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Cultura y farándula

2 de enero de 2020 15:59

ANUARIO ANF: Despojados, la mina y su rastro en la comunidad Realenga

CRÓNICA: Caminar por algunas de las comunidades de Oruro, afectadas por la minería, es encontrarse con tierras infértiles. Estas de manera silenciosa expulsaron a algunas familias que tuvieron que migrar a la ciudad e incluso algunos de los integrantes de la familia tuvieron que emplearse de mineros.

1 Foto Karen Gil / ANF

La Paz, 2 de enero (ANF).- Uno de los géneros bien apreciados en el periodismo es la crónica periodística, por ello, en 2019, la ANF publicó dos trabajos realizados por la periodista Karen Gil, quien dando continuidad a una publicación del libro de su autoría "detrás de otros sueños", realizó la crónica "El olvido de una muerte anunciada", sobre el asesinato de la concejala Juana Quispe y que se reproduce también en el anuario 2019 de ANF.

La crónica siguiente presenta la realidad minera en el departamento de Oruro, en Realenga.

Despojados: La mina y su rastro en la comunidad Realenga, Oruro

Cuando Jimena Aguayo tenía seis años acarreaba cinco litros de agua limpia hasta su casa y donde pasteaban sus vacas y ovejas. Esa actividad, que hacía todos los días junto a sus papás y hermanos, le daba rabia, mucho más cuando escuchaba las historias de su padre, quien le contaba que en su juventud el agua con que hidrataban a sus animales y regaban sus plantaciones la sacaban del río San Juan de Sora Sora, que pasaba a unos metros de su casa en la comunidad Realenga, del municipio de Machacamarca, Oruro. Pero ella, solo recuerda al afluente con aguas negras, producto de la contaminación minera.

Así pasó Jimena su niñez y adolescencia, llevando agua de un lugar a otro. Primero la caminata era de algunos metros, pero con el tiempo la distancia se incrementó a casi un kilómetro, pues los lugares de donde sacaba agua se iban contaminando de residuos minerales de las minas Huanuni, Santa Fe y Morcocala y debía llegar hacia el cerro para encontrar agua cristalina que no enfermara a su ganado.

Jimena —morena, ojos achinados, risueña, sombrero de vaquera— ve que a sus 28 años las cosas no cambiaron, es más empeoraron. Con el pasar de los años, su familia tuvo que recorrer su casa, pues las tierras donde producían se vieron afectadas, subterráneamente, por la contaminación del río. Por ello, sabe que la contaminación minera afecta mucho más a las mujeres, por su relación con la agricultura y con la familia.

“La contaminación minera nos trae sobrecarga de trabajo, sobretodo en la mujer, porque por decir en este sector estamos contaminados, pero nosotros tenemos que migrar de este lugarcito más allá para sembrar, donde no está contaminado, entonces el moverse de aquí hasta allá son kilómetros, horas de pérdida para nosotras”, explica, mientras termina de almorzar charquekan, a la orilla del río de Cabrería.

Son las dos de la tarde de un domingo de agosto de 2019, Jimena y las otras integrantes de la Red Nacional de Mujeres afectadas por la minería llegaron hasta este lugar del municipio de Poopó, aledaño a Machacamarca, para bañarse en sus aguas termales, aprovechando que aún estas no están contaminadas.

Jimena desde pequeña veía que sus padres reclamaban a las autoridades departamentales y nacionales por la consecuencia de la contaminación minera, pero nunca les dieron una respuesta efectiva, por lo que el río sigue contaminado y también algunas de las tierras aledañas al afluente.

“Yo he escuchado que iba mi papá, llevaba las notas al Viceministerio de Medio Ambiente y Agua y nos han dicho: ‘ya van a remediar el río’, pero nunca ha llegado eso hasta el momento. Esta última vez ha habido una reunión igual, no ha llegado el Ministro, ha mandado a su secretario y así han pasado años, y así va pasando”, relata con voz segura.



Ella actualmente vive en la ciudad de Oruro, pero constantemente regresa a su comunidad, donde tiene el objetivo de producir leche como lo hacen otras comunarias de Realenga. Por ello, divide su tiempo en preparar su titulación en agronomía, carrera que estudió para implementar en la agricultura, en cuidar a su hija de 10 años y en producir habas, arverjas y algunos alfares.

Antes del almuerzo, Jimena y las integrantes de la red explicaban a un grupo de documentalistas venezolanos y colombianos  —que realiza un documental de las afectaciones mineras en tres países sudamericanos, entre ellos Bolivia— la importancia de encontrarse entre mujeres para compartir estrategias de defensa contra el monstruo de la minería.

Una de las experiencias que Jimena y la red valoran es de la Asociación de regantes Tacagua del municipio orureño de Challapata, a 89 kilómetros de distancia de Machacamarca. Está —conformada por 2.400 productores, con un buen número de mujeres— evitó hace más de dos décadas el ingreso del consorcio boliviano canadiense EMUSA, que quería explotar un yacimiento de oro en una superficie de 78 kilómetros cuadrados en el cerro Achachucani.

