Deutsche Welle (DW)
Una periodista de nacionalidad nicaragüense y costarricense fue llevada este domingo (23.12.2018) ante un juez de Nicaragua, tras haber sido capturada el viernes pasado por la Policía en su lugar de trabajo, el canal de televisión 100% Noticias, crítico con el presidente Daniel Ortega.
"El régimen sandinista traslada hacia los juzgados de Managua a Lucia Pineda Ubau, jefa de prensa de 100% Noticias. Hasta el momento se desconoce de qué delitos inventados la acusarán", informó la televisora en sus redes sociales.
Pineda fue capturada la noche del viernes en un operativo policial, en el que también se arrestó al matrimonio propietario del canal, Miguel Mora y Verónica Chávez, y a otros cuatro empleados. Mora fue presentado el sábado ante un juez de Managua y enfrentará cargos por "fomentar e incitar al odio y la violencia", mientras que Chávez fue liberada de inmediato, y nadie sabe qué ha ocurrido con los otros empleados.
En un comunicado emitido el sábado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de "grave atropello contra las libertades de expresión y de prensa" la clausura en Nicaragua del canal 100% Noticias y la detención de Miguel Mora. "El régimen orteguista muestra con esta acción su intención de cerrar todas las formas de expresión en el país", señaló la presidente de la SIP, María Elvira Domínguez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado acciones de este tipo, contra periodistas, ONGs y empresarios, como la más reciente etapa de "represión del Gobierno de Nicaragua", y ha advertido que tiene pruebas de que en este país se practican "crímenes de lesa humanidad".
La captura y presentación de la periodista ante la justicia se da en plena crisis sociopolítica de Nicaragua, que desde abril pasado ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios. El Gobierno reconoce únicamente 199 muertos y 273 reos, que señala de ser "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".
La CIDH y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
/DW/
