China acoge 284 de 346 recomendaciones sobre DDHH en inversiones extranjeras

En la sesión de adopción del informe del EPU, la delegación china expresó que su apertura a recibir dichas recomendaciones “demuestra completamente la determinación china y su actitud abierta y activa hacia la promoción y protección de los derechos humanos”.

El EPU es una oportunidad para evaluar cada cuatro años y medio el comportamiento de cada Estado miembro de la ONU en materia de derechos humanos.

“Aunque este no es el primer EPU para China, la respuesta de China frente a las recomendaciones orientadas a evitar violaciones de derechos humanos en el marco de sus inversiones en el extranjero, constituye un hecho sin precedentes para China y para el mundo”, destaca el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA).

Desde principios del milenio, el Estado chino ha puesto a funcionar una potente maquinaria diplomática y financiera para capturar proyectos extractivos y de construcción de infraestructura en todo el mundo. 

En América Latina y el Caribe (ALC), los bancos y las empresas chinas se han convertido en actores determinantes para el goce de DDHH de grandes grupos sociales, ya que han facilitado el financiamiento y han construido cientos de proyectos mineros, petroleros, hídricos, y de infraestructura de transporte, mu chos de los cuales han causado graves daños ambientales y sociales a miles de personas, según los informes presentados ante la ONU.

En el marco del último EPU, China aceptó específicamente, entre otras, dos recomendaciones de las misiones diplomáticas de Ecuador y Perú, las cuales al Estado chino respectivamente a: “Promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructuras dentro y fuera de su territorio sean plenamente compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, de conformidad con el derecho nacional e internacional aplicable y con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

También aceptó “Considerar la posibilidad de establecer un marco jurídico para garantizar que las actividades realizadas por las industrias sujetas a su jurisdicción no menoscaben los derechos humanos en el extranjero.”

“Con esto China ha aceptado que la obligación de proteger los derechos humanos no es sólo de los Estados en donde se llevan a cabo los proyectos, sino también de las compañías y empresas chinas que los ejecutan y viabilizan;  pero además, el Estado chino deberá rendir cuentas al CDHNU por ello” señaló Julia Cuadros de CooperAcción (Perú). 

China también aceptó recomendaciones de Palestina, Haití, Fiji, República del Congo y Kenia, en las que se exhorta a este país a tomar en cuenta el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Principios Marco de Derechos Humanos y Negocios de la ONU y el cambio climático en las inversiones chinas en el extranjero. Para Marco Antonio Gandarillas del CEDIB (Bolivia) “Todo esto da cuenta de un clamor global que reclama a China que respete los derechos de las comunidades locales y de la naturaleza; y aún más, que desista de los grandes proyectos que solamente benefician a sus promotores".