“Estamos resistiendo hace 27 años, cuando estaba entrando la minería nos hemos levantado, todos de la provincia Eduardo Abaroa, porque nosotras no queremos todavía la contaminación, porque vivimos de la producción de la leche (…)”, relató doña Isidora Tito, una de las productoras de la asociación, en el bus que trajo a la red a Cabrería.

En el cerro de Achachucani está la represa de Tacagua y las vertientes de donde riegan las plantaciones para su ganado, destinado a la producción de leche y quesos. Por ello, los productores realizaron en varias oportunidades bloqueos y otras medidas para evitar la explotación de oro.

“La resistencia no ha sido fácil. Los del campo hemos querido siempre proteger y seguimos protegiendo, pero hay otras familias que dicen que entre la minería porque va haber más trabajo y más circulante de dinero. Pero nosotras las mujeres no queremos eso. Hemos ido a visitar Inti Raymi y nos consta cómo se ha destruido ese cerro”, contó doña Isidora.

Pero no solo las consecuencias de la explotación aurífera por parte de la Empresa Minera Inti Raymi, durante más de dos décadas, es lo que a doña Isidora y a los demás regantes les da fuerza para evitar que se explote Achachucañi, sino la contaminación que sufren las comunidades de Machacamarca, principalmente Realenga, y del Lago Poopó.

Al mismo tiempo, a Jimena —que es una de las integrantes jóvenes más activa de la red— le inspira para defender a sus tierras de la minería. Pues varias cooperativas y empresas mineras tienen puestos sus ojos en el cerro donde actualmente está su casa y cultivos.

De ello hablaba Jimena a los documentalistas, mientras que a unos 10 metros le escuchaba atento Guido Aguayo, su papá, quien está orgulloso de la postura de su hija, aunque él hace algunos años haya tomado otro camino. Debido a la contaminación que golpeó parte a sus tierras y afectó su producción, decidió trabajar en la empresa minera de Huanuni.

***

Guido Aguayo —robusto, chamarra azul, visera negra— camina rápido por lo que antes eran sus tierras en la comunidad Realenga, al lado derecho de la carretera que une Oruro con Machacamarca. A la orilla del río Sora Sora ve pasar las aguas negras que llevan residuos y ácidos de varias cooperativas mineras, pero principalmente de la Empresa Minera de Huanuni.

“Esta es el agua contaminada que sale de la mina de Huanuni, toda contaminada, no sirve. Muchas veces nuestros ganados vienen a tomar aquí y tiene que morir no más, porque no hay cura para esta agua”, explica.

Son las nueve de la mañana de lunes, y don Guido recorre después de mucho tiempo sus tierras y no deja de admirarse de cómo están. El terreno está cubierto de una capa de 15 centímetros de copajira o residuos minerales que se confunde con la tierra.

Entre la década del 80 y 90 del siglo pasado, el río medía de ancho 50 metros, pero tras la contaminación y erosión se amplió a tres veces su tamaño, lo que ocasionó que las tierras de Realenga fueran afectadas. Por ese motivo, don Guido trasladó su casa al otro lado de la comunidad, cerca del cerro.

“Esta es la lama, por eso es duro”, dice mientras levanta un poco de tierra inservible.

Don Guido heredó las tierras de sus padres y aquí se dedicaba a la ganadería vacuna y ovina. Pero porque regaban sus cultivos con agua del río, las tierras fueron quedando infértiles. Las plantaciones y los árboles frutales de una casa de exhacienda que estaba por estas tierras fueron marchitándose.

“Estamos contaminados por el agua que nos ha ido despojando de los terrenos; subterráneamente las venas de agua han contaminado. No se puede tomar el agua de los pozos”, dice, y su voz tiene el mismo lamento como si viera por primera vez el desastre ambiental.

A causa de la contaminación, sus animales se enfermaban por lo que la venta disminuía y ya no le alcanzaba los ingresos económicos para solventar los estudios de sus cinco hijos. Por ello, desde 2005 trabajaba eventualmente en la mina de Huanuni y luego en 2008, tras el conflicto entre asalariados y cooperativistas, entró a trabajar de planta.

“Lo que me ha llevado a ese trabajo es que mis terrenos han sido contaminados por la minería, y dije: ‘a veces en el campo no siempre todo es productivo, hay épocas que no llueve y todo estaba contaminado, por eso iré a trabajar contaminando también, finalmente’”, recuerda su decisión de volverse minero.

Él sabe que su trabajo tiene un impacto negativo en el medioambiente y en su comunidad, en particular. Por eso, cuenta que sufre cada vez que sale de su trabajo y pasa por el río Huanuni, que recibe los residuos minerales y que desemboca en el Sora Sora.

La contaminación minera de Huanuni, data de décadas. Diariamente bota los residuos de 800 toneladas de mineral, a través del ingenio Santa Elena, los cuales van directamente al río Huanuni.

