En este tiempo extraordinario de búsqueda de nuevos horizontes para el pueblo, los Obispos de la Iglesia Católica ponemos a consideración de nuestros fieles, de los hombres y mujeres de buena voluntad, especialmente de quienes ejercen posiciones de liderazgo y decisión, nuestra voz de pastores sobre el momento actual y, en especial, el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) presentado el 15 de diciembre de 2007. Lo hacemos fieles a nuestro mandato pastoral y luego de una atenta reflexión sobre el proceso constituyente que está viviendo nuestra patria.

 

Estas orientaciones están en continuidad con todo el camino que, como Pastores, hemos realizado durante este tiempo y que nos ha animado a acompañar el proceso constituyente en diálogo permanente con los actores sociales y políticos y con mensajes concretos a la opinión pública. Tenemos la responsabilidad de expresar nuestra voz sobre asuntos fundamentales que afectan a las personas y al bien común de nuestra sociedad, con la finalidad de promover la formación de la conciencia y dar criterios de discernimiento en el momento de definir las bases de la convivencia social y política del futuro del país.

 

En marzo de 2006, en el mensaje “Construyamos una Bolivia digna para todos” reconocimos en la Asamblea Constituyente una “gran oportunidad de apertura a la esperanza, sin duda un ‘signo de los tiempos’ que nos mueve a tender puentes de encuentro y reconciliación, de diálogo, de transparencia y búsqueda de consensos indispensables para una democracia verdadera, en la que todos podamos ejercer en libertad nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones”. Expresamos nuestra confianza en que “la nueva CPE, legitimada por el consenso de la ciudadanía, hará posible una sociedad más fraterna y pacífica, aunque no pueda proporcionar soluciones a todos los problemas que hoy vivimos.” Contamos con que “todo el proceso, desde la ley de convocatoria hasta el referéndum, debería estar enmarcado en un clima de apertura, diálogo, respeto y unidad.”

 

Hoy los bolivianos tenemos en nuestras manos un proyecto de CPE, cuya legalidad está en el centro de un debate con posiciones encontradas. Nos sentimos altamente preocupados porque todo el proceso ha sido marcado por las presiones y la violencia que, al desplazar el camino del diálogo, echa por tierra el esfuerzo realizado y las esperanzas depositadas en el mismo proceso.

 

Nos vemos urgidos a motivar el diálogo como el único medio para alcanzar el acuerdo, un diálogo basado en la transparencia y respeto mutuo en vista al bien común y la dignidad humana. 

 

Ofrecemos nuestra reflexión sobre el proyecto de texto constitucional para ayudar a tomar una decisión libre, consciente y personal de cada uno de los bolivianos. No nos corresponde como pastores ofrecer soluciones técnicas a los problemas temporales de la sociedad y del Estado, sino orientaciones éticas desde los principios de la fe cristiana, la Doctrina Social de la Iglesia y los derechos humanos universalmente aceptados.3

Centramos nuestra reflexión prioritariamente en el proyecto de CPE porque tiene un alcance general y atañe al bienestar de toda la población. El país debe tomar conciencia de que con este proyecto se define la vida de la comunidad boliviana de los próximos decenios. Un proyecto de tal envergadura e importancia, solamente puede ser elaborado desde la perspectiva del interés general, por encima de aspiraciones particulares, por legítimas que éstas fueren. Es preciso tener en cuenta las aspiraciones más profundas del pueblo para un desarrollo integral y equitativo, dentro de los parámetros de la justicia social y la solidaridad, de la participación y la inclusión en la diversidad.

 

II. SITUACIÓN DEL PAÍS: ÉPOCA DE CAMBIOS.

 

Bolivia vive una época muy importante de cambios, muchos son necesarios e imprescindibles; así lo hemos sentido y querido los bolivianos. Estos cambios deben ser fruto de un consenso amplio, diálogo y concertación permanentes; de ninguna manera resultado de imposiciones o de la fuerza. El enfrentamiento generará vencedores y vencidos, provocará divisiones que pondrán en riesgo los mismos cambios y afectarán gravemente las esperanzas del pueblo.

