La Paz, 17 julio (ANF).- El presidente de la Bancada del MAS en el Senado, Pedro Montes apuntó el martes a los máximos ejecutivos de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) por el enfrentamiento entre cooperativas en el cantón Arcopongo, que derivó en la muerte de una persona y cuatro heridos de bala. En tanto, la Cooperativa Ullakaya Condoriri, que exige un derecho preferente desde 2013, advirtió en recuperar el área por la vía pacífica.
“La dirección nacional es la AJAM y la Departamental son los directos (responsables), los que no han atendido y han empezado a buscar este tipo de enfrentamientos, hasta han tenido el atrevimiento de decir les damos 15 minutos para solucionar, y en las cosas que han pasado deben asumir las responsabilidades”, dijo el legislador en conferencia de prensa.
Montes lamentó que a pesar de las reiteradas convocatorias a las autoridades mineras, estas “desgraciadamente” no acudieron.
“Parece que no son titulares sino solo suplentes tanto en la nacional como en la departamental (de la AJAM) y eso perjudica. Hemos coadyuvado a agotar el diálogo que es lo más prudente para que no haya sufrimiento de sangre, eso no queremos”, dijo.
El legislador señaló que no comprende cuáles son las razones para que las autoridades a cargo del área no hayan atendido de manera correcta la denuncia. “Hay extranjeros que se sienten dueños de nuestro propio territorio, esto es de conocimiento nacional”, dijo en alusión a la incursión de capitales chinos y colombianos en la explotación ilegal del oro.
“Sacaron toneladas de oro sin pagar un solo centavo”
A su turno, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri, Francisco Eugenio lamentó que a pesar de las constantes denuncias por la explotación ilegal de oro en contra de cinco cooperativas afiliadas a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), “la AJAM se ha hecho a la vista gorda y se ha parcializada a favor de los explotadores ilegales”.
Dijo que lo que está pidiendo es la cuantificación del daño ocasionado al río Chaquety, ya que de salieron toneladas de oro, sin pagar ni un peso de impuestos, ni regalías.
“Hemos pedido mediante requerimientos fiscales información a Sustancias Controladas, a Senarecom y al Ministerio de Medioambiente, pero todas han respondido que ninguna de las cinco cooperativas que han operado durante cinco años tienen autorización, ni licencia ambiental, pero estos señores han manejado combustible subvencionado durante cinco años”, afirmó.
En una recopilación de los hechos, citó que el 2012, Ullakaya Condoriri solicitó al Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) la autorización para la explotación minera en una superficie de 50 cuadrículas que se extiende a lo largo del río Chaquety en el municipio de Inquisivi de La Paz.
Eugenio Aduviri mostró que la Gaceta Oficial Minera 181 de Sergeotecmin del 15 de enero de 2013 en la que se publicó que dicha cooperativa cumplió con todos los requisitos que exigía la normativa para tramitar su autorización ya que el área no presentaban ninguna sobreposición.
Sin embargo los comunarios del lugar anoticiados por la veta minera generaron conflictos y en menos de 24 horas según su explicación lograron su personería jurídica y avasallaron el área.
“El 2013 ya había explotación ilegal; hacemos la denuncia de explotación ilegal y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) solicita a la Fiscalía una inspección (…) El fiscal Jhony Garnica Zurita camina 20 minutos y encuentra explotación ilegal, decomisaron armas de fuego, metralletas, armamentos y motobombas, radiocomunicaciones, todo eso encontraron”, señaló.
Citó también otro hito del conflicto, cuando el 2015 bajó otra comisión de parte del Ministro de Minería, misión delegada al Viceministerio de Cooperativas, que en lugar de poner orden en la zona reparte el área. “La comisión del Ministro de Minería nos quita las 50 cuadrículas y se las reparte a los explotadores ilegales, eso es grave”, dijo.
Fue entonces que empezó la lucha tanto en el ámbito judicial como a nivel institucional, donde las denuncias fueron formuladas ante la AJAM, el Ministerio de Minería, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Transparencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Dirección de Sustancias Controladas entre otras.
“Hemos hecho llegar las denuncias a todas las instancias del Estado, ha llegado las denuncias hasta el Presidente, a todos los ministerios, nadie nos escucha”, dijo.
El 2017 dijo que hubo otra comisión de parte de la AJAM departamental que llega al río Chaquety, y a pesar de la explotación mecanizada en la zona con el uso de gran cantidad de maquinaria pesada, en su informe señala que no ve la explotación ilegal.
“El 2013 ya había explotación sobre el río, pero el 2015 el Ministro no ve explotación, minimiza y dice que solo hay tres socavoncitos, cuando estaban explotando con 70 tornamesas, cualquier cantidad de volquetas
Hace unos días y tras una evaluación entre pobladores de Inquisivi y la Cooperativa se determinaron recuperar el área de explotación ilegal. “Los hermanos cooperativistas bajaron con banderas blancas y banderas tricolor y se produjo la balacera porque los explotadores ilegales tienen armamento moderno”, denunció.
En esas circunstancias dijo que se produjo la muerte de José Achu Beltrán como consecuencia de un disparo de bala en el abdomen, y los otros heridos de bala.
“No sé de qué privilegios gozan de no pagar impuestos y regalías, no vamos a claudicar y vamos a consolidar nuestra área minera (…). Si o si vamos a tomar nuestra área pero no con la violencia, donde estamos la gente apostada donde nos han asesinado están 500 personas donde ha llegado el Defensor del Pueblo”, dijo.
En ese contexto se espera la mediación del defensor, David Tezanos en el diálogo entre las partes en conflicto en busca de una solución definitiva.
La AJAM afirmó hace unos días que cursan solicitudes de contratos administrativos mineros de parte de las cooperativas mineras auríferas Palma Flor Chaquety Rl, Villa Santiago Crestón, Chaquety La Plaza BRL, Chaquety La Plaza RL y Elena Pampa, con lo cual confirmó que las denunciadas no cuentan con la titularidad sobre el área en conflicto.
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