Horacio Villegas, presidente de la CNI junto a Hugo Siles, asesor de presidencia. Foto: ANF
La Paz, 15 de diciembre (ANF).- La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advierte desaceleración económica el 2017 como efecto del contrabando, el comercio informal y la sobrefiscalización y regulación a las industrias, situación que generó un deterioro en el clima de la actividad industrial y manufacturera.
Durante la presentación del informe anual de evaluación de la industria manufacturera, Villegas manifestó la preocupación del sector por la acentuación del clima de desaceleración económica caracterizado por la profundización de los déficits gemelos: el fiscal y el comercial, además del aumento de la deuda pública interna y externa.
“Alertamos, que, de no tomarse medidas efectivas y oportunas, este clima de desaceleración económica puede llegar a traducirse en un impacto negativo de proporciones importantes sobre la inversión, la producción industrial y la generación de empleo productivo y formal”, dijo durante una conferencia de prensa ofrecida junto al asesor de la CNI, Hugo Siles.
Villegas señaló que el 2018 la actual desaceleración económica continuará como tendencia y, por ello urge al Gobierno aplicar medidas contracíclicas efectivas y de largo plazo que garanticen condiciones de desarrollo económico verdaderamente sostenibles.
Durante el año, dijo Villegas, el modelo de desarrollo primario exportador siguió profundizándose, y se ha hecho más evidente con las políticas públicas que no generaron logros sobresalientes en la diversificación productiva y la promoción del desarrollo industrial manufacturero. “Creemos, lamentablemente, como se evidenció en el mensaje del 6 de agosto, el presidente Evo Morales se olvidó de la industria manufacturera privada formal”, dijo.
En análisis del industrial, la importación ilegal de productos manufactureros como alimentos, textiles, muebles, productos farmacéuticos, bebidas y calzados se han sumado a la exportación ilegal de materia prima como la madera y cueros y el creciente comercio informal, para agravar la competencia desleal y desigual que sufren las industrias formales en el país.
En este escenario dijo que los esfuerzos de lucha en contra del contrabando por parte de la Aduana Nacional de Bolivia fueron destacables pero insuficientes y queda en evidencia que se requiere una decisión política, clara y contundente y queda en evidencia esta actividad ilícita.
Incrementos a tarifas
El presidente de los industriales mencionó que en 2017 el sector industrial manufacturero experimentó los efectos negativos de las resoluciones de incremento del 3% a la tarifa eléctrica y el incremento de hasta el 48% a la tarifa de gas natural, hechos que se constituyeron en cargas adicionales que el sector industrial debe enfrentar, y que se convierten en obstáculos para su desarrollo y el del propio país.
Ante esta situación, la CNI dijo que redobló sus esfuerzos por representar y defender los intereses del sector industrial formal. Consecuentemente, presentó cinco recursos de impugnación ante diferentes entidades públicas con varios casos en los que ha logrado modificaciones a las normas recurridas.
Más de 80 puntos pendientes
Villegas destacó que la CNI continuó siendo parte de los esfuerzos de diálogo con el Gobierno, iniciados hace tres años y en los que participaron otros entes gremiales empresariales con los que se generó más de 80 puntos que requieren atención para mejorar el desempeño de la empresa privada a través de políticas públicas que promuevan su desarrollo.
“Lamentamos que a pesar del tiempo y recursos dedicados, ninguno de esos puntos haya recibido respuesta satisfactoria de parte del Gobierno (…). A pesar de los nulos antecedentes favorables, la Cámara Nacional de Industrias ha reemprendido un intenso diálogo público-privado con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y otras instituciones públicas”, señaló.
El sector industrial manufacturero dijo que en la última reunión de presidentes del sector industrial realizada en Cochabamba a mediados del presente año, expresó y ratificó su vocación de diálogo con el sector público, para tratar temas permanentemente vigentes y apremiantes.
Entre los temas más apremiantes para el sector citó el contrabando, el comercio informal, la inflexible política laboral, los incrementos salariales aplicados sin consulta al sector privado, la sobreregulación y la excesiva fiscalización sobre las industrias formales, mismo que generan un clima de negocios adversos para la iniciativa privada y restan productividad y competitividad a la producción hecha en Bolivia.
Exceso de normas
Al igual de lo sucedido en los últimos años, Villegas dijo que en esta gestión que concluye el sector industrial manufacturero, ha continuado experimentando un exceso de emisión de normas regulatorias, que si bien se enfocan en temas importantes, sobre lo que no queda duda es que es necesario legislar el reglamento ambiental del sector industrial manufacturero o el etiquetado de productos genéticamente modificados.
En la mayoría de los casos implican cargas y costos adicionales para la industria formal que podrían ser evitados si existiera una adecuada coordinación entre el sector público y privado para que los proyectos de normas sean discutidos a nivel técnico eliminado así, excesos o inconsistencias que posteriormente inviabilicen su aplicación.
Este mismo criterio se aplica para el caso de otras instituciones públicas como el Servicio de Impuestos Nacionales que ha emitido normas que aumentan sostenidamente la fiscalización tributaria, enfocándose sin embargo casi únicamente sobre el sector empresarial privado formal, lo cual deja una enorme porción del universo tributario potencial, libre para continuar evadiendo sus obligaciones tributarias.
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