La Paz, 29 de noviembre (ANF).- Legisladores del oficialismo y la oposición anunciaron este jueves que se convocará a la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, para que brinde una explicación sobre la obligación a los notarios de fe pública de remitir información de la compra y venta de bienes inmuebles a su institución.
“Lo que estamos haciendo es enviar una petición de informe escrito al Ministerio de Economía, y si eso no es satisfecho, como corresponde, también convocaremos a la doctora Teresa Morales”, manifestó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría.
La víspera, la Directora de la UIF anunció que se firmó un convenio con el que se determina que los notarios pasen a ser “sujetos obligados” de la UIF y con ello tienen la orden de registrar los datos de la compra y venta de bienes inmuebles desde enero de 2019. De no ser así serían pasibles a sanciones.
Para el legislador “no se entiende cuál es la necesidad de crear una duplicidad en la remisión”, ya que "la ciudadanía que requiere un bien inmueble recurre a los préstamos bancarios, que por lo general son créditos muy altos y son reportados como lo establece la Ley de Servicios Financieros".
“En realidad, lo que parece es que se quiere generar un control sobre la Dirección Nacional del Notariado Plurinacional y así ejercer una supervisión respecto a las transacciones que hacen personas de forma individual, violando el derecho bancario que tienen los ciudadanos y ciudadanas”, indicó.
Según el diputado del MAS, Edgar Montaño, la determinación “ha tomado por sorpresa a los legisladores”, por lo que será necesario convocar a la directora de la UIF “para que nos pueda explicar y así nosotros podamos hacer entender a la población si esas determinaciones son buenas para los ciudadanos y garantizan sus derechos”.
Alcaldía de La Paz
La determinación de la UIF también ha generado cuestionamientos en la alcaldía de La Paz. Según Fernando Velázquez, director jurídico del municipio, “se cierne una duda sobre la ciudadanía, algo que no es correcto”.
“Se asume que todos los ciudadanos que realizan una transacción inmobiliaria tienen algún margen de lavado de dinero. Cuando metemos a toda la ciudadanía, entonces, lo que estamos señalando es que presumimos que todos ciudadanos tienen una actividad ilícita”, alertó.
Asimismo, señaló que con esta determinación se iría en contra del principio de presunción de inocencia y contra la protección de información.
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