César Navarro, ministro de Minería. Foto: ANF
La Paz, 5 diciembre (ANF).- El Gobierno a través del ministro de Minería, César Navarro reconoció que resultado de la verificación in situ de las operaciones mineras se pudo evidenciar a actores mineros que no trabajan las áreas que les autorizó la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y que se relacionan con ilegales.
“Lo que sucede es que la AJAM está otorgando contratos a quienes solicitan y cumplen los requisitos, pero también estamos verificando que hay actores mineros que no están trabajando en las áreas que han sido autorizadas y están utilizando otro tipo de relación con otros actores mineros que no son reconocidos legalmente” aseguró.
En un reciente operativo realizado en el río Beni bajo, la Armada Boliviana confiscó dragas chinas que operaban de manera irregular en Cachuela Esperanza, concretamente en la isla Oro Blanco, en áreas mineras otorgadas a la empresa Río Dorado SRL, con permiso para explotar durante 30 años sobre 2.000 hectáreas.
La Agencia de Noticias Fides en su reportaje: “Dragas chinas llegan a Cachuela Esperanza de la mano de empresa para explotar oro por 30 años” develó la presencia de ciudadanos chinos en la explotación aurífera con dragas de última generación que operan sobre 80 cuadrículas (2.000 hectáreas) durante tres décadas.
Ante los recientes operativos de la Armada Boliviana en la que se confiscaron las dragas chinas en Cachuela Esperanza del municipio de Guayaramerín, Navarro dijo que dichos operativos son frecuentes. “Es parte de los múltiples operativos para verificar la explotación ilegal y es parte de la acción permanente de la AJAM”, dijo.
Ante los reclamos de los pobladores de Cachuela Esperanza por no haber sido consultados, la AJAM dijo que esta población no era sujeto de consulta a pesar de contar con el informe técnico de la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero que establece que las 80 cuadrículas mineras se encuentran en dos provincias de los departamentos de Beni y Pando e involucran a los municipios de Guayaramerín y Villa Nueva.
Consultado por la presencia de organizaciones criminales en torno a la actividad ilegal minera en el norte de La Paz dijo que no niega tal presencia pero que hasta finales de 2019 se tendrá saneado el registro de titularidad minera.
“Los contratos mineros que existían antes de la ley 535 no requerían de consulta previa, los nuevos contratos si requieren de consulta previa, entonces lo que estamos haciendo es que contratos antes de la ley con derecho preconstituido no requieren de consulta, por lo tanto estamos pidiendo información en detalle para saber si tienen o no la autorización”, dijo.
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