La CIDH considera que jesuitas de la región de Cerocahui están en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
La Paz, 1 de febrero de 2023 (ANF).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 2/2023, con la cual otorgó medidas cautelares a favor de once integrantes de la comunidad jesuita de la región de Cerocahui, Tarahumara, del municipio de Urique de Chihuahua, México, tras considerar que están en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
En junio de 2022, dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el interior de la iglesia de Cerocahui por un grupo armado tras intentar ayudar a una persona que intentaba escapar de los pistoleros. Tras este hecho, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús solicitó la adopción de “medidas de protección para salvaguardar la vida” de los jesuitas, religiosas, laicos y de toda la comunidad de Cerocahui.
Según la solicitud de las medidas cautelares, las personas beneficiarias han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales y de apoyo a las comunidades de la zona.
El Estado mexicano informó sobre el refuerzo de las medidas de seguridad en la región de Chihuahua como el establecimiento de una Base de Operaciones Interinstitucionales con enfoque multicultural, la instalación en Choreachi de una subsede del Ministerio Público, las medidas adoptadas en el marco del Plan de Atención Integral, las reuniones con representantes para medidas de seguridad, entre otras.
La CIDH reconoció que existen dificultades geográficas en la región que impedirían la implementación de medidas de seguridad de modo inmediato, sin embargo, el organismo advirtió que “no se estaría implementando un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las once personas de la comunidad jesuita”.
“Considerando el contexto de violencia e inseguridad que afecta especialmente a los habitantes de la región de Tarahumara, Chihuahua, y tras analizar la información presentada por ambas partes, la CIDH consideró que las personas beneficiarias se encuentran prima facie en una situación de gravedad y urgencia como consecuencia de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos del crimen organizado, lo que ha puesto en riesgo los derechos a la vida e integridad personal”, cita una nota de la CIDH.
Ante ello, la entidad de derechos humanos solicitó al Estado de México adoptar “las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios. Entre tales medidas, se debe garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros”.
También, se solicitó iniciar medidas de protección a los beneficiarios para que continúen su labor pastoral sin ser blanco de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra.
“Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición”, cita la Resolución 2/2023.
Finalmente, la CIDH explicó que el otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de México “no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”.
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