La Paz, 03 nov (ANF).- Con el rótulo de “concluido”, consigna el CIADI el arbitraje que EuroTelecom International N.V. (ETI) inició contra Bolivia por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) que comenzó a ser nacionalizada en mayo del 2007. El proceso fue registrado en este organismo el 31 de octubre de ese año.
A dos años de registrado el proceso, éste quedó extinguido, porque el tribunal arbitral dictaminó la validez del retiro de Bolivia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“El procedimiento fue discontinuado a solicitud del demandante”, la italiana ETI, señala el informe del CIADI al indicar que la “orden de tomar nota de la terminación del procedimiento” fue dictada por el tribunal de arbitraje el 21 de octubre del 2009.
Durante esta gestión la misión del tribunal era tratar y definir si el CIADI todavía tenía jurisdicción en la apelación de ETI contra el gobierno de Evo Morales, dado que en mayo del 2007, Bolivia se marginó de este Centro de Arbitraje Internacional por desacuerdos entre los Estados y las empresas privadas.
El tribunal de arbitraje estaba integrado por el alemán Bruno Simma, que lo preside, el chileno Francisco Orrego Vicuña, en representación de ETI, y el franco-británico Philippe Sands por Bolivia. Fue constituido el 17 de octubre del 2008.
La decisión del tribunal está conforme con el artículo 44 del CIADI, señala el informe de la entidad sin dar mayores detalles.
Si ETI decidiera llevar adelante un proceso arbitral deberá recurrir a otro tribunal arbitral, señalan en fuentes gubernamentales.
ANTECEDENTES
Bolivia denunció el Convenio del CIADI el uno de mayo del 2007, pero esta decisión se hace efectiva seis meses después, es decir, a finales de octubre del mismo año. Sin embargo, ETI presentó su demanda de arbitraje el 12 de ese mes, señalan
informes publicados en la época, en tanto que la página web del Centro establece como fecha de registro el 31 de octubre.
ETI recurrió al CIADI, inicialmente, por la transferencia de las acciones de los bolivianos, que eran gestionadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), al Ministerio de Obras Públicas, aprobada por decreto supremo 291001 del uno de mayo del 2007.
Proceso que luego fue ampliado por la nacionalización del 50 por ciento de la propiedad que ETI tenía en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), de acuerdo con los informes proporcionados por el gobierno el año pasado.
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