El gerente de la Empresa Minera Huanuni, Mario Felípez, explica que se espera que esto vaya reduciendo en la medida en que el ingenio Lucianita y su dique de colas, que entraron en funcionamiento en agosto de este año, ajusten su procesamiento.

Entre tanto, informa que 1.400 toneladas de concentrado están siendo tratadas y van al dique de colas, tan añorado por Huanuni y las comunidades contaminadas. Asimismo, se espera que a partir de los rendimientos de Lucianita en mayo del próximo año se inicie el cierre paulatino de Santa Elena.

Don Guido continúa la caminata y muestra que en algunos lugares aún crecen algo de paja y otro tipo de forrajes para el ganado. Dice que se debe a que antes de que decida dejar la ganadería por la minería, él y otros comunarios realizaron trabajos de restauración de la tierra.

“Hemos hecho trabajar unas tres veces o cuatro la tierra. Cosa que el agua de la lluvia la ha lavado. Aquí hemos producido por lo menos cebada”, cuenta.

Gracias a ello la situación de esta parte de sus tierras no es tan dramática como las de la comunidad Tolapampa, del municipio de Poopó, que está más arriba de Realenga, en la misma dirección.

Allá los pastizales, cauchis y pajas fueron cubiertos de copajira, por lo que los residuos de estos tienen apariencia petrificada. Nadie podría imaginarse que en la década de los 70 esas extensiones alimentaban al ganado con verdes forrajes.

Los comunarios de Tolapampa, al igual que de las comunidades de todo este sector, están preocupados por la contaminación minera que cada vez avanza. Por eso, en junio del año pasado, en coordinación con la Red Nacional de Mujeres afectadas por la minería, realizaron una zanja de varios kilómetros con el fin de evitar que las aguas contaminadas provenientes de Huanuni, entren a las praderas que aún dan algo de vida, y las cotañas, reservorios de agua para los animales.

El trabajo se hizo en dos oportunidades, pero los comunarios no alcanzaron a cubrir toda la extensión necesaria para cambiar el cauce del río. Ello se debe a que la maquinaria que solicitaron a las autoridades ediles de Poopó, para acelerar el proceso antes de la época de lluvias, no llegó a tiempo. Por eso, de nada sirvió el esfuerzo de los comunarios, en noviembre pasado el afluente contaminado volvió a llegar a sus tierras.

A causa del fuerte olor de la copajira, don Guido camina más veloz. Ya cerca de la carretera divisa unas pequeñas construcciones artesanales, que sirven a modo de ingenios. Acá traen de distintas cooperativas residuos de estaño para procesarlas.

“Se han implementado relaves, pequeños ingenios. También utilizan ciertos reactivos. Estos son los otros ingenios, pero me va a comer si les digo algo”, dice a unos metros de donde tres hombres trabajan procesando mineral.

Explica que con la presencia de estos denominados relaveros, la comunidad sigue siendo contaminada, ya no de forma indirecta sino directamente. Este trabajo empezó hace varios años y se trata de comunarios agrupados en una cooperativa, que hace caso omiso de las protestas de Realenga.

“Ellos arguyen que es un río que ya está contaminando, pero ellos siguen contaminándonos”, cuenta.

El hecho de que habitantes de la comunidad o de comunidades cercanas también trabajen en actividades mineras complejiza la situación de defensa y resistencia a la contaminación. Incluso ese hecho logra fracturar a las familias, explica la coordinadora de la Red Nacional de Mujeres afectadas por la minería, Margarita Aquino.

“Como nos han declarado comunidades agromineras hay rupturas familiares muy grandes. Porque por un lado está la mamá defendiendo la madre tierra y por el otro, el esposo o los hijos con la actividad minera”, precisa Aquino.

Por su parte, el secretario Departamental de Medio Ambiente Agua y Madre Tierra, de la gobernación de Oruro, Eleuterio Maraza, dice que ese es uno de los motivos que les evita prohibir actividades mineras en los municipios de Machacamarca y Poopó, dos de los más afectados por la contaminación.

“Mucha gente de ellos, también trabaja dentro de la cooperativa. La gente que trabaja en la cooperativa no es gente que ha venido de otro lado. Ahorita si paralizamos la cooperativa van a venir aquí todos. Hablamos del tema del medioambiente también son ellos. Eso es contradictorio para nosotros, no estamos tratando con otra gente”, resalta Maraza.

Ya en la carretera que divide donde era antes sus tierras y donde ahora cultiva en pequeñas proporciones habas y arverjas, Guido asegura que su fin es retornar al campo a continuar con la producción agrícola y la ganadería.

“Mi propósito es trabajar un año más porque tengo 55 años, y a los 56 quiero jubilarme, dejar la minería y dedicarme a lo que es mi tierra, esta tierra para nosotros es bendita, valoramos harto, esto nos han dejado nuestros abuelos, tatarabuelos, y siempre nos han recomendado de que cuidemos que trabajemos, como hijos tenemos que cumplir”, dice mientras espera movilidad para ir a la ciudad de Oruro.

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