La Paz, 8 de octubre (ANF).- El Comité Cívico pro Santa Cruz visitó hasta el momento cuatro municipios de la Chiquitanía con el fin de verificar los asentamientos ilegales, puesto que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no desalojó los mismos tal como le conminó el cabildo de Santa Cruz. Solo en San Ignacio de Velasco identificó 152 comunidades irregulares y hasta el viernes dará el número total identificados en los municipios chiquitanos.
“Son 156 (comunidades) las originarias que son las asentadas normalmente y son 152 las nuevas que han llegado, que son las comunidades impuestas, que no cumplen ni siquiera con el programa del municipio y la asistencia social que debieran tener”, explicó el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en contacto con los medios.
Según el cívico estas comunidades son asentamientos nuevos en San Ignacio de Velasco que fueron dadas como promesas electorales y que los beneficiados llegan solo para chaquear zonas no aptas para la agricultura.
“Se está buscando un asentamiento claro para un tema electoral. Lo que haciendo es traer gente que prende fuego, le dan maquinaria, chaquean y se van. Hacen daño por un tema electoral y se vuelven, ni siquiera son comunidades que están asentadas en su totalidad”, resaltó.
Verificaciones
Camacho, junto a representantes de instituciones y cívicos de provincia, se reunió este martes con los alcaldes de Concepción, San Ignacio, San Rafael y San Miguel para iniciar el proceso de verificación de asentamientos ilegales. Las autoridades ediles de los cuatro municipios brindaron información detallada, en la medida de sus posibilidades, en relación a los asentamientos y avasallamientos en esas zonas chiquitanas.
Camacho resaltó que aún recién se sistematizarán los datos de la cantidad de asentamientos y hectáreas que fueron avasalladas el viernes, luego de todo el recorrido por la Chiquitanía. Sin embargo, adelantó algunas cifras.
Dijo que si bien San Miguel no se registró muchos asentamientos irregulares estos han ocupado alrededor de 156 mil hectáreas.
Asimismo, Camacho cuestionó al INRA por no haber dado la información necesaria sobre los asentamientos a los alcaldes de los municipios, para que puedan contemplar el crecimiento de su jurisdicción.
San Rafael
El último municipio que visitó en esta jornada fue el municipio de San Rafael. En este no se cuenta con la cantidad exacta de asentamientos irregulares debido que los mismos no fueron coordinados con la Alcaldía; sin embargo, se conoce que al menos 100 comunidades son ilegales.
“Lo que tenemos es referencia de algunas de las resoluciones que ellos dan y que se apersonan para pedir acetificación de ubicación, si ese predio se encuentra en el municipio. Extraoficialmente sabemos que son más de 100 comunidades ya dadas en resolución de asentamiento y es un hecho preocupante porque ha sido inconsultamente con el municipio, atribuyendo que es de manera privativa del Estado distribuir las tierras”, dijo el de San Rafael, Julio Alvis, en una entrevista con la red Unitel, transmitido por la cuenta de Facebook del Comité.
Alvis precisó que dentro de su Presupuesto Operativo Anual (POA) solo se encuentran registradas 23 comunidades originarias y campesinas.
Desalojos
Camacho recordó que por mandato del Cabildo y como estipula la norma, estos asentamientos ilegales deben desalojarse. Descartó que dicha medida se incentive a la violencia, tal como denunciaron desde el gobierno y organizaciones campesinas afines al MAS. Aseguró que los desalojos realizarán de manera pacífica.
“Nosotros hemos coordinado, por ejemplo, con el alcalde de San Ignacio que ha realizado algunos desalojos de forma pacífica sin ningún problema y creemos que ese es el problema, y el gobierno le está mintiendo a todos”, dijo Camacho.
La medida se realiza tras la determinación del cabildo, organizado el pasado viernes por el Comité Pro Santa Cruz, que dio un plazo al INRA hasta este lunes, al mediodía, para que desaloje a los colonos de las tierras fiscales y áreas protegidas ilegales.
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