La Paz, 25 de agosto (ANF). – La senadora de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, informó que se interpuso dos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), uno contra el artículo 220 de la Ley Minera y otra contra artículos del reglamento de esa norma y resoluciones dictadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Explicó que en un trabajo de fiscalización se observó que la AJAM accedió a dar autorizaciones a empresas y cooperativas mineras para que realicen trabajos de explotación en diferentes áreas protegidas del país, lo cual estaría violando la Constitución Política del Estado (CPE) en relación a la protección del medio ambiente.
“En realidad hemos presentado dos recursos de inconstitucionalidad contra disposiciones del ámbito minero. No solamente contra la Ley Minera, sino también contra resoluciones de la AJAM y el propio reglamento de la AJAM”, informó Salame a la ANF. El recurso fue presentado la semana pasada.
El artículo 220 de la Ley Minera señala que “los actores productivos mineros podrán realizar actividades mineras en áreas protegidas y forestales previo cumplimiento de la norma ambiental y conexa específica, y cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos de la protección del área”.
Salame explicó que actualmente la AJAM utiliza el articulo 220 de la Ley Minera para dar concesiones en territorios protegidos por lo que vulnera la Constitución. Sostuvo que la autoridad minera incumple la norma en todo el territorio nacional, pero uno de los casos específicos que la Comisión Pueblos Indígenas observó es en el norte de la ciudad de La Paz.
Dentro del trabajo que realizan como comisión en el Legislativo, dijo que también denunciaron la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, la afectación de los territorios protegidos por concesiones mineras y los avasallamientos.
“Hemos visto la vulneración de los derechos de los pueblos originarios del oriente, entonces, estamos nosotros con una política de hacer una auditoría de todas las normas, primero los pueblos indígenas, los pueblos originarios y sobre todo lo que está afectando el medio ambiente y que son disposiciones que están contra la Constitución”, detalló.
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