 

Los Obispos de América Latina y El Caribe, reunidos en su V Conferencia General en Aparecida, nos proporcionan elementos de juicio muy iluminadores acerca de las características que debe tener el cambio: “Urge crear estructuras que consoliden un orden social, económico y político en el que no haya inequidad y donde haya posibilidades para todos. Igualmente, se requieren nuevas estructuras que promuevan una auténtica convivencia humana, que impidan la prepotencia de algunos y faciliten el diálogo constructivo para los necesarios consensos sociales”.4

Reconocimiento de los pueblos indígenas.

 

Un signo positivo de los tiempos que vivimos es la emergencia de nuestro diverso potencial humano y cultural que no siempre se supo valorar ni aprovechar en toda su riqueza. Decíamos en nuestro Mensaje de noviembre de 2007: “Es motivo de esperanza el reconocimiento que están adquiriendo los pueblos indígenas y los sectores, históricamente marginados, en el seno de nuestra sociedad, como actores y ciudadanos con pleno derecho”.

Nuestra sociedad tiene conciencia de que el bienestar de las personas no sólo depende de la satisfacción de necesidades materiales, cuya urgencia nadie niega, sino de una realización integral de todas las dimensiones del ser humano, que supone aspectos espirituales y culturales5. Ponderamos la importancia que ha adquirido la realidad pluricultural de nuestro país y la necesidad de un enriquecedor dialogo intercultural, que asuma los varios rostros de nuestra identidad indígena, mestiza y criolla. El hecho de justicia, que ha significado la inclusión social de los pueblos marginados, no puede, empero, ser motivo de discriminaciones y exclusiones hacia otros sectores de la población, menos de dar cabida a nuevos colonialismos de ideologías que los manipulan y esclavizan.

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIALES Y CÍVICOS

 

Vemos positivamente la creciente participación de los sectores sociales y cívicos en la vida y quehacer político del país: es muestra de crecimiento en la responsabilidad de los ciudadanos. La participación, sin embargo, tiene que ser ordenada, conforme a normas claramente establecidas y no debe ser pretexto para anteponer el interés particular y sectorial al bienestar general. Es hora de recuperar y educar a la ciudadanía en la noción del bien común y en la conciencia de los derechos y obligaciones.

 

Es peligrosa la confusión de papeles entre instancias de gobierno y los sectores sociales o cívicos, porque éstos últimos corren el riesgo de ser instrumentalizados, de perder su necesaria independencia, su función de alerta y control, afectando la convivencia social y democrática.

RECONOCIMIENTO DE NUESTRA HISTORIA

 

Toda sociedad es fruto de su pasado, que no puede ser ignorado si no quiere perder su identidad. La Bolivia de hoy sólo se entiende a partir de un largo camino recorrido desde sus orígenes, con sus propios valores y problemas, y los de todas las etapas históricas sucesivas. Al revisar nuestra historia no podemos cerrar los ojos ante las injusticias y los errores cometidos, ni perder de vista la necesidad de su enmienda en espíritu de reconciliación.

 

Debemos ser objetivos con nuestro pasado, sin juzgarlo y valorarlo solamente con criterios del presente. Así edificaremos nuestro futuro con mayor esperanza, superando amarguras y rencores. Es preciso aprender a ponderar los elementos positivos de nuestro pasado, como el anuncio de Jesucristo, nuestro salvador y liberador, que ha ayudado a la formación de la conciencia, de los valores y de la cultura actual y en quien nuestro pueblo cree profundamente.

