La Paz, 22 de diciembre (ANF).- En Francia, al igual que en países de América Latina los feminicidios y la violencia de género siguen siendo una problemática que alarma a las organizaciones de la sociedad civil, que exigen al Gobierno medidas más efectivas para hacer frente a esta realidad.
En ese país miembro de la Unión Europea, 140 mujeres han sido asesinadas en lo que va de este año, no es un dato menor a pesar de los 66 millones de habitantes; como no es menor que en Bolivia se hayan producido 113 feminicidios hasta la fecha, con una población de 11 millones de habitantes. La realidad sigue siendo dolorosa.
Las cifras no se reducen, en cambio, la tendencia es en aumento. En 2018, en el Observatorio Nacional de Violencia a Mujeres registró 121 casos de mujeres asesinadas por su cónyuge, pareja o expareja y 230.000 declararon haber sido víctimas de violencia psicológica o sexual.
Celeste R.C.O. murió a causa de las más de 20 puñaladas que le asestó su expareja en la ciudad de La Paz, Bolivia. Celeste pudo haber sido María, Dominique, Francisca o Catherine, en Argentina, Chile, Francia, Ecuador, Paraguay, México o Uruguay. Un drama que es común.
En Francia existen normas y planes para frenar la violencia de género y promover la equidad. Hay una ley por la igualdad entre hombres y mujeres; otra, sobre el acoso sexual, también tiene legislación en contra de la trata de mujeres, la política de protección de mujeres provenientes de África víctimas de mutilaciones, entre otras temáticas.
Tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros, aunque más de la mitad son destinados a temas de desarrollo y cooperación; esta situación es observada por las asociaciones que trabajan con mujeres, porque consideran que el apoyo del Estado aún es insuficiente.
La diputada del partido de la République en Marche, Alexandra Louis, considera que en Francia “hay una cifra negra de impunidad”, porque de 220 casos de violencia sexual, el 10% son denunciados en la Justicia y solo el 1% alcanza una condena.
Las reflexiones se realizaron en una serie de entrevistas con diferentes asociaciones de la sociedad civil y del Estado francés, en el marco de una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores a París a un grupo de periodistas de Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, México, Argentina, Venezuela y Bolivia.
Louis es redactora de la ley sobre “ultraje sexista”, es decir, cuando una mujer es sometida a una situación de humillación en vía pública. Periodistas mujeres de ese país observan su aplicabilidad, aunque la congresista argumenta que en un año se dieron 600 multas, la base de la sanción es de 300 euros y está a cargo de los policías y gendarmes aplicar según la dimensión del ultraje.
No obstante, las mujeres siguen atravesando obstáculos al momento de denunciar que son víctimas de violencia, la Fondation des Femmes señaló que existe una propuesta de “ley de violencia intrafamiliar”, lo que reforzaría la protección a las mujeres, toda vez que éstas no quieren denunciar porque en las instituciones como la Policía no les reciben sus declaraciones.
En Bolivia, como en otros países de América Latina los Estados no asumen en la verdadera dimensión la protección de los derechos de las féminas, quienes tienen que enfrentar a jueces, policías y fiscales que carecen de formación y sensibilidad de género respecto a la violencia.
La vicepresidenta de la Delegación para los Derechos de la Mujer en la Asamblea Nacional, Fiona Lazaar, cree que no se puede seguir diciendo a una víctima de la violencia que “no es grave, que es una bronca pequeña. No es posible seguir escuchando eso”, cuestiona.
Confía en la prevención a través de la formación de profesionales, profesores y de la sociedad en su conjunto, para cambiar la actitud y mentalidad y modificar las relaciones entre hombres y mujeres; asimismo plantea seguir trabajando en las desigualdades salariales, que ubican a las mujeres en condiciones de inequidad.
Otras organizaciones apuestan a la autonomía económica, para mejorar la situación de las mujeres en la toma de sus decisiones. Led by Her ayuda a las mujeres víctimas de violencia a reconstruirse a través de un emprendimiento generalmente económico.
“La autonomía financiera es importante para salir de la violencia”, apuesta Chiara Chondi directora de esta asociación, al sostener que las mujeres que llegan a buscar apoyo “todas tienen una historia de violencia”.
La Fondation des Femmes más bien tiene el objetivo de recaudar fondos para redistribuirlos a las asociaciones que trabajan en los derechos de las mujeres, las mujeres que acuden a esta organización pueden encontrar apoyo financiero, material y jurídico.
De acuerdo a los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL) al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países.
México, Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador, Perú y Nicaragua, Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador han incorporado en su legislación la figura de feminicidios, para explicar los asesinatos de las mujeres por el hecho de ser mujeres.
En cambio, Francia no tiene la definición en su normativa, el tema es parte de un debate. La diputada Lazaar manifestó que estudian sobre si “se habla del asesinato de una mujer porque es mujer o si se considera que un feminicidio es el asesinato de una mujer porque la mujer (es) la propiedad de su cónyuge. Justamente trabajamos en eso”, comentó.
Aclaró que si bien en las normas no se tipifica el feminicidio como un delito, el Código Penal tampoco reconoce las agravantes “pasionales”. “Son asesinatos y no crímenes pasionales, son crímenes posesionales y no pasionales”, explicó.
La Fondation des Femmes sostiene que el término está en el ámbito mediático, es decir, que logró entrar en el vocabulario en los medios de comunicación, “porque es un problema de política pública”.
La diputada Louis no tiene una posición aún, porque hay un debate de por medio, no obstante reflexiona que una vida vale igual que la del otro”, recuerda que bajo los principios que rigen a la sociedad francesa están la igualdad, fraternidad y libertad. Por lo tanto, todas las personas son iguales ante la ley.
En algunos países los avances pueden ser más significativos, sin embargo, las representantes de las asociaciones y de las instituciones estatales coinciden que la “lucha es cotidiana”, porque “fácilmente uno podría retroceder en las conquistas (alcanzadas). Como decían (ustedes) las fuerzas políticas en otros lugares que quieren poner en tela de juicio -por ejemplo- el aborto”, dijo Lazaar.
En definitiva, compartieron la preocupación de que ningún derecho está totalmente conquistado, más aún cuando existen cambios de política en los gobiernos, en países de Europa y América Latina.
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