La Paz, 12 de octubre (ANF).- La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) alertó que a consecuencia de la crisis del agua, hubo una caída del 35% en la producción minera en el departamento de Potosí. Responsabilizó de la actual situación a las diferentes autoridades de turno por la mala gestión municipal y también al calentamiento global.
El secretario de Prensa y Propaganda de la FSTMB, Carlos Antequera, señaló que el problema de la escases del agua no es reciente, pero que en los últimos meses se agravó como consecuencia de una mala planificación y gestión del agua, ya que había antecedentes de que las zonas altas de la ciudad de Potosí prácticamente dependían de “San Pedro”, en alusión a las lluvias.
Sin embargo enfatizó en que la actividad minera no puede paralizarse, pues no sólo la economía de Potosí depende de ella, sino también la del país por constituirse en la segunda actividad en generar ingresos al Estado.
“Evidentemente no hubo planificación, si bien hubo actividades mineras, pero las mismas autoridades tuvieron que planificar, la falla técnica y administrativa es de quienes llevaron nuestras instituciones”, aseguró el dirigente.
Antequera dijo que incluso el sector minero propuso usar las aguas de los manantiales del Silala, pero que debido a la demanda internacional con Chile, este recurso no puede ser utilizado por el departamento de Potosí.
De acuerdo a datos oficiales del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), como efecto de los mejores precios en el mercado internacional, en el primer semestre del año, las regalías mineras se incrementaron en 35%, llegando a 547 millones de bolivianos, en relación a los 399 millones alcanzados en el mismo periodo del año pasado.
El ministro de Minería, César Navarro, afirmó que el agua potable en Potosí alcanzará hasta el mes de diciembre y que posteriormente se implementarán otros planes de contingencia como la perforación de pozos, aunque también confió en que el periodo de lluvias dote del recurso a la Villa Imperial.
Según el diputado potosino de oposición, Gonzalo Barrientos, en Potosí el 70% del agua se va a la actividad minera atentando de ese modo el derecho humano de la población a acceder al líquido elemento en la cantidad y calidad suficientes.
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