La Paz, 20 marzo (ANF).- Por tercera vez el Gobierno amplió el plazo para el inicio de actividades de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce entregó a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) el decreto supremo 3837 por el que rige el nuevo calendario. Justificó la decisión por un tema de responsabilidad y apuntó a la empresa Sysde Internacional INC de no estar a la altura de los desafíos.
“No podríamos honestamente estar saliendo el 1 de abril como quisiéramos con una Gestora Pública que dé un servicio mucho más allá de lo que prestan las AFP, hoy en día gran parte de su trabajo es manual y se busca que todo esté automatizado y que la gente se libere del sistema manual para que la atención sea más personalizada”, señaló en conferencia de prensa.
Arce reconoció que la Gestora debió estar lista para la atención al público en junio de 2016, pero que se postergó por 15 meses, y en 2017 tampoco se pudo iniciar el lanzamiento, por lo cual se dio un nuevo plazo de 18 meses que se cumplió este mes.
“Una cosa es una gestión, sino pregúnteles a los abuelitos si no están recibiendo su Renta Dignidad, y otra es la rentabilidad que ha sido muy mal manejada, por eso critico al neoliberalismo”, señaló.
Dijo que mientras los primeros años las AFP estaban rindiendo muy bien a costa del Estado que pagaba intereses entre 10 y 12%, el Gobierno de Evo Morales no necesitó financiar déficits con recursos de las AFP por el buen manejo de la economía que tuvo.
“Cuando dejamos de darles a las AFP semejantes y jugosos bonos, ¿qué pasa con la rentabilidad? es lo que está experimentando y si suma a eso la falta de capacidad que tienen las AFP (…).¿Usted sabía que con decretos los gobiernos neoliberales obligaban a las AFP a comprar bonos del Tesoro para financiar el déficit”, manifestó.
Decreto 3837
Dicho decreto señala que se amplía el plazo para el inicio de actividades al público de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo en cuanto a los regímenes contributivo y semicontributivo, por un plazo no mayor a los 30 meses computables a partir de la publicación del presente decreto, el mismo que ya se encuentra disponible en la Gaceta Oficial.
También se establece que las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) deberán continuar con sus operaciones hasta el inicio de actividades de la Gestora y la determinación expresa de la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros.
Nivel de cumplimiento de la empresa Sysde
Durante un reporte sobre el estado de cumplimiento de la empresa Sysde al contrato con el Estado para migrar el sistema integral de las AFP a uno solo software que se adecúe a las normas vigentes, el titular de Economía evadió precisar a cuánto ascendió el monto asignado a este proceso y cuánto más se requerirá erogar hasta que la Gestora arranque con todas sus funciones.
Precisó que de los 83 productos de software comprometidos por Sysde, solo 28 productos fueron entregados a satisfacción y faltan por entregar 55 productos que tienen que ver con el sistema de gestión y no solo con base de datos.
También explicó que sólo hubo un avance del 8% en las adecuaciones normativas que deben ser 890. “Es el mayor problema que tenemos con esta empresa, la adecuación a la normativa, y la migración de datos alcanzó a más del 90%; es decir, ha hecho tres pruebas para ver si se estaba migrando correctamente y hay una satisfacción del 90% de los datos”, explicó.
El universo de los asegurados al sistema integral de pensiones llega a 2,2 millones que representan 925 millones de registros.
COB y la fiscalización
La dirigencia de la COB que manifestó públicamente su afinidad política con el Gobierno, dijo que asume el rol fiscalizador del DS. “Hay diferentes visiones en los diferentes sectores, el dinero debe rendir los frutos esperados, no podemos dejar dormir el dinero y nos debe dar réditos”, aseguró el dirigente Gustavo Arce.
Consultado si la COB asume corresponsabilidad a partir de la ampliación de los 30 meses para el arranque oficial de la Gestora, respondió: “Se levantó el acta que era un compromiso de hacer una evaluación al interior del Comité Ejecutivo Nacional y estaba prevista la entrega del decreto, con ello estamos asumiendo la fiscalización a estos 30 meses”, dijo.
Acotó el dirigente que: “tenemos un mandato y ese mandato lo estamos cumpliendo al pie de la letra, porque si no lo hacemos seremos enviados al Tribunal de Honor y data desde el mismo congreso ordinario en Tupiza, ratificado en Santa Cruz, lo único es cumplir con el mandato”.
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