Por: René Cardozo, S.I(.)

Normalmente en Bolivia se entiende el diálogo como la capacidad que tiene un actor, sea político, social o económico, para imponer sus propias ideas. Es muy difícil introducir en la capacidad de negociación, la renuncia a algunas, o la mayoría, de las demandas propias, con la finalidad de generar algunos consensos que puedan beneficiar a la mayoría de la población.

Este escenario puede tener algunas explicaciones previas: por un lado, una aguda inestabilidad política, lo que ha generado la confrontación permanente entre las demandas ciudadanas, y la real capacidad del Estado para responder muy pobremente a estas demandas. Esto introdujo una separación casi artificial entre la sociedad civil y el Estado, haciendo que dos actores que debían ser complementarios, se confronten permanentemente. Más que una cultura del diálogo y la negociación, se fue generando una cultura de la confrontación permanente; por otro lado, los movimientos sociales siempre tuvieron la característica de exigir al Estado en base a la presión social, exigiendo respuesta a las demandas sociales y valorando la movilización en función de las demandas atendidas.

El año 2.008 se abre con la necesidad de generar un espacio de diálogo y concertación sobre temas de suma importancia como son la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado, las demandas de referéndum de revocatoria de mandato para las principales autoridades del Estado, o la definición del carácter autonómico de muchas regiones del país. De hecho, se ha comenzado a ver en la aplicación del referéndum, una de las medidas más prácticas para solucionar problemas que de otra manera difícilmente encontrarían una solución adecuada. A todo ello se suma la necesidad de contar con una Corte Nacional Electoral que pueda ser una verdadera garantía para llevar adelante tantos procesos electorales como los que se piensa realizar este año.

Es muy posible que sea el momento de establecer algunas condiciones para todo proceso de diálogo que permita lograr los objetivos propuestos. En primer lugar, debe estar la exigencia de abandonar las trincheras de las demandas propias, para entrar en una discusión racional sobre las mejores opciones para los problemas. En segundo lugar, son necesarias Instituciones suficientemente sólidas para dar una necesaria dimensión institucional y no meramente personal al diálogo propuesto. En tercer lugar, respetar la autoridad legalmente constituida y la jerarquía del Estado. Es indudable que no se puede aplicar un diálogo  sin el reconocimiento público de la autoridad, sabiendo que un Estado unitario, y no federal, responde a una autoridad central.

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(.) Diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París.
6 de enero de 2007.