 

DIVISIÓN DEL PAÍS

 

La diversidad geográfica y cultural es una riqueza de nuestro país. Sin embargo, vemos con inquietud que aumenta el distanciamiento entre regiones, clases sociales y etnias. Se constata una polarización ideológica y regional, la excesiva primacía del debate y quehacer político en lugar de atender las necesidades primarias del pueblo y la influencia de sectores radicales que obstaculizan el proceso de diálogo y consenso. Al atribuir más valor a los recursos de la presión y la fuerza que a los argumentos racionales, se excluyen de hecho a quienes carecen de poder económico, político o de movilización.

 

DEBILITAMIENTO DEL ESTADO

 

Es un hecho el constante debilitamiento de la institucionalidad democrática y del Estado, lo cual viene desde hace bastantes años. Varios sectores sociales, en su frustración, han relativizado el respeto y la adhesión a las leyes y a las instituciones, engendrando un clima de zozobra y desprotección. En ausencia de un Estado institucionalizado y eficaz, han optado por medios de defensa ilegítimos que ponen en grave riesgo la dignidad humana y la paz.

 

Causan mucha intranquilidad en la población la falta de seguridad, el recrudecimiento de la violencia en las calles, los linchamientos de una crueldad inaudita, el incremento del narcotráfico y contrabando, situaciones que denotan un peligroso vacío de la institucionalidad, en particular de las instituciones del orden, desprecio de las leyes y pérdida del sentido del valor sagrado de la vida.6

Como parte del debilitamiento del Estado, se advierte la ausencia de instituciones independientes que arbitren las contiendas exacerbadas de este tiempo. Un grave ejemplo es la imposibilidad de acción del Tribunal Constitucional para dirimir adecuadamente las controversias de su competencia, que son de capital importancia para que, por ejemplo, la disputa política no esté librada a la discreción del más fuerte. El riesgo de inhabilitación de la institucionalidad democrática se añade al difícil momento por el que atraviesa el país.

 

Durante muchos años se ha reivindicado y propugnado respeto y garantía de los derechos, tanto de la persona como de grupos; sin embargo no se ha recalcado suficientemente la formación en valores y el ejercicio de los derechos. Estos tienen que ir acompañados necesariamente por el cumplimiento de deberes y obligaciones. La sobre valoración de derechos, ha engendrado actitudes de egoísmo y visiones sectoriales, en detrimento de la responsabilidad que nos incumbe a todos para construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria.

SITUACIÓN ECONÓMICA

 

Como dijimos en nuestro Mensaje de noviembre pasado, “el clima de tensión que se vive crea en los ciudadanos un sentimiento de inseguridad ante el futuro, agravado por los problemas económicos, como la falta de fuentes de trabajo y la subida del costo de vida, que perjudican de manera directa a los más pobres y marginados”. Una expresión evidente de esta circunstancia es la emigración constante y masiva de nuestros compatriotas, en condiciones de incertidumbre, angustia y dolorosa ruptura con sus raíces, su entorno y sus familias. Esta situación es agravada por las consecuencias de los desastres naturales, como las precipitaciones pluviales e inundaciones que agudizan la pobreza de un gran número de bolivianos y afectan la producción y la economía en general.

 

Debería aprovecharse la favorable coyuntura macroeconómica para sentar las bases del desarrollo integral del país e impulsar políticas públicas, que apunten a soluciones estructurales que lleguen efectivamente a mejorar la economía, especialmente de los más pobres, superando la tentación de adoptar remedios efímeros y rentistas o de usarlos para repartir prebendas y limosnas que no solucionan ni cambian la crisis que se vive.

PROCESOS DEL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS AUTONÓMICOS

 

Los procesos del proyecto de la CPE y los Estatutos Autonómicos recorren caminos paralelos y enfrentados, acusados cada cual de no respetar el Estado de Derecho y las normas de una auténtica democracia, perjudicando su viabilidad y acentuando el clima de tensión. Ambos procesos no pueden ser contradictorios y apremia buscar cauces de conciliación y complementación.

