La Paz, 3 de enero (ANF).- A través de una nota de prensa, la empresa colombiana Heinsohn Business Technology S.A., aseguró que nunca recibió información sobre los resultados de la auditoria, ni de las supuestas irregularidades encontradas en el contrato suscrito con la Gestora Pública de Seguridad Social para la provisión del software de gestión del Sistema Integral de Pensiones (SIP), para la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
El pasado 23 de octubre se suscribió el contrato con Heinsohn por USD 10,9 millones, tras adjudicarse por invitación directa realizada por la Gestora, en la que compitió con otra empresa, de acuerdo a la información de la firma colombiana.
Luis Fernando Jaramillo, representante legal de la empresa, señaló que durante el proceso de contratación para la provisión de software especializado que permitiría la implementación del Sistema Integral de Pensiones de Bolivia, la firma a la que representa “siempre actuó correctamente y enmarcada en la legalidad”.
Explicó que el documento notariado de intensión de resolución de contrato que recibió de parte de la Gestora, indica textualmente como causales: “como consecuencia de caso fortuito (conmociones civiles, paros cívicos y bloqueos) producidos durante los meses de octubre y noviembre de la presente gestión en Bolivia”, precautelando los intereses del Estado; Dicho documento no mencionaría o refieriría posibles irregularidades de la empresa colombiana.
El pasado 29 de noviembre, el Gobierno transitorio decidió dejar en suspenso el contrato suscrito con Heinsohn Business Technology y realizar una auditoría a todo el proceso que dio paso al acuerdo suscrito durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Aclaración
“La Gestora no puso en conocimiento de nuestra empresa los fundamentos ni supuestas observaciones que originaron dichas causales, las que bajo ningún sentido son y podrían ser atribuibles al proveedor. Esto además lo confirma la información verbal que recibimos de la Gestora Pública en la última reunión, sostenida en La Paz el 23 de diciembre del presente año, en la que –sin mostrarnos los resultados– nos explicaron que la auditoría realizada por el Ministerio de Economía de Bolivia al proceso de contratación mostraba que las observaciones recaían única y exclusivamente en la responsabilidad interna de la Gestora Pública, no así en la empresa Heinsohn”, reveló Jaramillo.
En el contrato suscrito no existen indicios de incumplimiento, ni vicios legales por parte de la contratista, insistió el ejecutivo de la firma colombiana.
El pasado 23 de octubre la Gestora Pública suscribió el contrato con Heinsohn por USD 10,9 millones, luego de adjudicarse la invitación directa realizada por la entidad pública. Posteriormente ésta decidió suspender temporalmente el acuerdo mientras se realizaba una auditoría al proceso de contratación.
Antes de vencerse el límite de suspensión temporal, establecido en el documento contractual, los ejecutivos de la Gestora comunicaron a la contratista - en una reunión sostenida en La Paz el 23 de diciembre - la intención de resolver el contrato, lo cual fue confirmado el 27 del mismo mes, a través de una notificación oficial enviada a la empresa colombiana.
Ante esta decisión, Jaramillo aclara que, en sus 42 años de existencia, Heinsohn, ni sus socios, ni sus empleados han estado ni están incursos en procesos por corrupción o similares en los países donde han desarrollado y desarrollan proyectos. Sostiene que la compañía tiene alta trayectoria en Colombia, donde suscribe con sus clientes acuerdos anticorrupción y goza de una alta reputación local e internacional.
El ejecutivo de la empresa manifiesta que Heinsohn hará prevalecer sus derechos, intereses e imagen institucional en cualquier foro y jurisdicción que así sea requerido.
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