
La Paz, 20 de enero de 2025 (ANF).- El informe elaborado por la Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (ADHMA) expone la grave situación que enfrentan las comunidades indígenas por el impacto devastador del mercurio en su salud y cultura.
En el corazón de la Amazonía boliviana, la minería del oro ha transformado en vectores de contaminación ríos que solían ser fuentes de vida. El mercurio, utilizado en la extracción de oro, ha envenenado no solo el agua y la tierra, sino también a las comunidades indígenas que dependen de estos recursos para su sustento.
La ADHMA expone esta situación en el informe Alternativo para el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) sobre la contaminación por mercurio y su impacto en el derecho al medioambiente sano y los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia.
Los estudios realizados revelaron niveles alarmantes de mercurio en la sangre de los habitantes de los pueblos indígenas, afectando permanentemente su bienestar. Estas comunidades, históricamente marginadas, ven cómo sus derechos humanos son vulnerados en un contexto donde la minería cooperativista se expande sin control. La falta de cumplimiento por parte del Estado boliviano con sus obligaciones internacionales agrava aún más esta crisis.
El informe comienza analizando la situación actual de la minería aurífera en Bolivia, contextualizando las normativas internacionales ratificadas por el país. A pesar de recibir recomendaciones sobre derechos indígenas y medioambientales durante el último Examen Periódico Universal, las acciones concretas para abordar estos problemas han sido insuficientes.
Bolivia es signataria del Convenio de Minamata desde 2016, un tratado que busca proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones de mercurio. Sin embargo, la implementación de este convenio ha sido deficiente. La falta de restricciones legales sobre la importación y comercialización del mercurio ha permitido un incremento descontrolado en su uso, con importaciones que se dispararon casi 12 veces desde 2015.
El informe también destaca cómo el sector cooperativista se ha convertido en el principal responsable de la extracción de oro en Bolivia, representando el 89% del total extraído en 2018. Este crecimiento ha sido acompañado por un régimen normativo más flexible que permite a estas cooperativas operar sin cumplir con las normativas laborales y ambientales adecuadas.
El poder político del sector cooperativo ha crecido significativamente, lo que les permite influir en decisiones legislativas y políticas públicas. Esta situación plantea un reto considerable para la protección del medio ambiente y los derechos humanos en Bolivia. Las cooperativas mineras se benefician de un sistema que prioriza sus intereses económicos sobre el bienestar de las comunidades indígenas y la salud ambiental.
A pesar de los esfuerzos por parte de organizaciones civiles para documentar esta problemática, persiste una falta de datos oficiales sobre la importación y uso del mercurio. Esto dificulta una evaluación precisa del impacto ambiental y social causado por su uso indiscriminado en la minería.
El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al Estado boliviano para garantizar el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. Es imperativo que se implementen medidas efectivas para reducir el uso del mercurio y proteger a las comunidades indígenas afectadas por esta crisis.
La situación descrita no solo es un problema local; tiene implicaciones globales dado el papel crucial que juegan las comunidades indígenas en la conservación del medio ambiente. La defensa de sus derechos es fundamental no solo para su supervivencia cultural, sino también para la salud del planeta.
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