 

La nueva Constitución no puede entenderse al margen de las autonomías departamentales ni éstas pueden tener lugar sin un marco constitucional que las ampare y regule. El procedimiento de aprobación de las nuevas reglas constitucionales y de autonomías departamentales debe asentarse en el cabal cumplimiento del ordenamiento legal establecido, como garantía de su pervivencia y aceptación general, sobre la base de un nuevo pacto social amplio, pluralista e incluyente de mayorías y minorías.

 

El debate sobre el proyecto de CPE y las autonomías no puede considerarse como un simple conflicto entre “oriente y occidente”, "oficialismo y oposición", "ricos y pobres". Es algo que atañe a la convivencia y bienestar de todo el pueblo boliviano. La búsqueda del bien común no excluye a ninguna persona ni sector, no usa coerción, ni desconoce el disenso y los valores de la democracia.

 

“Es preciso avanzar en políticas efectivas de descentralización que otorguen autonomía a las regiones, para un beneficio colectivo mayor y servicios más eficientes, con una normatividad común que garantice la superación de las asimetrías y desigualdades sociales, económicas y políticas. Las autonomías no pueden favorecer solamente a los mismos grupos que siempre han sido los privilegiados; bien entendidas, han de conducir a construir una nueva y plena unidad de Bolivia, con la participación efectiva de los pueblos indígenas y de los demás sectores que hasta ahora han sido marginados de casi todos los ámbitos de la vida del país”.7

 

III. ORIENTACIONES SOBRE EL PROYECTO DE CPE

 

La Constitución Política de un Estado tiene que ser la expresión de un auténtico pacto social, el reflejo fundamental de unidad e inclusión de los habitantes de un país. Desde esta perspectiva, el actual proyecto de CPE no expresa un verdadero pacto social de unidad e integración entre los bolivianos, tal como se refleja en las disputas y en las discordantes reacciones que ha suscitado. Es aceptable que existan grandes sectores de la población que no se sientan representados en este proyecto.

 

La nueva CPE no puede ser un instrumento para generar y perpetuar hegemonías personales, sectoriales, partidarias o de gobierno; tampoco puede consagrar una visión parcial del Estado y de la sociedad. Por el contrario, debe reflejar el pensamiento y la sensibilidad de la gran mayoría de la población, defender sus derechos, plantear reglas claras y no contradictorias para el ejercicio del poder, su alternancia democrática evitando cualquier peligro de totalitarismo.

 

Sería ilusorio pensar que, en la situación actual, los problemas que advertimos puedan ser resueltos por la vía de los referéndums propuestos que podrían profundizar y agravar las diferencias y la confrontación, con lamentables consecuencias para nuestro futuro. Éstos, no son, por si solos, un medio de concertación, la que tiene que lograrse previamente a través del diálogo.

 

LA PERSONA Y SUS DERECHOS

 

Como ciudadanos y como pastores de la Iglesia consideramos fundamental reafirmar la dignidad humana como fuente de derechos y deberes. Desde la Enseñanza Social de la Iglesia señalamos aquéllos que, de manera particular, deben garantizarse efectivamente: derecho a la vida, libertad, familia, educación, salud y todos los referentes a la vida social.

 

Preocupa que, en el proyecto de CPE, el carácter progresivo (Art. 13 inc. I) de los derechos en general, sin precisar su alcance, pueda dar lugar al desconocimiento y restricción de derechos esenciales para la dignidad del ser humano, que no deben depender de condiciones históricas, económicas, políticas y culturales para su ejercicio y protección.

 

La vigencia de los derechos civiles y políticos puede encontrarse gravemente comprometida por el amplio margen de discrecionalidad del Estado; por ejemplo, en la aplicación retroactiva de sanciones penales para algunos delitos, en la configuración apropiada del delito de traición a la patria, en las limitaciones jurídicas y no morales a la libertad de expresión, como corresponde.

DERECHOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES

 

Valoramos el enriquecimiento del sistema de derechos con la incorporación de los derechos colectivos, los mismos, sin embargo, que deben ejercerse en armonía con los individuales, sin discriminación. (Cf. Art. 30)

En los casos en que se presente una contradicción entre los derechos colectivos e individuales, el proyecto de CPE no establece una regla explícita de solución que dé preeminencia a los derechos esenciales a la dignidad del ser humano. Es imprescindible que el proyecto de CPE la defienda, como principio inherente al ser humano concreto, incluso por encima de los intereses circunstanciales de la comunidad.

VIDA

 

El proyecto de CPE reconoce el derecho a la vida como fundamento de todos los demás. Sin embargo, es esencial e indispensable precisar que este derecho existe desde la concepción del ser humano, como afirma el Pacto de San José de Costa Rica en su art. 4, hasta su muerte natural. Al no indicar desde cuándo se tiene derecho a la vida, se crea un vacío legal que puede ser mal interpretado a favor de la interrupción voluntaria de la gestación.

 

Esta preocupación se confirma por el hecho de que el proyecto de CPE, al reconocer los derechos sexuales y reproductivos (Cf. Art 66), abre la posibilidad de que se legalice el aborto, que es supresión de la vida de un ser humano por nacer. Esto es totalmente contrario a los principios y valores cristianos, y de las culturas originarias. Aparenta ser la fácil solución a una problemática humana que es mucho más amplia y compleja.

 

FAMILIA

 

Es destacable el reconocimiento que hace el proyecto de la responsabilidad estatal de la protección de las familias como núcleo fundamental de la sociedad y la constitución del matrimonio como vínculo entre una mujer y un hombre, basado en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.

 

La ambigüedad de los derechos llamados sexuales y reproductivos ponen en peligro la integridad de la familia en su función procreativa y debilitan el derecho y la misión educativa de los padres para con sus hijos. Bajo esta expresión: “derechos sexuales y reproductivos” subyacen otras realidades como la libre educación y orientación sexual, el derecho a la confidencialidad sexual de los niños y adolescentes, el acceso gratuito a toda clase de anticonceptivos, incluyendo los métodos abortivos. En otras palabras, se abren las puertas a una degradación de la sexualidad vivida sin amor y sin respeto de la dignidad humana.

 

EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA RELIGIOSA

 

Consideramos que el proyecto de CPE plasma la educación como un instrumento de propaganda y formación ideológica exclusiva del Estado, en lugar de ser concebida como un derecho fundamental de la persona y un bien de la sociedad en su conjunto, es decir, un bien público. Limita la legítima libertad de enseñanza, la participación de la familia, de las comunidades y de las regiones. Esta visión permitiría a cualquier gobierno usarla como un mecanismo de ideologización desde un control centralista, además de hacerla uniformizante. La educación es responsabilidad de todos y de ninguna manera puede ser monopolio de ningún gobierno.

 

Si bien el proyecto de CPE señala que “en los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y religión”, no se reconoce ni se garantiza explícitamente el derecho humano a la enseñanza religiosa, poniendo en riesgo la vigencia de la materia de Religión, ética y moral en el curriculum, en caso de la implementación de política pública adversa. El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos alcanza también a la educación religiosa que ellos deseen darles.

 

El reconocimiento de la educación de convenio está planteado de tal manera, que desconoce a sus unidades la facultad propia de dirigirse y gestionarse, quitándole su identidad. Es conveniente aclarar, aunque de manera general, los derechos y obligaciones que tienen las entidades que administran unidades educativas de convenio. “Los padres tienen el derecho de fundar y sostener instituciones educativas. Por su parte las autoridades estatales deben cuidar que «las subvenciones estatales se repartan de tal manera que los padres sean verdaderamente libres de ejercer tal derecho, sin tener que soportar cargas injustas»” 9

El proyecto de CPE, al plantear que “la formación de docentes será única, fiscal...”, atenta contra el derecho de la sociedad civil a la enseñanza en todos los niveles y reafirma un concepto por el que el Estado monopoliza la función docente, lo que es moralmente inadmisible.

