Jair Bolsonaro es cuestionado por sus políticas. Foto. DW
La Paz, 5 de julio (ANF).- Continúan los cuestionamientos desde diferentes sectores al gobierno de Jair Bolsonaro y frente a distintas demandas y determinaciones enmarcadas en el medio ambientes y respetos por sus territorios, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) anunció que tiene previsto denunciar este mes ante el tribunal de La Haya al presidente brasileño acusándolo de genocidio y ecocidio.
“La APIB ha reunido y analizado todos los actos practicados por Bolsonaro contra los pueblos originarios desde el inicio de su gobierno y consideramos que hay elementos concretos para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación”, declaró a los medios Luiz Eloy Terena, abogado y coordinador jurídico de la APIB.
De acuerdo a los representantes de la APIB, esta denuncia también se sustenta en la Constitución de 1988 de Brasil, por la cual se debería garantizar la protección de las comunidades de indígenas y el derecho que ellos tienen sobre su territorio.
Aseguran que esta norma no está siendo acatada por el gobierno en el marco de su preservación, ya que también se incentiva la presencia de los llamados grileiros (cuatreros de tierras públicas), madereros y mineros ilegales en los territorios de un gran número de pueblos indígenas.
Ya el pasado 23 de junio una comisión internacional de 12 juristas, apoyada por la sociedad civil, recogió el delito de ecocidio, considerado un crimen contra el conjunto de la humanidad, pero especialmente contra el planeta, y pretende incorporarlo a la Corte Penal Internacional.
En medio de la pandemia, Bolsonaro suma denuncias y demandas desde diferentes sectores de la ciudadanía por sus políticas encaminadas hasta este tiempo.
En pasadas horas se encaminaron manifestaciones masivas para exigir la dimisión del presidente Bolsonaro y respaldar la petición presentada ante la Cámara de Diputados de iniciar un juicio político en su contra.
Otros sectores también exigen que se investigue el vínculo de Bolsonaro con un esquema de corrupción en torno a la compra de vacunas contra el coronavirus.
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