La Paz, 22 de abril (ANF).- La Cámara Nacional de Industrias (CNI) rechaza la intención de “legalizar el delito” a través de una nueva “nacionalización” de los vehículos chutos, polémica que se ha reabierto tras la propuesta de ley que hizo el diputado de CC, Miguel Roca, para formalizar el parque automotor.
El primer vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, cuestionó la posibilidad de legalizar entre 300.000 y 500.000 vehículos como ha planteado el diputado Roca en un proyecto de ley.
“La legalización del delito no debe ser permitida (…). Por un respeto a la formalidad y a la legalidad no debe haber una legalización del parque automotor”, afirmó Camacho a la ANF, de esa manera rechazó que nuevamente se pretenda “nacionalizar” los autos que ingresaron al país de manera ilegal.
Detalló que de consolidarse esta propuesta se estará “desincentivando a la actividad formal”, específicamente a aquellas importadoras de autos que cumplen con todas las normas legales para establecer ese negocio en el país.
“Cada vez decimos esta vez va a ser la última (nacionalización), pero el delito continúa. Luego vamos a tener marchas de otro tipo de delitos formalizando su actividad diaria e ilegal”, observó Camacho.
Precisó que la actividad formal cumple con el pago de aranceles, impuestos y genera empleos formales. "La actividad ilegal bajo ningún punto de vista puede ser legalizado o formalizada”, reiteró
Este jueves, el diputado Roca hizo conocer su propuesta de ley denominada de emergencia tributaria y reactivación económica, régimen tributario para vehículos automotores, incluye la “regularización de vehículos indocumentados” en el país.
Sostiene que el país enfrenta un problema con los 300.000 a 500.000 autos indocumentados, los que circulan principalmente en municipios alejados de los grandes centros urbanos. Otro lío es el consumo de gasolina del mercado negro cuando el recurso es subvencionado por el Estado.
Roca sugirió levantar las restricciones a la importación de vehículos usados basados en el año de fabricación, recudir el Impuesto al Consumo Específico (CIE) para vehículos a una escala del 0% al 5% y que actualmente es del 0% al 60% y sustituir el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (de dominio municipal).
Otros de sus colegas también se han mostrado predispuestos a analizar el tema. Sin embargo, en marzo de este año, cuando los propietarios de estos vehículos propusieron la legalización el diputado Alberto Astorza de CC rechazó esa posibilidad.
"Esto es a raíz de lo que el MAS, en su campaña, les ha prometido (...). Nosotros estamos firmes de que se tiene que respetar lo legal y no se tiene que socapar lo ilegal. En Bolivia se tiene que respetar las reglas, así como se respeta la Constitución Política del Estado; también, se tiene que respetar lo legal, entonces para mí, en lo personal, pienso que es un debate cerrado”, dijo en ese tiempo.
Su colega del MAS Juanito Angulo también descartó el pedido de ese sector (21.03.2022) “Imagínense legalizar más de 200.000 (autos), vamos a inundar la ciudad. Considero que no merece mayor discusión, mayor debate, tenemos que apegarnos a la legalidad y (ellos) tienen que entender que si (esos vehículos) han ingresado (de forma irregular), tienen que asumir también la responsabilidad”.
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