 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

 

Consideramos positiva la responsabilidad estatal en la protección del derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y el acceso gratuito a los servicios públicos dentro del concepto de seguro universal de salud, y la previsión de acceso a la seguridad social sin restricciones. Alentamos a que se den las condiciones para que se implemente en beneficio de todos los bolivianos.

 

EL ESTADO Y SU ORGANIZACIÓN

 

Es positiva la reafirmación, con mayor fuerza, del reconocimiento constitucional de sectores, históricamente marginados en el país, a través de la incorporación de las naciones y pueblos indígenas a la vida del Estado, en el marco del respeto a los derechos universales. No obstante, en el proyecto de Constitución no se rescatan los conceptos de nación y nacionalidad boliviana como vínculos comunes y universales de pertenencia de todos los bolivianos. El concepto de nación debe ser entendido como “El espacio unificador común del pueblo boliviano”. Se trata entonces de hacer de Bolivia una Nación de pueblos originarios y de ciudadanos de distintos orígenes, muchos de ellos mestizos.

 

Todos los bolivianos, por el solo hecho de pertenecer a la Nación Boliviana, tienen iguales derechos y obligaciones. El ser parte de un determinado grupo social no debe ser motivo de discriminación o privilegio en la organización del Estado, la representación política, la administración de justicia ni en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

CIUDADANÍA

 

La esencia de la ciudadanía consiste en la capacidad de participar en las decisiones fundamentales, a elegir y ser elegido. Estos derechos pertenecen a todos los bolivianos sin distinciones de ninguna naturaleza. Devienen de un vínculo universal con el Estado, derivado principalmente del lugar de nacimiento.

 

No es democrático, ni contribuye a la pacífica convivencia, que en el proyecto de Constitución se niegue la ciudadanía y se discrimine, en el ejercicio del derecho político a ser elegido, a todos aquellos bolivianos que sólo hablan un idioma oficial, ya sea el castellano o una sola lengua indígena, negándoles por esta razón el acceso a las funciones públicas.

Representación Política (Art. 210 y ss.)

 

En una sociedad democrática heterogénea como la nuestra, la representación política tiene que basarse en criterios de proporcionalidad y equidad y ser el reflejo más fiel posible de la sociedad.

 

La incidencia de la plurinacionalidad en la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la adopción de sistemas electorales exclusivamente mayoritarios en la Cámara de Diputados pueden distorsionar la base proporcional y equitativa de la representación política y el adecuado reconocimiento de las minorías. La sobre representación política es fuente de exclusión y de confrontación.

PODER EJECUTIVO

 

La excesiva concentración de poder en el Poder Ejecutivo, rompe un necesario equilibrio e independencia entre poderes que se ven amenazados también por una confusión entre las funciones legislativa y ejecutiva. Puede ser fuente para autoritarismos que no se compatibilizan con los valores democráticos que exige la población.

AUTONOMÍAS

 

En el tema de las autonomías es positivo que el nivel nacional del Estado mantenga atribuciones que garanticen la unidad del país y una base de derechos fundamentales comunes para todos sus habitantes. Sin embargo debe compatibilizarse con legítimas aspiraciones departamentales y locales, sin perder de vista similares aspiraciones de los pueblos indígenas en un marco de compatibilidad, complementariedad y de progresiva implementación armoniosa.

 

La superposición de niveles autonómicos departamentales e indígenas, sin una adecuada delimitación y concordancia de sus atribuciones y competencias, puede llevar a su reciproca anulación e inviabilidad. El desarrollo del país requiere la complementación entre los distintos niveles del Estado: nacional, regional y local.

 

JUSTICIA

 

El proyecto de CPE señala el reconocimiento constitucional de la justicia ordinaria y la indígena, hecho histórico que aceptamos como fruto del proceso cultural. Sin embargo, la forma de estructurarlas y organizarlas podría llevar a una superposición de ambas en el plano personal, territorial y material que generaría conflictos legales y jurisdiccionales constantes de difícil solución, afectando a la seguridad jurídica y al estado de derecho. En la práctica puede llegar a establecerse una justicia dual, contradiciendo lo que el mismo proyecto de CPE señala: la “función judicial es única”.

