La Paz, 15 de octubre (ANF).- Los transportistas de Santa Cruz se mantienen en emergencia y demandan al Gobierno la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo que se encuentra vigente.
Los transportistas calificaron a esta ley como “la madre de todas las leyes” que atenta contra el derecho ciudadano y el debido proceso.
“Pedirle al gobierno, al presidente Luis Arce, que anule la Ley 1386 que está promulgada, aprobada y está en la gaceta oficial, tiene que anular esa ley porque esa es la madre de todas las leyes, incluso del proyecto que se ha anulado ayer”, señaló Carlos Mamani, ejecutivo de los radiotaxistas de Santa Cruz.
La víspera, el Gobierno reconoció fallas en el proceso de socialización y dejó sin efecto el proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, con el propósito, según dijo, de precautelar la paz y evitar la confrontación en el país; sin embargo, el Ejecutivo descartó abrogar la Ley 1386 y cualquier otro paquete de normas porque considera que detrás de todo ese pedido, con movilizaciones, se encuentra la búsqueda de impunidad de quienes habrían gestado el presunto “golpe de Estado” en 2019.
Mamani indicó que este vienes se lleva en Cochabamba un ampliado nacional del sector transporte, donde se tomarán decisiones sobre las medidas a asumir si el Gobierno no abroga la ley.
“Santa Cruz ha llevado una propuesta de que jueves y viernes (de la próxima semana) se haga un bloqueo con paro en toda la ciudad, en las 19 rotondas del segundo anillo, y del cuarto anillo se encargará el transporte pesado”, dijo.
El ejecutivo del Transporte Pesado, Juan Yujra, demandó la abrogación de la Ley y dijo que lo que pretende el Gobierno es solo confundir al sector con el archivo del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.
“Tenemos que hacer que esta Ley 1386 se anule porque ahorita nos están queriendo marear la perdiz, esa ley no garantiza que se respeten los derechos ciudadanos, la presunción de inocencia y el debido proceso”, apuntó.
Marcelo Cruz, ejecutivo del Transporte Internacional, remarcó al Gobierno que la demanda no es política, sino que se trata del rechazo a una ley que afecta a la mayoría de los agentes económicos.
“Tienen que darse cuenta que no es una situación política o de capricho, tienen que darse cuenta que ellos están gobernando a todos los bolivianos y esta ley afecta al 80 por ciento del movimiento económico, a todos los sectores”, enfatizó el dirigente.
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