Opinión

2011-10-06 00:00:00

DOS SENTENCIAS JUDICIALES CONTRASTES SOBRE EL “OCTUBRE NEGRO” DE 2003


Dentro del mismo trasfondo de los luctuosos enfrentamientos entre el Ejército y los movimientos sociales en La Paz, octubre 2003, con el trágico balance de más de 60 muertos, algunos de ellos soldados, y de un gran número de heridos, se han emitido, casi simultáneamente, dos sentencias, una en EEUU y otra en Bolivia.

El 29 de agosto de 2011 el Tribunal Federal de Apelación de Florida (EEUU) dictó una sentencia absolutoria de Goni Sánchez de Lozada, expresidente de Bolivia, y de Carlos Sánchez Berzaín, su exministro de defensa en el juicio interpuesto por los familiares de las víctimas civiles exigiendo indemnizaciones. En el núcleo de la sentencia el Tribunal de Apelación desestima la demanda, considerando que las entonces autoridades de Bolivia usaron legítimamente la fuerza para reprimir una convulsión social con bloqueos y amenazas que ponía en peligro la vida y la salud a las personas civiles. Con ello se pone fin a un largo proceso iniciado en 2008.

Como contraste, en Sucre el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia el 30 de agosto de 2011 emitió una sentencia condenatoria en el juicio de responsabilidades contra 4 excomandantes y jefes de las Fuerzas Armadas con penas de cárcel entre 15 y 10 años por ser autores mediatos del “delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”. También condenó a tres años de cárcel a dos exministros, aunque éstos se acogieron a un régimen legal de libertad vigilada. No se pronunció contra el expresidente Sánchez de Lozada y otros exministros, ausentes del país, ya que según el Código de Procedimiento Penal nadie puede ser procesado en ausencia.

Están pendientes solicitudes de extradición sobre ellos. Aunque los demandados y las demandas en los dos procesos judiciales eran distintos, sin embargo en ambos casos las sentencias se han pronunciado sobre los mismos hechos luctuosos del llamado “octubre negro”. Por eso llama la atención de que sean contrastantes e incluso contradictorias. Esta contradicción debe ser motivo de reflexión crítica no sólo para los estudiosos de derecho, sino para todas las personas amantes de la justicia.

La sentencia boliviana es condenatoria. Considera que la actuación del ejército boliviano constituye una masacre genocida contra personas pertenecientes a los movimientos sociales. Por lo tanto todos los gobernantes que firmaron las órdenes de represión y los jefes militares que las ejecutaron deben ser castigaron con toda severidad. Esta sentencia ha sido acogida con satisfacción no sólo por los familiares demandantes, que incluso exigían penas mayores a los acusados, sino también por el actual Gobierno de Evo Morales, quien gracias al luctuoso octubre 2003 fue preparando su ascenso político que se produjo años después.

Por el contrario la sentencia federal estadounidense es absolutoria. Según ella los entonces gobernantes no hicieron sino cumplir con su función de restablecer el orden público, al dar órdenes para reprimir la revuelta popular de bloqueos y amenazas contra la población civil de La Paz, que podría haber traído consecuencias trágicas. En Bolivia algunos militares jubilados se han pronunciado a favor de sus colegas condenados por el delito de genocidio, indicando que éstos, en momentos críticos para el país, cumplieron órdenes superiores dentro del régimen militar.

Lastimosamente en el juicio sucrense han quedado por esclarecer muchos elementos tanto sobre las mismas acciones revoltosas como particularmente sobre las intenciones ocultas de sus instigadores que, tal como se ha sabido, buscaban derrocar a las autoridades legítimas. Esa ausencia de investigación es debida en gran parte al decreto de amnistía a favor de los instigadores y protagonistas de la revuelta popular. Este decreto fue emitido por el entonces Presidente, Carlos Mesa, a los pocos días de los hechos luctuosos, alegando la necesidad pacificar el país. Poco después el Parlamento, con la venia del Presidente, autorizó el juicio de responsabilidades contra los gobernantes y jefes militares que reprimieron la revuelta.

Desde una visión imparcial aparece claro que la revuelta popular en contra de una anunciada venta de gas a Chile y EEUU, era ilegítima y gravemente atentatoria contra la población civil y la convivencia pacífica. Por lo tanto estaba justificado el empleo del ejército para restablecer del orden público. En ese sentido es justo absolver a las autoridades estatales. Únicamente cabría dilucidar si en las órdenes de restablecimiento del orden o en la ejecución de las mismas se incurrió en un uso excesivo o desproporcionado de armas letales. Desde una perspectiva equitativa lo correcto habría sido amnistiar a todas las personas implicadas en la confrontación sangrienta.

Analistas imparciales opinan que, en el fondo, el decreto de amnistía obedeció a una presión de los dirigentes populares sobre Carlos Mesa. De esa manera se prejuzgó a favor de la revuelta, impidiendo una necesaria investigación objetiva sobre los hechos, incluyendo las circunstancias de las muertes, tanto de civiles como de militares.

En la actualidad en Bolivia no se dan las posibilidades de realizar esa investigación para poder juzgar con justicia. El actual Gobierno, de acuerdo a su declarada intención de asumir el poder total, está sometiendo el poder judicial al poder ejecutivo, influyendo también el nombramiento de los jueces. Esa sujeción es una flagrante violación a la independencia del poder judicial, reconocida universalmente y proclamada por la Constitución Política del Estado Plurinacional (arts. 12 I y 178). Sobre este punto la Conferencia Episcopal Boliviana, siguiendo la Doctrina Social de la Iglesia, también se ha pronunciado: “Las constituciones de los estados modernos, al definir las relaciones que deben existir entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, garantizan a éste último la independencia necesaria en el ámbito de la ley” (Católicos en la Bolivia de hoy, 84).

Los jueces tienen la misión de juzgar libre e imparcialmente con toda honestidad, siguiendo el dictado de sus conciencias, aplicando las leyes justas y sin dejarse llevar por presiones ideológicas o políticopartidistas
///.Por Miguel Manzanera, Sacerdote Jesuita