 

La elección por voto universal de las máximas autoridades de la función judicial y la revocatoria de su mandato, que puede ser activada por el denominado “control social”, rompe el principio básico de la independencia del poder judicial y puede justificar la presión social y política sobre la administración de justicia.

 

Así como el texto constitucional afirma que la justicia indígena respeta el derecho a la vida y los derechos fundamentales de las personas, de la misma manera, la afirmación debería extenderse a todas las garantías judiciales y al debido proceso penal.

CONTROL SOCIAL

 

Como Iglesia, hemos estado promoviendo los mecanismos de control social y la participación ciudadana, los mismos que no se limitan únicamente a la acción del voto, sino a profundizar una democracia participativa que contribuya a una mayor transparencia y eficiencia de la gestión pública, con independencia y autonomía, legitimidad y credibilidad.

 

Valoramos que se dé un reconocimiento constitucional y un cauce institucional al “control social”, pero vemos con preocupación que algunas de sus atribuciones pueden subordinar los órganos del Estado, que representan al conjunto de la sociedad, a grupos que representan intereses sectoriales particulares.

RELACIONES ESTADO – IGLESIA

 

El proyecto de CPE reconoce y garantiza la libertad y el pluralismo religioso. Esta afirmación queremos entenderla en la línea de una sana laicidad, que respeta el derecho de elección y ejercicio de la religión y la consecuente aportación a la vida social. El laicismo, en cambio, discrimina y margina a quien tiene una convicción religiosa. De hecho, el laicismo se convierte en una especie de religión que se impone sobre las auténticas, anulando en la práctica el derecho a la libertad religiosa. En este contexto de laicidad, la recíproca autonomía de la Iglesia y la comunidad política no debe comportar una separación tal que excluya la colaboración y la posibilidad de realizar convenios: ambas, aunque a título diverso, están al servicio del bien común y de la vocación personal y social de los ciudadanos.

 

No sería contradictorio que la nueva CPE reconozca explícitamente la relevancia histórica, social y cultural que ha tenido la Iglesia Católica y otras Iglesia cristianas, así como la religiosidad de los pueblos indígenas, en la construcción de la identidad de la nación boliviana. 10

 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO

 

En la lógica de una economía social de mercado, es importante buscar una participación de todas las instancias productivas, estatal, privada y comunitaria, para que la economía apunte al crecimiento del país en su conjunto y de cada boliviano, mejorando la calidad de vida y garantizando la eficiencia y sostenibilidad de los servicios públicos. De la misma manera que en el pasado criticamos con claridad un modelo económico neoliberal radical, alertamos ahora ante la tendencia marcada de una economía estatista y centralizada presente en el proyecto de CPE.

 

RECURSOS NATURALES

 

La propiedad legítima de todos los bolivianos sobre los recursos naturales se encuentra desconocida en algunas disposiciones del proyecto de CPE como los que confieren un uso y aprovechamiento exclusivo a los pueblos indígenas sobre recursos naturales renovables, con exclusión de quienes no forman parte de los mismos.

 

Los recursos deben ser explotados racionalmente y buscando el bien común como principio que permita una justa distribución de sus beneficios. A la vez, es necesario impulsar un cambio de mentalidad para que estos recursos se transformen en oportunidad para el desarrollo, superando la lógica rentista y de dependencia que han marcado en nuestra historia la explotación y beneficio de los mismos.

 

REFORMA CONSTITUCIONAL

 

La Constitución, como norma suprema del Estado, debe garantizar un mecanismo tal que su reforma sea fruto de un consenso ampliamente mayoritario de la sociedad. Es peligroso que, en el proyecto de Constitución, se establezca que su reforma parcial se realice en un solo período constitucional y solamente por la votación de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa, aunque ella esté sometida a consulta popular. Con este sistema se abriría la puerta a cambios sustanciales de la Constitución, sin un amplio consenso y en función solamente de intereses políticos de algunos sectores.

