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Economía

11 de junio de 2019 18:37

Fundación Tierra advierte que "consulta previa" a Tacanas II para sísmica vulneró compromisos

La sistematización: “Consulta previa” a las comunidades indígenas. Una experiencia agotadora en defensa del territorio Tacana II, ante la exploración hidrocarburífera “Sísmica 2D Nueva Esperanza” en Amazonia Norte será presentado este martes en La Paz.

tacanas.reunion Tacanas II en reuniones de consulta. Foto: Fundación Tierra
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La Paz, 11 junio (ANF).- Fundación Tierra advierte en un reciente estudio, que el proceso de “consulta previa” para la exploración hidrocarburífera denominada "Sísmica 2D Nueva Esperanza” en la Amazonía del norte de La Paz, no cumplió con los procedimientos para territorios indígenas, y que una vez obtenido el consentimiento, vulneró los compromisos. 

“Consulta previa” a las comunidades indígenas. Una experiencia agotadora en defensa del territorio Tacana II, ante la exploración hidrocarburífera “Sísmica 2D Nueva Esperanza” en Amazonia Norte de Gonzalo Colque y Mario Paniagua

El documento señala que el principal acuerdo del acta final de la consulta fue la aceptación por ambas partes –Tacanas II y el Ministerio de Hidrocarburos- de una distancia no menor a 65 metros entre los árboles de castaña y los puntos de tiro o explosión del proyecto sísmico reconocido por la cartera de Estado el 10 de septiembre de 2015.

Sin embargo, a mediados de 2016, después de superar las tensiones de inicios de año, las reuniones entre YPFB, la empresa ejecutora del proyecto sísmico la china BGP y otras instituciones estatales, plantearon a las comunidades de Tacana II, renegociar la distancia de seguridad de 65 metros entre el árbol de castaña y los puntos de tiro. 

“En una reacción tardía y desconociendo el acuerdo final de la consulta, YPFB y BGP, argumentaron que el proyecto estaba expuesto a riesgos de inviabilidad técnica si se mantenía la distancia concertada. Pidieron reducir a 15 metros lo pactado y suscribir un nuevo acuerdo (…). Como es de esperarse, después de muchas reuniones, con diferencias de poder muy evidentes, YPFB logró suscribir un nuevo acuerdo con Tacana II el 18 de junio de 2016”, sostienen los autores.

Fue de ese modo que se determinó bajo presión una nueva distancia entre los árboles de castaña y el punto de tiro a 40 metros de distancia.

Sin embargo, el 9 de octubre de 2016, es decir unos meses después del acuerdo, los monitores indígenas socioambientales que fueron contratados como parte de los acuerdos, informaron que en base a la información de BGP y sus propios datos de seguimiento, habían identificado 454 puntos de explosión que no cumplían la distancia mínima establecida de 40 metros, por lo que deberían ser reubicados antes de proceder con las explosiones o registros. 

También identificaron 101 puntos de tiro que no cumplían con la distancia mínima de 100 metros establecida en la tabla de parámetros del estudio de evaluación de impacto ambiental (EEIA-AI), con respecto a arroyos, quebradas, curichis y nacientes de agua. 

“El papel de los monitores indígenas socio ambientales fue fundamental para el control social y respeto de los acuerdos firmados. Esto llevó a los comunarios de las áreas afectadas a trasladarse hasta las brechas abiertas en terreno para las líneas sísmicas. Una vez que comprobaron que se estaban incumpliendo los acuerdos, pidieron a los trabajadores de BGP que abandonen el área y así lo hicieron”, señala la sistematización.

La salida de los trabajadores de la TCO causó un movimiento inusitado de parte de YPFB y BGP, según señala el estudio. Al tercer día del conflicto se llevó una asamblea de emergencia en Toromonas, donde participó a nombre del Gobierno nacional el ministro Carlos Romero. En esa asamblea YPFB y la empresa BGP se comprometieron a revisar y, si correspondía, a neutralizar los puntos de tiro que no cumplían con los parámetros señalados y acordados.

Se sobreentiende que la definición de las líneas sísmicas y puntos de tiro es un trabajo técnico de alta complejidad y que la consulta es un proceso de concertación social que está inhabilitado para redefinir libremente los temas técnicos del proyecto. 

“Cuando el proceso de consulta expuso el hecho de que los estudios técnicos del Gobierno no habían tomado en consideración la presencia y distribución geográfica de los árboles de castaña, quedó evidente que había un solapamiento entre los puntos de tiro y ubicación de los castañales”, se observa.

De buena fe

La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse de buena fe, informada o con pleno conocimiento de los pueblos indígenas, libre en su proceso de participación y toma de decisiones, previo a la puesta en marcha de los proyectos y mediante procedimientos apropiados. 

“Cualquier valoración del grado de cumplimiento de estos principios puede concluir que las experiencias como de Tacana II se caracterizan por una acción gubernamental de evasión sistemática de los procedimientos y acuerdos alcanzados”, señala el informe.

Según los investigadores, los funcionarios y autoridades responsables de la consulta en realidad son negociadores o “lobistas” que se dedican mediante múltiples medios, a obtener la firma de actas de concertación y acuerdos con el menor esfuerzo posible. 

“Con las recientes modificaciones legales que definen plazos y tiempos, ni siquiera hace falta llegar a un acuerdo mutuo porque el Gobierno se atribuye la potestad de declarar la consulta como realizada después de algunos pasos burocráticos”, afirman en el documento.

Pueblo no contactado

Uno de los beneficios indirectos fue la contratación de varios miembros de las comunidades como monitores indígenas socioambientales. Se generó una fuente laboral temporal para 49 personas. 

Sin embargo, la sistematización hace notar que, durante este proceso, salió a la luz pública la posible existencia de “pueblos no contactados” en las zonas de poco o ningún acceso para los pobladores del lugar. 

“Esta posibilidad fue negada por el Gobierno nacional a pesar de que los Tacanas remitieron informes, tanto a YPFB, BGP, como al Ministerio de Justicia. La autoridad competente no emitió ningún pronunciamiento, en tanto la empresa ejecutora se limitó a anunciar que ejecutaría el plan de contingencia del proyecto en caso de verificarse la información”, señala el estudio.

/JMC/ 


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