La Paz, 22 de julio (ANF).- La ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, afirmó este lunes que no cederán ante los pedidos de los vendedores de ropa usada, sobre la legalización de internación de su mercadería, porque el Gobierno “no puede matar a la industria nacional, ni a los microempresarios” con la importación de su mercadería.
“No podemos ceder, nosotros, para matar a la industria nacional, a nuestros microempresarios”, manifestó la autoridad estatal en contacto con los medios de comunicación.
Hace varios días que los comerciantes de prendería usada protagonizan movilizaciones en varias ciudades capitales del país, en demanda de que se legalice la importación y venta de su mercadería, solicitud que va en contra del Decreto Supremo 28761 que prohíbe su internación y venta en el país.
Para el sector comerciante de esta mercadería, esta norma va en contra de su derecho al trabajo, por lo que pide su derogación, así como se le reconozca como sector social. Debido a que su petición no es escuchada por las autoridades, los vendedores de ropa usada exigen una reunión con el presidente Evo Morales.
Pese a las movilizaciones, el Gobierno descartó cumplir con aquellos pedidos y recordó que el fortalecimiento de la industria nacional garantiza muchos beneficios para el Estado Boliviano como la generación de fuentes laborales y mayor economía.
“Por tanto, les decimos a nuestros compañeros (vendedores de ropa usada) que hoy en día están movilizados, son temas que no se puede afectar. Si ustedes quieren fortalecer la producción nacional empiecen a vender ropa nacional, productos nacionales, porque meter ropa usada desde otros países liquida a las industrias nacionales”, explicó.
En esa línea, Sifuentes recordó al sector en conflicto que en 2007 se les entregó $us 10 mil para posibilitar su cambio de rubro, pero que este dinero no sirvió para ello, sino para la compra de mayor cantidad de mercadería de prendas a medio uso.
Asimismo, dijo que el 12 de julio de este año ya se tuvo un diálogo con los representantes comerciantes de ropa usada y que se acordó trabajar en conjunto para identificar acciones para su conversión a otra actividad productiva legal, entre otros puntos.
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