Por José Gramunt de Moragas, S.J.

 

Es posible que el ciudadano Leopoldo Fernández sea un cacique. Pero el operativo represor llevado a cabo por el Gobierno el pasado 11 de setiembre en Pando y sus secuelas, no son proporcionadas al hecho caciquil. (El atentado contra el gasoducto en Villamontes es caso aparte)

Pero la invasión de cerca del millar de militares armados en un territorio que solo comprende 213.654 kilómetros cuadrados; la confrontación provocada entre campesinos y cívicos; la muerte de más de una veintena de ciudadanos; y más de 600 pandinos refugiados en la vecina ciudad de Brasilea (Brasil) que temen ser perseguidos políticos en su propio país; el confinamiento inconstitucional de 14 personas o más, sin esclarecerse los motivos para la aprehensión ni garantías jurídicas; los vejámenes sufridos por una suboficial de la policía por parte de los militares…; toda esta sucesión de hechos irregulares, cuestionan seriamente la política gubernamental. Más aún, cuando la información sobre los sucesos ocurridos en Pando no pudo ser obtenida de primera mano por los periodistas de los medios de comunicación independientes, sino que fue monopolizada por periodistas adictos al Gobierno que gozan de especiales privilegios  a la hora de conseguir información del Ejecutivo, con lo cual, el país no es informado de manera creíble sino que hay motivos razonables para creer que, una vez más, somos víctimas de la desinformación (la información prefabricada por los mentores gubernamentales). Es sabido que los periodistas independientes fueron expulsados de Pando por el Ministro de la Presidencia, cuando irónicamente, fue él mismo quien los invitó y trasladó hasta esa región.

 

Al respecto, hace unos días, un avispado periodista me descubría el nuevo concepto de “noticia”. “Noticia – me decía - es lo que el Gobierno niega o trata de ocultar”. Por cierto, hace varias semanas escribí en este mismo espacio, un artículo titulado “Göbelitos”, aludiendo a Joseph Göbels, Ministro de Propaganda de Hitler. Tan eficaz fue su trabajo de desinformar a los alemanes y a todo el mundo, que no se conoció la existencia de los horribles campos de exterminio de judíos, gitanos, homosexuales y de otros grupos odiados por el nacional-socialismo, hasta pasado un largo tiempo de la existencia de aquella aberración inhumana que los nazis llamaron “solución final”.

 

Pues bien, sería un error inexcusable ignorar que la ley es para cumplirla, y no reconocer que los infractores deben ser juzgados y sancionados, en su caso. En cualquier caso, “el que la hace la paga”, como reza el dicho popular. Pero, al parecer no es aplicado en toda su extensión y los bolivianos. ¿No será que los militantes oficialistas no cometieron ningún delito?... Lo que no es admisible es el empleo de medios desproporcionados e ilícitos para que la ley sea respetada. Cuando esto ocurre, el que utiliza procedimientos ilegales, pierde gran parte de la razón que pudo asistirle. Así han acostumbrado a proceder los sistemas dictatoriales que adoptan métodos expeditivos ilícitos para que otros cumplan la ley. “Otros”, insisto, porque ellos, los pretendidos “justicieros” - más revanchistas que justicieros -, se creen exentos de ser fieles a la norma legal.