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Economía

29 de julio de 2022 13:09

Experto critica que INRA Santa Cruz se "desentienda" del lío en Las Londras por acuerdo con avasalladores

El exdirector del Fundación TIERRA Gonzalo Colque afirmó que en Guarayos existe un "gran negociado" por las tierras, porque una hectárea cuesta $us 2.000 solo por posesión sin derecho propietario.

Avasallameintos Foto: Captura de video de En Tempo Real Noticias
SEPTIEMBRE 1

La Paz, 29 de julio de 2022 (ANF).- El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene competencia, con la ayuda de la Policía, para desalojar a los “ocupantes ilegales” de Las Londras donde ha explotado un nuevo conflicto; criticó que se “desentienda” de controlar el lío porque coordina y tiene acuerdos con los avasalladores de Guarayos, sostiene el exdirector de Fundación TIERRA, Gonzalo Colque.  

Para ubicar en la región, Colque explicó que se trata de la misma zona que se conoce como Las Londras, donde el año pasado un grupo de personas fue secuestrado, cuya extensión es de 8.000 hectáreas (has) de tierra. Esta zona está a lo largo del río Pailas, por eso se denomina Pailitas.

Este fin de semana, estalló un nuevo enfrentamiento por tierras. Colque advierte que este escenario de confrontación armada no va a cesar, porque hay un gran negociado, si es que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no asume su responsabilidad en preservar y custodiar en este caso las 8.000 has que son tierras fiscales “no disponibles” por ser parte de la Reserva Forestal Guarayos.

El INRA Santa Cruz ha señalado que no tiene competencia sobre Las Londras, sin embargo, Colque refutó esta posición, señaló que esa institución se “desmarca de todos los conflictos y tráfico de tierras porque se ha visto sobrepasado, no tiene control sobre los territorios” y porque ha tenido niveles de coordinación con los avasalladores.

Observó que el INRA no ha logrado el desalojo de asentamientos ilegales evidentes porque ha sido sobrepasado por tomas y conflictos donde la institución estatal prefiere desmarcarse y “desentenderse”.

Precisó que el INRA es el máximo órgano de titulación, saneamiento y protección del derecho propietario, ya sea privado, comunitario, TCO o tierra fiscal, por lo tanto, tiene que garantizar ese derecho propietario.

¿Cómo frenar esta escalada de enfrentamientos por tierras? El exdirector de TIERRA sostiene que una vía es asumir el control sobre esas tierras, lo que significa que en términos técnicos y jurídicos “tiene que proceder al desalojo de los ocupantes ilegales, debe emitir resoluciones de desalojo y acudir al uso de la fuerza pública a la Policía para hacer cumplir las mismas”.

Acotó que este descontrol es producto de la propia conducta del INRA Santa Cruz, que “ha tenido cercanía y no sabemos qué tipo de acercamiento con el sector de los avasalladores de San Julián. Han estado en coordinación con el INRA, ocupando estas tierras. El INRA ha comprometido y respaldado el asentamiento de algunos ocupantes ilegales”.

Lamentó que la institución encargada de garantizar el derecho propietario y el resguardo de las tierras fiscales no actúe con independencia, “debía actuar sin esa intervención política”, sostuvo.

Tras el secuestro violento y armado de avasalladores en Las Londras el pasado mes de octubre de 2021, el director del INRA Adalberto Rojas acudió al lugar a una reunión, donde fue recibido por uno de los líderes del ataque a los civiles y policías.

Colque cree que este tipo de hechos ponen en cuestión la independencia con la que debería actuar esa institución, sin “cálculos políticos, sin promesas políticas a cambio de tierras a ciertos sectores, en este caso a interculturales”.

Tres grupos pugnan por esas tierras que tienen un alto valor en el mercado

El especialista en temas agrarios explicó que son al menos tres grupos fuertes que pugnan por esas tierras en Guarayos, privados, campesinos e interculturales, porque es una zona de agricultura mecanizada, por lo tanto, las tierras tienen un alto valor económico.

Cada hectárea de tierra tendría un valor sin papeles de $us 2.000 en un mercado donde se compra la posesión y no el derecho propietario, entonces se trata de un movimiento de millones.

Si cada supuesta “comunidad creada” logra controlar 500 hectáreas, tendría por lo menos un millón de dólares de ingresos por esas tierras que son fiscales. Por eso es la pelea, detalló.

Colque aclaró que no existe ninguna subcentral que agrupa a varias comunidades, porque el asentamiento más cercano estaría a 20 kilómetros, lo que hacen es “crear figuras jurídicas” para justificar la creación de comunidades campesinas e interculturales, así como privados que van fraccionando los predios.

El fraccionamiento de esas tierras es para que tenga la condición de pequeñas propiedades ganaderas, para que lleguen a titularse por encima de las restricciones que impone una reserva forestal.

“Están haciendo varios juegos para apropiarse de esa tierra fiscal no disponibles, privados, campesinos e interculturales que le meten su propia lucha y ahora se confrontan entre ellos”, sostuvo Colque.

//NVG//





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