IV. EXHORTACIÓN FINAL

 

Comenzamos nuestro documento haciendo referencia a la Pascua del Señor, fiesta en la que celebramos la vida nueva de Jesucristo, quien es capaz de vencer todas las muertes, incluso la del pecado. (Rom. 6,2-4)11 Él ha venido a traernos la vida plena (Jn 10,10)12; es la Verdad y el Camino (Jn. 14,6)13 que pueden orientar nuestra historia (Ap. 22,13)14. Estos tiempos son propicios para la reconciliación, no sólo con Dios, sino entre todos los hermanos: una reconciliación que debe ser sincera, abierta a cambios personales y sociales y que nos llama a vivir en fraternidad, haciendo de Bolivia una tierra de hermanos (Mt. 5,23-24)15.

 

EN EL ESPÍRITU DE APARECIDA: CONSTRUYAMOS UN CLIMA DE APERTURA

 

Invitamos a todos, gobernantes y gobernados, a deponer visiones parciales y actitudes egoístas, crear un clima de apertura, de comprensión venciendo las desconfianzas, dejando a un lado rechazos, insultos y descalificaciones, confrontaciones de fuerzas, pugnas de `poder y falta de transparencia, a mirar con ojos de esperanza el futuro y a comprometernos en la construcción de una patria para todos, fundamentada en la justicia y la paz.

 

ABRAMOS UN ESPACIO DE DIÁLOGO

 

Con este espíritu, hace falta abrir un espacio institucional de diálogo como único medio para alcanzar acuerdos: un diálogo basado en la racionalidad, respeto mutuo y sinceridad, que no sea de mera conveniencia circunstancial, sino la oportunidad de lograr acuerdos efectivos. Esta instancia, que exige la capacidad de ceder posiciones, debe permitir la revisión, sin exclusiones y en profundidad, del proyecto del texto constitucional, de los estatutos autonómicos y la incorporación de modificaciones que traduzcan los acuerdos alcanzados. Esperamos que en esta revisión se tomen en cuenta los puntos que son de preocupación de muchos sectores de nuestro pueblo y que hemos venido señalando en nuestro análisis.

 

HAGAMOS POSIBLE UN PACTO SOCIAL

 

Creemos firmemente que un pacto social amplio, sincero y auténtico aún es posible para salvar la convivencia democrática. Se trata de llevar adelante un decidido esfuerzo para alcanzar una “convivencia pacífica, solidaria y justa”17 en el marco de la verdadera democracia, inspirada en los valores de respeto, armonía en la pluralidad, reciprocidad, colaboración, libertad personal y económica, solidaridad y subsidiariedad, orientados a un proyecto de país de largo aliento, teniendo presente el bienestar de nuestro pueblo y el de las generaciones futuras.

 

RESTABLEZCAMOS LA LEGALIDAD

 

Es urgente, en el actuar político y social y en todos los ámbitos de la convivencia civil, restablecer el estado de derecho, promover la cultura de la legalidad y potenciar un aparato estatal democrático al servicio del bien común, que recoja lo mejor de las tradiciones democráticas de nuestros pueblos indígenas junto a lo mejor de la tradición republicana.

 

Sólo de esta manera podremos dar una respuesta histórica a Bolivia, “marcada por gozos y esperanzas, angustias y tristezas, depositaria de grandes bendiciones en la diversidad de sus pueblos, en los valores de sus habitantes y en la abundancia de sus recursos naturales”18 para superar la pobreza y las desigualdades como “problemas aún no resueltos que hieren nuestras convicciones cristianas y los valores culturales de nuestros pueblos originarios”19 y para caminar hacia una vida más plena para todos los habitantes de esta tierra bendita.

Con la ayuda de Dios y la protección maternal de la Virgen María, construyamos una patria digna, justa y libre para que el pueblo tenga vida.

 

//ANF//

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