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Economía

Glencore: Bolivia observa jurisdicción del tribunal arbitral en audiencias de fondo

Bolivia presentó sus observaciones a la jurisdicción del Tribunal Arbitral, así como los argumentos respecto a los hechos que determinaron la reversión de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto, y la recuperación del control de la mina de Colquiri por parte de Comibol.
23 de Mayo, 2019
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Edificio de Glencor. Foto: El Comerio, Perú
La Paz, 23 mayo (ANF) .- La Procuraduría General del Estado (PGE) observó la jurisdicción de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París, Francia, durante la última jornada de audiencias de jurisdicción y fondo dentro del caso CPA Nº 2016/39/AA641, instaurado por la trasnacional Glencore Finance (Bermuda) en contra del Estado boliviano por la nacionalización del complejo metalúrgico Vinto y la mina Colquiri.

Bolivia presentó sus observaciones a la jurisdicción del Tribunal Arbitral, así como los argumentos respecto a los hechos que determinaron la reversión de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto, y la recuperación del control de la mina de Colquiri por parte de Comibol.

El equipo de defensa jurídica del Estado representado por el procurador General del Estado, Pablo Menaco y el profesor Eduardo Silva-Romero, líder del equipo de arbitraje del estudio jurídico internacional Dechert LLP.detallaron irregularidades en el proceso de privatización y su posterior adquisición por quién calificaron ser el artífice de dicho proceso, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Durante la audiencia, el Estado boliviano presentó las declaraciones de testigos, entre cooperativistas y mineros asalariados, cuyos testimonios se constituyen en elementos de la defensa, ya que incluyó a los actores presentes durante los graves conflictos ocasionados por la empresa Sinchi Wayra, en los meses de mayo y junio de 2012.

“Los testimonios evidencian que fue la propia negligencia de la empresa Sinchi Wayra, de propiedad de la transnacional suiza Glencore International AG, la que ocasionó los graves conflictos y enfrentamientos entre cooperativistas y mineros asalariados, motivo por el cuál Comibol reasumió la dirección y administración sobre la mina de Colquiri”, argumentó la defensa boliviana.

El procurador del Estado Plurinacional acusó al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada de aprovecharse de activos en litigio.
Durante el alegato de apertura, Menacho hizo conocer al Tribunal Arbitral sobre la adquisición de los activos en litigio por parte del ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, a la que calificó de ilegal. 

Recordó que Sánchez de Lozada enfrenta un juicio de responsabilidades en Bolivia “jugó un papel fundamental para estructurar, a su propio beneficio, la privatización, y posterior adquisición de los tres bienes”.

El arbitraje instaurado en contra del Estado boliviano por la firma suiza Glencore Finance se dio por la nacionalización del complejo metalúrgico Vinto y la mina Colquiri. En un inicio la firma pidió una indemnización de $us 675,7 millones, que con los intereses habría llegado a $us 1.400 millones, de acuerdo a información extraoficial. 

A la audiencia se hicieron presentes los abogados de la firma Glencore, representada por el estudio jurídico Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP, y por parte del equipo de defensa legal del Estado boliviano, el Procurador y el profesor Eduardo Silva-Romero, líder del equipo de arbitraje del estudio jurídico internacional Dechert LLP.

La demanda fue completamente abusiva en análisis de Menacho, porque se trata de una subsidiaria de la transnacional suiza Glencore International AG, creada en un paraíso fiscal.
Glencore Finance (Bermuda) Limited –dijo Menacho- que intenta usar este arbitraje de inversión como una póliza de seguro de su propia mala administración y conflictos sociales creados en Bolivia.

Menacho añadió que la compañía suiza adquirió los bienes objeto del arbitraje “bajo pleno conocimiento que la persona de quien los adquiría era Sánchez de Lozada, quien había huido de Bolivia, luego de haber provocado uno de los conflictos sociales recientes de mayor gravedad como fue la “Guerra del Gas”, con un saldo trágico de 64 fallecidos y más de 400 heridos.

El Procurador señaló que la compañía sabía del juicio de responsabilidades en contra de Sánchez de Lozada por los eventos de 2003.

Durante la audiencia, la defensa boliviana expuso las irregularidades e ilegalidades cometidas respecto a la privatización de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y al arrendamiento de la mina de Colquiri, entre las que señaló: su adquisición por Sánchez de Lozada entre su primer y segundo mandato.

También se mencionó montos irrisorios montos de adquisición y minúsculos compromisos de inversión, además de la ocultación al Congreso Nacional sobre la adquisición realizada por Comsur y las relaciones de negocios, de larga data, entre el expresidente boliviano y el extinto fundador de Glencore, Marc Rich, sobre quien recaía una orden de captura en los Estados Unidos.

La fundición de estaño y la fundición de antimonio en Vinto y el arrendamiento de la mina de Colquiri fueron recuperados por el Estado boliviano entre 2007, 2010 y 2012, respectivamente, debido a las ilegalidades cometidas en el proceso de privatización y a los graves conflictos sociales ocurridos en Colquiri a mediados del año 2012.

El arbitraje de inversiones se inició con la solicitud de arbitraje presentada por Glencore Finance (Bermuda) Limited el 18 de julio del año 2016, en el marco del tratado de protección de inversiones suscrito entre Bolivia y Gran Bretaña, bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 

/ANF/ 

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