A través de una nota dirigida a ANF, el jefe de la Unidad de Comunidad del MDRyT, Carlos Burgoa, hace un recuento de las normativas aprobadas antes del Gobierno de Evo Morales, que regulaban las “quemas controladas” y los desmontes para actividades agropecuarias y agrícolas en tierras privadas, por las que ya se incluía a Santa Cruz.
Con la nueva norma, sin embargo, se incorpora a las propiedades comunitarias para estas prácticas, en un contexto en el que sólo en Chiquitanía se registró entre 2004 y 2018, un incremento en más del 300%, la cantidad de comunidades campesinas interculturales que obtuvo autorización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para nuevos asentamientos. Esto ha conllevado al cambio de vocación de tierras de producción forestal permanente (TPFP) a zonas ganaderas y agrícolas.
“El señor Ministro de Medio Ambiente y Agua queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente decreto”, cita textual el MDRyT, en alusión al DS 3973, en respuesta al video con nota periodística elaborados por este medio que llevan el título: “Cronología de un decreto que descontroló incendios en la Chiquitanía y provocó el mayor desastre”.
Los incendios forestales se descontrolaron tras el decreto del 9 de julio con graves consecuencias socioambientales. De acuerdo a registros satelitales realizados por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) al 25 de septiembre solo en el departamento de Santa Cruz se quemó una superficie forestal de 3,9 millones de hectáreas, equivalentes al 73%, a nivel nacional. Aproximadamente el 90% de la afectación se realizó tras la cuestionada norma.
Sin embargo, a criterio del MDRyT, la información difundida por ANF tiene un “carácter de intencionalidad política, con el que se plantea una guerra mediática sucia en medios masivos y redes sociales”.
El MDRyT cita de manera textual que el DS 26075 promulgado el 16 de febrero de 2001 durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez, “permite el desmonte de tierras privadas sujeto a la aprobación del Plan de Ordenamiento Predial por parte de la Superintendencia Forestal. En este departamento se permiten las quemas de acuerdo al reglamento especial de desmonte y quemas controladas 131/97 en áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelos (PLUS) que así lo permitan”.
El decreto 3973 del 9 de julio modifica el artículo quinto del decreto 26075 y establece que “en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias que se enmarquen en el manejo integral y sustentable de bosques y tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y sus Planes de Uso de Suelos (PLUS) vigentes”.
“En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan”, señala la norma promulgada por Evo Morales en Beni y presentada ante la federación de ganaderos.
El MDRyT señala que “el DS 3973 solo adiciona el departamento del Beni, como territorio en el que se autorizan los desmontes, por solicitudes de organizaciones de productores y empresarios en el Beni para poder incentivar la producción agropecuaria”.
Lo que no menciona el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en su nota, es que también el DS 3973, incorpora a las tierras comunitarias a las quemas y desmontes para actividades agropecuarias.
Evo Morales también promulgó el 29 de septiembre de 2015 la Ley 741 de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, con la cual se profundizó el modelo de expansión de la frontera agrícola en detrimento de los bosques.
Antecedentes del MDRyT
El MDRyT señala que en el país se aprobó el año 1995 el primer PLUS a través del DS 25124 durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, elevado a rango de ley el 2003 durante el interinato como presidente de Hormando Vaca Diez en el Gobierno de Carlos Mesa.
Mientras que en el departamento de Beni el primer PLUS se aprobó a través de resoluciones prefecturales elevadas a decreto el 30 de julio de 2002, durante el Gobierno de Jorge Quiroga.
La nota de esta cartera de Estado hace referencia a artículos publicados en ANF en 2004 referidos a que el Gobierno de Mesa no aprobó el presupuesto de más de 50 millones de bolivianos para paliar sequías, incendios forestales y las heladas que azotaban algunas regiones del país.
El MDRyT también cita que ANF informó el 8 de octubre de 2004 que, a pesar que el oriente boliviano se encontraba en estado de alarma nacional por los chaqueos ocurridos en septiembre, cuando las quemas cobraron dimensiones con consecuencias irreparables.
“Toda esta información relevada de gestiones gubernamentales anteriores, pone de manifiesto el carácter de intencionalidad política con el que se plantea una guerra mediática sucia en medios masivos y en redes sociales (…) referida a que el actual Gobierno habría ampliado la frontera agrícola en el departamento de Beni con la intención de aumentar la producción de soya para la producción del biodiesel”, señala la carta dirigida a ANF.
Según datos actuales, señala el MDRyT, el 30,1% del territorio beniano está enfocado en la producción ganadera y el 2,5% agrícola; estas cifras muestran el potencial netamente pecuario del departamento.
En el 2,5% de superficie destinado al uso agrícola en el Beni se cultivan arroz con cáscara en una superficie de 34.855 hectáreas con una producción de 121.266 toneladas métricas, seguido por la producción del plátano en una superficie de 7.744 hectáreas produciendo 63.038 toneladas métricas. La producción de caña de azúcar en el Beni se encuentra en un tercer lugar, en una superficie de 1.035 hectáreas produciendo 42.982 toneladas métricas.
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