Opinión

19 de junio de 2017 11:21

A MENOR INFORMACIÓN MAYOR CORRUPCIÓN


El fenómeno de la corrupción no es para nada nuevo ni exclusivo de una cultura, época, clase social, partido político, religión o cualquier ámbito por el que se mire. La corrupción no es principalmente un problema de corte económico (aunque a veces es del único del que se genera escándalo) sino que tiene que ver con una matriz de principios morales y valores instalada en sujetos y comunidades que llevan a actuar de tal o cual manera.

En reiteradas ocasiones la gente alude a la ausencia de valores, la pérdida de los mismos y las consecuentes acciones que los niegan. Es un punto de vista axiológico que les confiere entidad. También se puede considerar que esos llamados valores no valen lo mismo para todos y entonces se tiene una escala o jerarquía de valores distinta, no porque no haya valores sino porque éstos generan distintas valoraciones y aprecios de parte de las personas y/o comunidades.

Es por eso que la corrupción niega o reduce valor a la honestidad, la transparencia, el cuidado propio y ajeno, la responsabilidad, el respeto y una larga cadena de “valores” que para el corrupto no lo son, mientras que el engaño, el beneficio egoísta, la prebenda o la falta de transparencia sí que son valiosos para alcanzar unos fines. Y eso tiene mucho más que ver con creencias y principios asumidos que con solo acciones aisladas.

En nuestro país presenciamos con frecuencia hechos de corrupción que salen a la luz pública: el agente de tránsito que negocia una coima directa para no emitir boletas de multa, el funcionario público que se lleva bienes de la institución para su casa, el docente que cobra o abusa de estudiantes para dar notas de aprobación, los contratos con “mordida” para repartirse el “pastel”, la venta ilegal de bebidas alcohólicas a menores de edad, la venta de seres humanos para diversos fines. Todo lo anterior habla de corrupción, de formas en las que -como personas y sociedad- crece la degradación moral.

Si de corrupción económica se quiere hablar se evidencian hechos de grandes proporciones: el ex Fondo Indígena, el caso Taladros de YPFB, y otros vinculados a la empresa estatal y subsidiarias, las Barcazas chinas, el reiterado uso indebido de bienes del Estado o redes de corrupción instaladas en instituciones públicas, policía y el Órgano Judicial, como el bullado caso Ostreicher quien fue extorsionado por personeros del Ministerio de Gobierno, o el reciente de DIRCABI; son muestras efectivas de que los niveles de corrupción son alarmantes.

Más allá del daño político que le genera al propio gobierno, pues la población reacciona con mucha rabia frente a estos hechos, está el daño moral que lleva a naturalizarlos y a que se sigan suscitando sin que se impongan medidas efectivas para su erradicación. Pareciera que todo vale menos que uno se haga “pescar”, lo que implanta la ley de que si unos lo hacen “¿por qué yo no?”.

Una forma eficiente para luchar contra la corrupción, de control social y ciudadano, absolutamente necesaria para una sociedad democrática que valore realmente el bien común consiste en transparentar regularmente la información de lo que se hace y deja de hacer con los recursos del Estado. El acceso a la información pública es un derecho de todo ciudadano, no el privilegio de algunos y a éste debe acompañar la transparencia de esa información. Tal derecho está consagrado en el artículo 21 (n. 6) de la Constitución Política del Estado.

¿Por qué YPFB dejó de publicar su boletín trimestral hace dos años? ¿Por qué ya no se puede ver la información sobre los envíos diarios/mensuales de gas a la Argentina y Brasil? ¿Por qué varios de los ministerios no publican información actualizada y detallada sobre su ejecución presupuestaria o se hacen públicos los gastos de algunas obras públicas? ¿A qué obedece que cuando se solicita información a las unidades de Transparencia de instituciones públicas, los funcionarios no responden, dilatan el acceso o indican que está prohibido por órdenes superiores?

Si no fuera por peticiones de informe de diputados o senadores, investigaciones llenas de dificultades de algunos medios de comunicación o porque alguien “filtra” información que debería ser publica, nunca nos enteraríamos de nada. La ciudadanía está desamparada totalmente para ejercer su derecho. Lamentable pero cierto. A menor información mayor corrupción.

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