La Paz, 19 junio (ANF).- La Cámara Nacional de Comercio (CNC) a través de su presidente, Marco Antonio Salinas planteó este martes, a partir del caso Quiborax, la realización de auditorías externas a todos los procesos de indemnización en los cuales el Estado boliviano se vio involucrado en arbitrajes internacionales. Dijo que la contrademanda del expresidente Carlos Mesa abre una duda sobre el accionar del Gobierno.
“El Ministro (Héctor) Arce siempre ha dicho que se ha negociado, que se han llegado a acuerdos, que siempre se ha pagado menos, y ahora que ha saltado a la luz este proceso (Quiborax) sería bueno hacer auditorías de todos los procesos que hemos tenido como Estado por las nacionalizaciones que se han hecho”, dijo en conferencia de prensa.
Salinas dijo que el caso Quiborax, sobre el cual hay distintas posiciones desde el Gobierno y el expresidente Carlos Mesa, no es el único que tiene que ver con el pago de indemnización, ya sea por nacionalizar o revertir concesiones o empresas, porque “hemos tenido varios procesos arbitrales que se han resuelto de una u otra forma, pero no hemos tenido la información clara de cómo se han resuelto”.
En criterio del presiente de la CNC, llegó el momento en que se informe de manera transparente todos los procesos en los que se vio involucrado el Estado, sobre qué montos se han pagado y en qué términos.
“No hay información adecuada de todos los procesos en los que nos hemos visto envueltos. El Gobierno debería informar cuánto se ha pagado a Entel, a todas las empresas, porque siempre dicen que se ha pagado menos de lo que se ha negociado, y esto de Quiborax ha demostrado falencias (…). De acuerdo a la demanda del expresidente dice que el Gobierno no ha actuado correctamente y abre la puerta a la duda”, aseveró.
Por otro lado dijo que el caso Quiborax, más allá del tema político, del Gobierno en contra del expresidente, tiene que ver con la fe del Estado, y en ese marco enfatizó que es necesario ser absolutamente serios con las inversiones privadas, y más aun con las extranjeras.
“El Estado tiene toda la potestad de nacionalizar y de revertir concesiones pero debe hacerlo de la forma enmarcada en la ley”, dijo en alusión a la reversión de concesiones mineras a la chilena Quiborax durante el Gobierno de Carlos Mesa el año 2004.
“El Ministro de Economía ha señalado que eso va a afectar al Tesoro General del Estado porque no estaba contemplado ese pago de $us 42 millones, no solo de Quiborax, y hay proceso pendientes por Sabsa, con la empresa que administraba los aeropuertos”, dijo.
Carlos Mesa planteó ante la Fiscalía la ampliación de la investigación por los supuestos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes del ministro de Justicia, antes Procurador General del Estado, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, además del actual procurador Pablo Menacho y la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi.
El ex Presidente también cuestionó cómo una empresa que invirtió menos de un millón de dólares termine cobrando $us 42,6 millones, y que ahora él aparezca como único responsable del caso cuando el proceso pasó por tres gobiernos: el suyo, el de Eduardo Rodríguez Veltzé y el de Evo Morales.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) determinó que el Estado indemnice a Quiborax S.A. y a Non-Metallic Minerals S.A, $us 48,6 millones que según el Gobierno se habría definido en $us 42,6 millones
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