La Paz, 12 de octubre (ANF).- El director Jurídico de la Alcaldía de La Paz, Fernando Velásquez, anunció que iniciará un proceso penal contra Juan Brun por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, debido a que se efectivizó el cobro de 14 millones de bolivianos por la demolición de su inmueble cuando Juan del Granado era la primera autoridad de la ciudad.
De acuerdo a Velásquez, el cobro que hizo Brun fue de forma ilegal, ya que aún se cursan las apelaciones al caso, e incluso dijo que hubo elementos que se omitieron en el proceso judicial.
“Pese a que hemos ido denunciando un conjunto de irregularidades, se ha materializado y dado curso al cobro, un cobro ilegal que se ha hecho transgrediendo las apelaciones que aún se encuentran en curso (…). Enterados del cobro, vamos a instaurar un proceso penal contra el señor Juan Brun por enriquecimiento ilícito”, aseveró.
El conflicto se generó por la destrucción de una vivienda de tres pisos, ubicada en la zona de Bajo Seguencoma, con el argumento de que el predio pertenecía al municipio. Una sentencia judicial emitida el 2002 estableció el derecho propietario a favor de Brun.
El funcionario aseguró que se iniciarán auditorías para determinar las responsabilidades emergentes de este fallo judicial. Recordó que cuando se instruyó la demolición hubo diferentes argumentos que respaldaban que el terreno afectado era propiedad edil y daba luz verde a su destrucción.
“Recordar a la población que en 1999, el Concejo Municipal instruye la demolición a través de diversos instrumentos, además interviene un fiscal del Ministerio Público que aseguró que todo estaba en orden (para proceder con la demolición) e incluso existía una resolución de la Defensoría del Pueblo. Estos elementos deben valorarse en la auditoría”, remarcó.
A mediados de septiembre se hizo efectivo el pago de 14.513.963 bolivianos en favor de Brun, que es parte del monto que se determinó en un avalúo pericial como pago de daños y perjuicios por la destrucción de su vivienda.
Las observaciones
Según Velásquez, Brun habría cometido una serie de irregularidades al ocultar información sobre la vivienda en cuestión, entre ellos citó que Brun adquirió la propiedad a través de una entidad bancaria y que ese gravamen le prohibía arrendar los espacios y percibir dinero por esa situación.
“Ha cobrado una suma exorbitante de alquileres, pero lo que no dijo Brun es que adquirió ese terreno a través de un crédito bancario y que le prohibía que arriende. Hoy en día resulta que el señor Brun se ha hecho de dinero por el terreno, por las construcciones y sigue siendo el propietario del terreno, lo cual es incongruente”, añadió.
Entretanto, el concejal del MAS, Jorge Silva, aseguró que una vez efectivizado el pago a Brun se produjo un daño económico y por lo tanto la Contraloría General del Estado debe emitir un dictamen para proceder a una acción de repetición.
“La Contraloría tiene que intervenir porque hay un daño económico (…). El Concejo también debe iniciar un proceso contra las autoridades que ordenaron la demolición de la vivienda (de Brun) sin el respaldo legal suficiente”, afirmó.
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