Opinión

13 de agosto de 2017 10:32

Lo que implica la promulgación de la Ley 266


A pesar del rechazo expresado por los indígenas de las Subcentrales del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), y el retroceso que implica en materia de Derechos Humanos y de protección ambiental  para el país, el Presidente Evo Morales Ayma promulgará la Ley N° 266 abrogando la Ley N° 180 del 24 de octubre de 2011 que fue conseguida por presión de la VIII Marcha Indígena recibida por casi medio millón de personas en La Paz, blindando legalmente el TIPNIS de la ejecución de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.  La Ley N°180 declaraba al TIPNIS: Patrimonio sociocultural y natural, Zona de preservación ecológica y área protegida de interés nacional,  Zona de reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y Mojeño-Trinitario. Es más, en el marco de los artículos 30, 385, 394 y 403 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo ratifica como territorio indígena de carácter indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible,

Para evitar ambigüedades, la Ley 180 estableció que su protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia. En consecuencia, dispuso que el proyecto de carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, no atraviese por el Parque Nacional. Finalmente, prohibió cualquier tipo de asentamientos y ocupaciones de hecho ilegales, promovidas o protagonizadas por personas ajenas a los titulares del TIPNIS.

El TIPNIS goza de doble status jurídico por tanto doble protección legal: como Área Protegida y como Territorio Indígena. Es un bien jurídico precautelado desde ambas esferas por la legislación nacional e internacional.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la abrogación de la Ley N° 180 colisiona con Convenios y Tratados Internacionales, la CPE y las leyes.

1)  El artículo 385.I de la CPE determina que “las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable”.

De manera más precisa, el parágrafo II dice que “donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesino, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas”.  Por esta razón, los artículos 30, 352 y 403 de la CPE señalan el marco constitucional de la consulta previa, libre e informada.

2)  El Artículo 61 de la Ley N°1333 de Medio Ambiente, establece que las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a planes de manejo, con fines de protección y conservación de sus recursos naturales, investigación científica, así como para la recreación, educación y promoción del turismo ecológico.

3)  La Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra, promulgada por el mismo presidente Morales, otorga en su artículo 5 el carácter jurídico a la Madre Tierra, que incluye áreas protegidas para efectos de la protección y tutela de sus derechos, adoptando el carácter de sujeto colectivo de interés público. Esta misma Ley precisa que la Madre Tierra y todos sus componentes, incluyendo las comunidades humanas, son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en la Ley.

4)  La Ley N° 300, del 5 de septiembre del 2012, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, establece en su artículo 16, numeral 4, que el fomento, control y fiscalización del aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra se hará de acuerdo a cada zona de vida y sistemas de vida, respetando los fines y objetivos de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Departamental, y Municipal de Áreas Protegidas. El Título III de la misma ley, de las Bases y Orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, define en su artículo 23 que la conservación de la diversidad biológica y cultural tiene como bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral en conservación de la diversidad biológica y cultural, incluyendo Áreas Protegidas, y manda fortalecer y promover el Sistema de Áreas Protegidas Nacional, Departamental, y Municipal definidos en la Constitución Política del Estado, como uno de los principales instrumentos de defensa de la Madre Tierra.

5)  El Reglamento General de Áreas Protegidas:

-  Artículo 20, señala que la categoría Parque Nacional o Departamental tiene por objeto la protección estricta y permanente de muestras representativas de ecosistemas o provincias biogeográficas y de los recursos de flora, fauna, así como los geomorfológicos, escénicos o paisajísticos que contengan y cuenten con una superficie que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de sus ecosistemas.

-  Artículo 23 determina que en el área que comprende los parques, santuarios o monumentos, está prohibido el uso extractivo o consuntivo de sus recursos renovables o no renovables y obras de infraestructura, excepto para investigación científica, ecoturismo, educación ambiental y actividades de subsistencia de pueblos originarios, debidamente calificadas y autorizadas, en razón a que éstas categorías brindan a la población oportunidades para el turismo y recreación en la naturaleza, la investigación científica, el seguimiento de los procesos ecológicos, la interpretación, la educación ambiental y la concientización ecológica, de acuerdo a su zonificación, planes de manejo y normas reglamentarias.

6)  En el ámbito de los Convenios y Tratados internacionales sobre Biodiversidad, figuran el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que establecen el deber para el Estado de Bolivia de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Eliminar la Ley N° 180 implica forzar extrañamente su interpretación, satanizando el término intangibilidad cuando la categoría jurídica de área protegida y específicamente la categoría de manejo denominada Parque Nacional tiene como objeto la protección estricta y permanente de muestras representativas de ecosistemas garantizando la continuidad de los procesos ecológicos, en ese sentido, está prohibido el uso extractivo de los recursos y obras de infraestructura, excepto para investigación científica, ecoturismo, educación ambiental y actividades de subsistencia de pueblos originarios, como salud y educación, de acuerdo a su zonificación, plan de manejo y norma reglamentaria.

La imposición de la Ley N°266, en cuyo artículo 9 permite la construcción de carreteras, vulnerando la normativa vigente con argumentos deleznables, como la imposibilidad de desarrollo, ejecución de caminos para llevar salud y educación, que son obligaciones constitucionales del Estado y que nada tienen que ver con abrogarla, podría llevar al Estado Boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una vez más. Estamos frente a una lógica poco democrática y de sujeción al marco legal vigente; las autoridades, en lugar de aplicar la CPE y las leyes, prefieren cambiarlas o eliminarlas.

Paola Cortés Martinez es abogada, docente investigadora en distintas universidades del país y máster en Derecho Ambiental.

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