el presidente del Estado, Luis Arce, denunció persecución política, fiscal y judicial, en un caso presumiblemente “armado” en el que es investigada por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
Vargas manifestó que el proceso en su contra “está completamente armado por los vocales del Tribunal Electoral de Tarija y la Fiscalía Departamental”, además que el juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 1° de la capital, ha decidido “acelerar” el proceso con una conminatoria al fiscal, dijo a la ANF.
La “vocal” explicó que en el mes de marzo los vocales denunciaron supuestas irregularidades en 12 procesos de contratación, inicialmente dijo que no fue mencionada en la denuncia, sin embargo, cuando empezó a denunciar acoso político, la Fiscalía en la ampliación de las indagaciones la vinculó en el caso.
Vargas es la única de seis vocales que ha asumido acciones en contra de la destitución que realizó el presidente Arce, que según la Ley del Órgano Electoral los vocales del Tribunal Supremo Electoral y departamentales gozan de inamovilidad.
El 20 de julio, el mismo día que presentó un recurso de revocatoria contra el decreto presidencial de destitución, el juez Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer “conminó” al fiscal asignado al caso a presentar el requerimiento conclusivo de la investigación en su contra.
El memorial es de conminatoria de oficio, el que señala que el mencionado juez “conmina al fiscal asignado al caso a través del Fiscal Departamental Wilson Tito Torrez a objeto de que presente en el plazo de cinco días el requerimiento conclusivo de la etapa preliminar”, señala el documento al que accedió este medio.
“Yo estaba presentado en recurso de revocatoria y horas después el juez dispone la conminatoria”, sostuvo Vargas, quien pidió mediante este recurso que el presidente Arce anule el decreto “ilegal” e “inconstitucional” por el cuál quedó destituida de su cargo.
Vargas sostiene que es un evidente caso de “persecución política”, por eso es que “el juez está pidiendo que se dé celeridad a este proceso”. Porque, además, antes que se amplíe las investigaciones el fiscal Departamental anticipó que “yo era culpable”, precisó.
Asimismo, denunció que la Fiscalía rechazó las pericias que ha propuesto para el esclarecimiento del caso. “Se ha propuesto que la auditoria se realice en el IDIF en Santa Cruz y se han determinado puntos de pericia, a través de mi abogada he pedido puntos de pericia específicos que han sido rechazados”.
Acotó que también solicitó que el Tribunal Supremo Electoral realice las auditorías internas para determinar si realmente existieron irregularidades, pero tampoco se realizan.
“Pero el juez ya ha conminado al fiscal que termine con la investigación preliminar, lo que significa que están buscando la imputación sin que se realice ni siquiera el peritaje”, protestó la abogada.
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