La Paz, 12 de mayo de 2022 (ANF). - La Contraloría General del Estado emitió un informe preliminar sobre un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) que el Gobierno de Jeanine Añez activó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020 y halló responsabilidad en 25 exautoridades, por lo que se podría activar un proceso civil para la recuperación de Bs 200,4 millones.
El parte de control tiene fecha del 2 de marzo de 2022 y a varios implicados recién los notificaron el miércoles 11 de mayo. En la parte conclusiva del texto menciona: “Las acciones y/o omisiones descritas precedentemente constituyen indicios de responsabilidad civil solidaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, inciso c) de la Ley 1178 y están sujetos a la aplicación del artículo 77, inciso i) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, por concepto de pérdida de bienes del Estado por negligencia y/o irresponsabilidad de los funcionarios, a cuyo cargo se encuentran, por el importe de Bs 200.454.122,18 en contra de...”
Luego, agrega los nombres: “José Luis Parada Rivero, exministro de Economía; Guillermo Aponte Reyes, expresidente a.i. del Banco Central de Bolivia; Walter Erik Guzmán Tordoya, exgerente de Operaciones Internacionales del BCB; Sergio Bernardo Dávila Corrales, exgerente de Asuntos Legales a.i.; y Ludgi Marcia Morales Soruco, exjefe del Departamento Legal en Banco Central e Investigación.
También en la lista están: “Walter Erwin Morales Carrasco, José Gabriel Espinoza Yañez, Luis Armando Pinell y Orger Alejandro Banegas Rivero, exdirectores del BCB”. Y, la expresidenta Jeanine Añez y 17 exministros que firmaron el decreto supremo que autorizó el IFR.
En tanto, en las recomendaciones se menciona: En cumplimiento de los artículos 39 y 40 del “Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República”, aprobado por Decreto Supremo No 23215, el contenido del presente informe debe ser de conocimiento de los presuntos involucrados en los hallazgos de responsabilidad, para que en un plazo de 10 días hábiles, a partir de su recepción del mismo, nos remitan sus aclaraciones y justificaciones, anexando la documentación respaldatoria correspondiente, debidamente legalizada.
Según fuentes consultadas por la ANF, a partir del informe de la Controlaría se podría activar un proceso civil para recuperar los 200,4 millones de bolivianos que se menciona como pérdida, en una acción de repetición para todos los mencionados.
Entre los antecedentes del caso, el 18 de marzo, el exministro de Economía, Parada, solicitó la otorgación de un crédito al FMI, mediante el IFR por un valor de DEG 240,1 millones que al cambio de dólar equivale a $us 332 millones.
Los DEG no tienen una moneda de cambio y el monto recibido fue vendido al Banco Central de Bolivia y también en Australia para que el valor en dólares llegue al país. La Contraloría dijo que este procedimiento no tuvo aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley.
El proceso tuvo un “Pagaré” que implicaba un intercambio de activos, el depósito a cuentas se hizo el 21 de abril de 2020. El 16 de junio, la Comisión Mixta de Planificación de la Asamblea Legislativa rechazó el proyecto de ley de crédito con el FMI por falta de documentación.
Ante el recurrente rechazo legislativo, el 15 de octubre, el ministro de Economía, Branko Marinkovic, reemplazante de Parada, decidió retirar el proyecto de ley del Legislativo. El monto estuvo en una cuenta del BCB y no se dispuso el uso de los recursos.
La suma monetaria que se observa como dinero perdido es la diferencia del monto inicial, sobre el tipo de cambio, que fue de 332 millones de dólares y la devolución fue por 351,5 millones. Esa resta se debe a que en el periodo que se adquirió el IFR, la cotización del DEG era menor y si el Gobierno aguardaba unos meses después, el monto de devolución podría haber sido menor y se hubiera ganado algún remanente.
Algunas voces dentro del proceso consideran que la decisión del Gobierno fue política, ya que se los va a procesar por una acción que no hicieron y fue responsabilidad de la actual gestión de Luis Arce.
El préstamo del FMI tiene a la par un proceso penal contra las exautoridades del Gobierno de Jeanine Añez, están en proceso de investigación y todos cumplen medidas sustitutivas. La Fiscalía General del Estado retiró una proposición acusatoria por este IFR con el FMI, debido a que no se puede juzgar dos veces por el mismo delito.
//DLP/nvg//
