Cedib: el 37,6% de la superficie de las TCO tituladas fue sobrepuesta con áreas petroleras

“Respecto a los Derechos Humanos de pueblos indígenas como es el territorio y la biodiversidad, elementales para la vida, pero se están desarrollando actividades petrolíferas; 37% de las áreas petroleras se superponen a TCO tituladas, no estamos hablando de las demandadas, esto sí que es un hecho muy grave porque la mayor parte de esta sobreposición se ha dado a través de medidas de subasta de áreas aprobadas por decretos supremos del último quinquenio”, señaló.

En entrevista con ANF, el investigador dijo que se habla de 8 millones de hectáreas sobrepuestas a territorios titulados. “Hay varios ejemplos por regiones, en la región norte amazónica, seis de ocho tienen sobrepuestos derechos hidrocarburíferos como los Leco, Tacana, Mosetenes, en el Chaco prácticamente todos los territorios titulados tienen sobrepuestas áreas petroleras”, explicó.

De acuerdo al Cedib, con datos de decretos, los pueblos indígenas afectados por nuevas actividades hidrocarburíferas se encuentran en los territorios Leco de Apolo, Leco de Larecaja, Mosetén, San José de Uchupiamonas, Tacana I, Pilòn Lajas, Tacanas III, todas ubicadas en el norte amazónico del departamento de La Paz. 

Las Tierras Comunitarias de Origen afectadas por la frontera hidrocarburífera representan en superficie por más de 1 millón de hectáreas (has) a contratos petroleros de la época neoliberal, 36.355 has a contratos del acuerdo energético con Venezuela, 262.582 has a contratos entregados en la gestión del MAS y 6,6 millones de has a las áreas reservadas a YPFB habilitadas para subasta.

Gandarillas señaló que para hacer posible esta situación se promulgaron leyes en dos sentidos: respecto a la consulta previa en la Ley 535 de Minería y los reglamentos de 2014 que liberan y generan una serie de excepciones en el cumplimiento de la consulta previa a pueblos indígenas para la actividad minera.

“No se darán consultas en áreas previas a la ley; cerca de 2 millones de hectáreas que tienen derechos mineros previos en los que no se hará consulta, porque ya existen esos derechos, en otros liberan también para la minería de la obligación de la consulta en las actividades de exploración, una de las actividades más contaminantes como es la exploración de vetas que tienen enormes impactos ambientales”, indicó.

El investigador también observó requisitos desproporcionados, que se les exige a los pueblos indígenas que quieren ser sujetos de consulta previa, como un certificado de existencia pre-colonial y dominio ancestral del territorio.

“Es decir, que estén antes de la colonia, y es un requisito que se debe certificar ante el Viceministerio de Autonomías, que es algo que no existe en el derecho internacional en materia de DDHH de los pueblos indígenas, en materia de la consulta está fuera del derecho mismo y finalmente de no lograrse el acuerdo después de dos reuniones, la deliberación la decide el Ministerio de Minería”, sostuvo.

En hidrocarburos dijo que hay otras excepciones, como el tiempo de la convocatoria para la consulta, que no puede durar más de 45 días calendario, la consulta sin instancias representativas o procedimientos propios de los pueblos indígenas. 

“Puede citar la autoridad de La Paz y hacerse la consulta en la sede de Gobierno, en caso de no acuerdo con la autoridad competente, el Ministerio del área resuelve mediante informe de por qué no hubo consulta y concluye el proceso”, señaló.

Bajo estos términos dijo que la consulta a pueblos indígenas a través de su reglamentación, ha sido aprobada con la intención de impedir y generar excepciones gravísimas para el ejercicio de este derecho. 

En Bolivia hasta el 2017 se tenían los Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC). Al respecto Gandarillas dijo que hay un dato que espantó al momento de investigar.

“En estadísticas hay muchas diferencias, pero la más importante es la del Instituto Nacional de Reforma Agraria, ¿qué vemos?, una serie de TCO que son todas amazónicas, Tamomiva, Araona, en total 24 de 35 procesos de titulación de la Amazonía, donde terceros se beneficiaron con mayores titulaciones respecto a la población indígena, de las 646 emitidas”, sostuvo.

No es solo en la Amazonía –dijo- pues también en otras zonas se da prioridad a terceros en la titulación de tierras. “Es interesante analizar la demanda que hizo Itika Guasu, que es donde hay explotación de hidrocarburos, donde la titulación más significativa fue para la pequeña y mediana empresa, en relación a la campesina”, explicó. 

Señaló que el Gobierno arguye a favor de los terceros que ya se encontraban en los territorios y tienen derechos pre-constituidos.

Sin embargo, recordó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2007, cuando constató un inequitativo proceso de distribución de la tierra con respecto a los pueblos indígenas.

“La restricción que se haga de derecho de propiedad privada pudiera ser necesaria para lograr el objetivo colectivo de preservar las entidades culturales en una sociedad democrática y pluralista en el sentido de la Convención Americana y proporcional si se hace el pago de la justa indemnización”, citó la recomendación. 

También recordó que el Estado se ve imposibilitado por razones concretas y justificadas de adoptar medidas para devolver territorio tradicional y los recursos comunales de las poblaciones indígenas, la compensación que debe tener como orientación principal es el significado que debe tener la tierra para estos. 

“No hay acceso a información pública, y menos participación y control de parte de los pueblos indígenas, es decir, nadie está fiscalizando el proceso de saneamiento y titulación de tierras en Bolivia para pueblos indígenas, hay preocupantes casos en los que terceros son beneficiados con dotaciones demandadas por pueblos indígenas”, aseveró.

Dijo que también hay denuncias sobre condicionamientos de militancia político partidario para acelerar los procesos de titulación, y que finalmente se traduce en inseguridad porque las más altas autoridades se refieren a las TCO o TIOC como nuevos latifundios que deben ser redistribuidos entre los que necesitan territorio.