La Paz, 25 de junio (ANF).- La ley recientemente sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la devolución parcial del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a sus beneficiarios originales es insuficiente y debe ser revisada para restituir la totalidad de esos recursos a las gobernaciones, municipios y universidades, más aún ante la necesidad de paliar la precariedad del sistema de salud frente al Covid–19, señala en un documento de la Fundación Jubileo.
La institución señala que la reposición al 100% de esos recursos confiscados también debe permitir avanzar hacia la actualización del sistema de educación de acuerdo con las nuevas tecnologías de información, contribuir a proyectos de ciencia e innovación tecnológica para la lucha contra el Covid–19 en las universidades públicas del país, además de aportar a la sostenibilidad de la Renta Dignidad.
La retención de una parte del IDH se originó el 11 de diciembre de 2015, cuando el expresidente Evo Morales promulgó la Ley Nº 767 por el que se creó un Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), financiado con el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, determinado antes de su distribución a los diferentes beneficiarios de esos recursos, con el objetivo de incentivar las actividades de exploración y explotación en ese sector.
“Esta medida se puso en aplicación pese a estar en vigencia la Ley de Hidrocarburos N° 3058 que, en su artículo 57, establece que los ingresos por IDH deben ser destinados a los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo; pero no a las actividades hidrocarburíferas”, señala Jubileo.
En su momento, agrega, este hecho fue denunciado por Fundación Jubileo y por otras entidades de la sociedad civil, recomendando que el financiamiento para el FPIEEH provenga de la participación de YPFB en la ganancia de los Contratos de Operación, concepto por el cual la empresa petrolera estatal recibió cerca de 6.000 millones de dólares desde el año 2007, sin que exista normativa alguna que regule su uso y destino.
Luego de cinco años de aplicación de esta norma (Ley Nº 767), indica Jubileo, se conoce que el Fondo habría acumulado cerca de 524 millones de dólares para incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos; sin embargo, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos N° 3058, “este dinero debió servir para financiar la inversión y gasto público en los sectores de salud y educación, que, como ha quedado evidenciado en la actual coyuntura de la pandemia mundial, se encuentran en un estado bastante precario”.
El pasado jueves 18 de junio, la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó la Ley de Suspensión Temporal y Reasignación de Recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), con el objetivo de suspender temporalmente la retención del 12% del IDH y reasignar una parte de los recursos acumulados del FPIEEH a las Entidades Territoriales Autónomas y universidades públicas, con el fin de que cuenten con recursos adicionales para enfrentar la pandemia del coronavirus (Covid–19) y desarrollen acciones para garantizar la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las actividades productivas.
En este sentido, Fundación Jubileo, así como otros especialistas del sector, “venimos advirtiendo sobre la delicada situación del sector hidrocarburos, que hoy en día atraviesa por uno de sus peores momentos de los últimos 20 años, como resultado de una gestión que fue altamente politizada y errática que no pudo resolver problemas estructurales”.
Los problemas estructurales no resueltos hasta la fecha, indica Jubileo, son: aprobar una nueva ley de hidrocarburos; reestructurar e institucionalizar YPFB; gestionar nuevos mercados para el gas natural; promover el debate sobre un régimen fiscal escalonado; y, promover el uso de la renta petrolera para la diversificación económica y la transición energética.
Asimismo, considera que los ingresos que genera la actividad extractiva para el Estado en su conjunto deben ser administrados por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y educación, y promover el desarrollo económico que permita disminuir la dependencia de la explotación de recursos naturales, a mediano plazo, y transitar hacia una economía diversificada que genere empleo sostenible para la población.
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