La Paz, 23 de agosto (ANF).- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, llamó a la población y a los políticos a no buscar culpables de los incendios forestales en la Chiquitanía. Dijo que la prioridad es conseguir ayuda humanitaria para las más de 1.800 familias afectadas por las quemas.
“Lo que corresponde ahora es buscar la primera línea de ayuda humanitaria”, respondió este viernes Cruz, ante la pregunta de los periodistas sobre si existe la necesidad de buscar a los culpables de los incendios provocados en Santa Cruz.
Los fuegos en la Chiquitanía dejaron a ocho familias sin hogar y a más de 1.800 afectadas. Las principales comunidades afectadas son: Roboré, San José de Chiquitos, San Ignacio de Velasco, San Rafael, Carmen Ribero Torres, San Matías, Charagua, Pailón y de Puerto Suárez.
Por ello, la Defensoría del Pueblo lanzó una campaña de ayuda humanitaria con recolección de alimentos, enseres y vituallas. Los puntos de acopio están en las 17 defensorías departamentales de Bolivia.
Según cifras oficiales, hasta la fecha se quemaron más 750 mil hectáreas de bosques, pastizales y cultivos.
La Defensora dijo que las especies de fauna afectadas alcanzaron a más de 500 especies.
La Defensora del Pueblo habló de buscar los responsables de los fuegos provocados en la Chiquitanía en una alianza Regional, pero cuando el tiempo amerite.
“Consideramos que esto no es una problemática solamente del Estado boliviano, sino una problemática de la Región. Vamos a hacer un análisis, vamos a plantearlo ante nuestra Federación Iberoamericana, para que, a través de una investigación, a través de una suma de acciones de la Región podamos ver la incidencia de establecimientos y de responsabilidades, sean particulares o estatales”, finalizó Cruz.
El principal responsable de las quemas en la Chiquitanía es el Decreto Supremo 3973, según 21 organizaciones de la sociedad civil quienes emitieron un pronunciamiento conjunto. Lo calificaron a los incendios de la Chiquitanía como “una de las peores catástrofes naturales” de la historia de Bolivia.
El Decreto Supremo 3973, aprobado el 10 de julio de 2019, autoriza las quemas controlada y el desmonte o chaqueo en tierras privadas y comunitarias del departamento de Beni y Santa Cruz.
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